¿Qué esperan los cubanos de la reforma constitucional?

¿Qué esperan los cubanos de la reforma constitucional?

La situación actual de Cuba indica que los fines de la sociedad socialista estipulados en la Constitución de 1976 nunca fueron alcanzados

LA HABANA, Cuba.- El venidero proceso de reformas constitucionales ha despertado poco interés entre los ciudadanos a pesar de tratarse de un tema de suma importancia. La Constitución vigente desde 1976 fue ligeramente modificada en 1978, 1992 y 2002, sin que tales intervenciones significaran una ampliación de las libertades ciudadanas.

Si se toma en cuenta lo mucho que se ha complejizado la sociedad cubana en los últimos treinta años, el documento actual puede considerarse caduco, disfuncional y restrictivo; de modo que la reestructuración prevista a iniciar en el mes de julio debería contemplar las tendencias manifiestas de la sociedad y las formas de regularlas sin recurrir al hábito de mordaza que acompaña cada proceso político y legal en la Isla.

Eso sería lo ideal. Sin embargo, CubaNet conversó con los ciudadanos acerca de sus expectativas de cara a la reforma constitucional, y descubrió que la inmensa mayoría de los entrevistados ni siquiera conoce la Constitución vigente, lo cual ha provocado que durante años la carta rectora de la nación sea confundida con legislaciones menores.

Los más enterados opinan que en la Constitución hay que cambiar absolutamente todo, comenzando por la visión política a partir de la cual será redactado el nuevo documento. Junto a los criterios radicales emergen aspiraciones modestas como el aumento de salarios y pensiones; detalle que ilustra hasta qué punto la remuneración del trabajo es un problema grave en la sociedad cubana.

Los medios oficiales de comunicación no han anunciado qué puntos de la actual Constitución serán sometidos a debate por la Asamblea Nacional del Poder Popular y cuáles serán añadidos; pero el matrimonio igualitario y la revisión del Código de Familia figuran entre los principales asuntos a analizar por los parlamentarios.

Según puntualizó Raúl Castro antes de dejar la presidencia del Consejo de Estado, “no será modificado el carácter irrevocable del Socialismo en nuestro sistema político y social, ni el papel dirigente del Partido Comunista de Cuba”. Sobre la base de esa inalterabilidad cabe cuestionarse cuál será el alcance de las transformaciones, pues todo lo establecido en la Constitución vigente ha sido sistemáticamente violado por un gobierno que ha reducido los derechos fundamentales a salud pública, educación gratuita y un sistema de Seguridad Social muy deficitario.

Cada aspecto de la Constitución cubana ha quedado desmentido en la praxis sociopolítica de las tres últimas décadas, excepto el voluntarismo militante. No se habla de ampliar las libertades políticas de los ciudadanos cubanos, de la integración de la diáspora que mucho ha contribuido al crecimiento del sector privado, o la libertad de prensa y palabra que, según el artículo 52 “asiste a cada ciudadano si estas se corresponden con los fines de la sociedad socialista”.

La situación de Cuba indica que los fines de la sociedad socialista estipulados en la Constitución de 1976 nunca fueron alcanzados. La eufemística frase ha sido utilizada como mordaza para anular la presencia e impacto de medios de prensa alternativos que visibilizan las fallas de un régimen opuesto a la participación de todos los actores de la sociedad sin importar su filiación política.

El matrimonio igualitario, si bien representa un paso decisivo en el camino hacia la igualdad social, también parece una estrategia conveniente de cara a la opinión internacional para que Mariela Castro continúe ganando visibilidad y prestigio con miras a una posible cruzada electoral dentro de cuatro años. Entretanto, se descartan modificaciones tanto o más urgentes, directamente relacionadas con el protagonismo de la sociedad civil y la defensa de los derechos individuales, anulados por el colectivismo aupado a partir de 1959.

El derecho a la adopción, la atención al sector profesional, la revisión del aparato legal cubano y la participación democrática en su más amplio sentido deberían estar en la agenda de la comisión encargada de renovar el documento por el cual se regirá la Cuba del futuro, sin secuestrar ni manipular la voluntad ciudadana, como lo han hecho en otras ocasiones.

La urgencia de avances en la economía se contrapone a una nueva Constitución redactada en función de sujetos pasivos que esperan la asistencia del gobierno. Aunque el gobierno no lo reconozca, en Cuba existen clases sociales basadas en el creciente poder adquisitivo de determinados sectores. El desarrollo que tanto necesita el país ha traído consigo un giro, lento pero insoslayable, hacia el plano individual; de modo que los derechos sociales deberán coexistir con prerrogativas y garantías para quienes contribuyen al desarrollo social desde su gestión independiente.

Siendo el cubano un gobierno taimado, no sería sorpresa que cada pulgada de libertad viniera acompañada de un garrote vil. Así el poder aseguraría su permanencia y control sobre ciudadanos que tienen el cambio delante de sus narices y siguen esperando que otros, los de arriba, decidan cómo, cuándo y hasta qué punto las cosas van a ser diferentes.

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