Los que no lloran por Eusebio Leal

LA HABANA, Cuba.- Eloísa cree que fueron más de veinte visitas de los funcionarios de la Oficina del Historiador las que recibió durante el año 2004, antes que decidiera aceptar la propuesta de cambiar su vieja casona en las cercanías de la Plaza Vieja por un apartamento de dos cuartos en Alamar, un reparto al este de la capital.

Siempre se había negado a irse, al igual que muchos de los vecinos que habitaban los palacetes colindantes, casi todos en muy mal estado y transformados en cuarterías, pero las veces que intentó obtener ayuda del gobierno para reparar la vivienda le respondieron que no había recursos y que, aunque alguien le donara los materiales para la reparación de su inmueble, necesitaría de permisos especiales de la Oficina del Historiador.

Unas autorizaciones difíciles de obtener porque el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural había declarado la edificación como “patrimonial”, de modo que tales gestiones se convirtieron en una “misión imposible”, más para Eloísa que ya en aquel momento pasaba de los sesenta años y, tal como ella misma dice en otras palabras y con gestos de resignación, no quería dedicar sus últimos años a amargarse en un laberinto de conflictos, de modo que terminó cediendo a las presiones.

Comenzaron los problemas con la electricidad y el gas. De momento no llegaba el agua, allí que siempre la hubo las veinticuatro horas del día.

“Pero en cuanto comenzaron a pedirle que se fuera, un día se tupieron las tuberías de toda la cuadra y el agua llegaba por pipas (…) no fue algo raro, fue algo rarísimo, porque a dos cuadras había un hostal y el agua llegaba perfectamente”, cuenta Cristina, la hija de Eloísa, mientras que la madre, hoy con más de ochenta años de vida, evita hablar del asunto y solo dice sentir que, al abandonar la Habana Vieja, le arrebataron un pedazo de vida.

“A veces se despierta y cree que está en la Habana Vieja (…) después que pasa un rato es que se da cuenta que está aquí (…), ella no quería irse pero el techo no aguantaba más, le iba a caer arriba en cualquier momento (…) hicieron de todo para molestarla y que se fuera (…), se aprovecharon de que yo no estaba porque si no jamás nos hubiéramos ido de allí”, dice la hija, que en aquel entonces guardaba prisión por un delito menor y no pudo interceder por la madre.

Algo similar le sucedió a Germán, antiguo residente de la Habana Vieja que desde hace una década vive en un barrio de la periferia capitalina, en el Cotorro, porque su antiguo apartamento en una cuartería —“solar” le llaman en Cuba— en la Avenida de Paula fue demolido después que la edificación resultara dañada por un accidente en un almacén estatal colindante.

Según testimonio del propio Germán, el choque de un montacargas contra una columna del almacén causó el derribo de uno de los muros. La estructura cedió al instante.

Aunque los vecinos, con tal de no ser desplazados, consiguieron los materiales para realizar ellos mismos las reparaciones, el gobierno les negó las licencias de obra porque la mayoría eran locales en usufructo gratuito y no les correspondía otro tipo de resarcimientos que no fuera reubicarlos en un albergue.

“Se metieron rato tratando de sacarnos de allí, pero nadie quería irse (…), primero mandaron a los arquitectos y dijeron que el edificio tenía problemas estructurales, después se cayó el techo de uno de los cuartos y vino la policía a sacarnos por peligro de derrumbe (…), mentira, el edificio estaba fuerte, era solo techar, pero necesitaban ese lugar para ampliar el almacén y meter oficinas de la Aduana, estaban mudando cosas desde antes (…), después fue que vino lo del montacargas (…), se derrumbó una pared pero era solo volver a levantar ese pedazo”, dice Germán, y además se lamenta por haber perdido el dinero que había invertido en materiales para reparar.

“Así como yo, todo el que vivía allí perdió dinero, cosas. La gente incluso pidió que nos vendieran los materiales para entre nosotros mismos levantar la pared y techar, pero no, ellos querían el lugar y ya”, apunta quien dice haber perdido toda esperanza de retornar alguna vez al lugar donde vivió por más de treinta años.

La política de desplazamientos silenciosos aplicada en el casco histórico de la Habana Vieja es conocida por todos en Cuba, pero es un asunto del que no se habla a menudo, a pesar de que es un abuso que ha ocurrido durante décadas y que ha reducido a menos de la mitad la población de la zona, en una operación que algunos involucrados en ella en algún momento han calificado de “esterilizadora”.

Es el caso de Evangelina Torres, arquitecta e inversionista que trabajó durante varios años en proyectos relacionados con la restauración en la Habana Vieja. Ella, desde su experiencia personal, nos describe a grandes rasgos lo que sucedió.

“De la Habana Vieja sacaron a todo el que pudieron sacar. Gente que desentonaba, para decirlo de algún modo, que no aportaba a esa imagen inmaculada, de vitrina. La chusma, como diría Eusebio. No soportaba la chusma (…). Hubo un momento, a inicios de los años 90, que el plan en algunas zonas como la Plaza Vieja y los alrededores de la Catedral se convirtió en una cosa esterilizadora, tanto fue así que la UNESCO puso como condición (para la entrega de ayuda financiera) que había que restaurar pero sin desplazamientos de población, entonces se frenó un poco, y en algunos casos lo que se hizo fue sacar población pero sustituirla con otra que combinara mejor con el decorado, para decirlo de algún modo (…), por ejemplo, con artistas que comenzaron a abrir talleres, el mismo Eusebio los invitaba a abrir esos talleres,  sedes teatrales, compañías de danza, como la de Liz Alfonso, de ese lugar se sacó a decenas de familias. Son la gente que hoy no tiene ningún motivo por el cual llorar a Eusebio, gente que está muy enfadada”, dice Evangelina Torres.

Para mediados de 2018, de acuerdo con un artículo publicado en Granma, las empresas inversionistas de la Oficina del Historiador de La Habana apenas habían reparado la cuarta parte de los edificios que necesitaban ser restaurados dentro de los escasos 4.5 kilómetros cuadrados que mide el perímetro del casco histórico.

En ese lapso sólo 385 viviendas fueron proyectadas dentro de ese espacio, mientras la población de cerca de 100 mil habitantes con que contaba el municipio se redujo a menos de la mitad, ya que tan solo entre inicios de los años 90 y la primera década de los 2000, miles de personas fueron silenciosamente desplazadas a zonas periféricas de la capital como Alamar, Cotorro, Arroyo Naranjo y Capdevila, y sus viviendas fueron transformadas en hoteles, bares, restaurantes y oficinas

A pesar de que el programa de restauración, en lo esencial, existía desde finales de los años 80, y de que cientos de millones de dólares anuales de ganancia neta han sido recaudados hasta hoy debido a las diversas actividades económicas ejercidas en la zona, o a las ayudas financieras aportadas por instituciones, organismos internacionales e individuos interesados en la rehabilitación de la ciudad, La Habana continúa cayéndose a pedazos, al punto de que los derrumbes y las muertes que estos dejan pocas veces llegan a ser noticia de primera plana tanto en los medios oficialistas como para la prensa extranjera acreditada en la Isla.

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