LAS TUNAS, Cuba. — “Una respetable compañía norteamericana de seguros de vida informó en 1968 que el periodismo era el oficio más peligroso del mundo. Esto fue recibido como un agravio por personas ajenas a la profesión. Espías, pilotos de caza, cajeros de banco, escoltas presidenciales, acróbatas, soldados de infantería (destacados entonces en Viet Nam), buzos y hasta un cartero del ghetto de Chicago, pusieron el grito en el cielo y reclamaron ese honor. Pero lo que se ofrecía era el resultado de una encuesta rigurosa. Las estadísticas decían eso. Un vocero de la compañía declaró: `Es que estos tipos —los periodistas— están en todas partes´”, dice Norberto Fuentes en el prólogo de Un corresponsal llamado Hemingway, publicado en La Habana en 1984, cuando el autor se encontraba en el pináculo de su carrera como escritor y periodista, amigo de Gabriel García Márquez, entrevistador de Fidel Castro y de quien sus más célebres oficiales fueran confidentes, a quienes agradeció y dedicó libros. Pero cinco años después, y precisamente como consecuencia de esos vínculos castrenses, Fuentes fue defenestrado en el maremágnum de la Causa No. 1 de 1989, cuando importantes jefes militares, sus ayudantes y colaboradores, fueron fusilados o encarcelados.
Traigo la historia a colación porque según dijo la compañía aseguradora citada por Norberto Fuentes, el periodismo es el oficio más peligroso del mundo, y todavía más difícil en regímenes totalitarios, como el de Cuba. Las fuerzas represivas de ningún Estado, y menos en los dictatoriales, se dedican al cultivo de rosas o a sembrar álamos; sino a investigar, detener, interrogar y encarcelar a personas consideradas enemigas.
En no pocos casos, y de modo proporcional a los exiguos o nulos conceptos éticos de los ejecutores de esos procesos o de quienes los dirigen, lo hacen valiéndose del secuestro, la tortura física o psicológica, la coacción, el abuso de autoridad o la prevaricación; no solo dañando a los inculpados, sino también a sus seres queridos, pues, según procederes “técnicos”, al ser zonas vulnerables del individuo, son de interés policial las personas más amadas del sujeto investigado.
Luego, no resulta extraño que hace algunos meses alguien escribiera una apología del artículo 143 del nuevo Código Penal, por sus venideras y eficaces consecuencias coercitivas, que incluyen sanciones de hasta diez años de privación de libertad a quien “reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”. Con tal ponderación del enunciado carcelario, ni lentos ni perezosos los oficiales operativos de la policía política comenzaron con sus “advertencias” a los periodistas independientes y a cuanto opositor “reciba dinero o recursos materiales” con propósitos “contrarrevolucionarios”, haciendo eclipsarse a un grupo de jóvenes recién llegados al periodismo independiente, metiéndoles un parón a otros que meditaban incorporarse y, sobre todo, forjando la duda sobre el futuro de la prensa libre en la Isla, que para algunos se esfumaría junto con los huidos.
Además del artículo 143, del que parece ser escribiente Miguel Díaz-Canel, pues con anterioridad a redactarse la proyectada ley penal ya el gobernante había dicho que cortando el flujo de dinero a la oposición se acababa la “contrarrevolución” en Cuba, también se ha publicitado —tanto por medios oficiales como alternativos— que la nueva ley criminal es un valladar, estando con ella muy bien protegida la “legalidad socialista”, según sus adeptos.
Sus detractores, en cambio, alegan que es tal la penalización de los derechos universales —incluido el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que legitima la libertad de opinión y de expresión, el derecho de investigar y recibir información y difundirla sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión—, que la aplicación de dicha ley conduciría irremediablemente a la cárcel, al acoso personal y familiar; cuando menos, prohibirían al perseguido salir o entrar a su país. Ciertamente, en Cuba, un archipiélago-presidio, ya ocurrieron todas esas violaciones de los derechos humanos, todavía ocurren y seguirán ocurriendo en el futuro próximo mientras exista el totalitarismo castrocomunista.
El artículo 91 del todavía vigente Código Penal, que prevé la pena de muerte, y por el que muchos de los 75 opositores fueron a la cárcel con prolongadas sanciones durante la Primavera Negra de 2003, es el artículo 112 del nuevo código que entrará en vigor próximamente. El concepto reiterado en ambos no es nuevo, ni proviene de un legislador castrocomunista; sino que tiene su antecedente más próximo en el artículo 128 del Código de Defensa Social promulgado el 4 de abril de 1936, y que sustituyera al Código Penal español vigente en Cuba desde 1879, por el cual no pocos patriotas cubanos fueron a la cárcel, al destierro y a la muerte.
Permítaseme decir que ninguna ley penal frena los impulsos de la libertad cuando las personas se deciden a ejercer sus derechos. Y permítaseme decir que no deberíamos culpar a legisladores venales por nuestras flaquezas. Sí, el periodismo es el oficio más peligroso del mundo; pero incluso siendo difícil es posible hacer periodismo dentro de la cárcel. El periodismo vale lo que vale quien lo hace, sin importarle sus cancerberos.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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