LA HABANA, Cuba. – Una adolescente ha sido asesinada a machetazos en una estación de policías, frente a varios uniformados que demoraron una eternidad en reaccionar y neutralizar al agresor. Con la muerte de Leidy Bacallao en la localidad de Camalote, provincia de Camagüey, se registra el quinto feminicidio confirmado en lo que va de año, sin que el Gobierno cubano tome cartas en el asunto. Solo una escueta nota de la emisora provincial Radio Agramonte, donde ocurrió la tragedia, dio parte del hecho, asegurando que el caso está bajo investigación.
Las personas, mientras tanto, sacan sus propias conclusiones y culpan lo mismo a la víctima que a sus padres, un alarmante síntoma de cómo funciona la mentalidad de numerosos cubanos y hasta qué punto el machismo sigue enquistado en la sociedad.
Nadie se cuestiona en qué términos se produjo una relación abusiva entre una niña de 14 años y un individuo que tendría alrededor de 47 cuando inició vínculos con la menor. Las acusaciones a los padres de Leidy Bacallao son las mismas que hemos escuchado por años, según las cuales hay que someter a las hijas a una vigilancia de corte decimonónico, tenerlas “amarradas cortico” y educarlas en el principio de que, si le dan confianza a un extraño, todo lo que ocurra es culpa de ellas.
La responsabilidad del agresor sigue siendo relegada a un segundo plano, incluso en este caso, tratándose de un tipo casi 40 años mayor que la víctima, con antecedentes de violencia machista y conducta antisocial.
Quienes culpan a Leidy Bacallao son los mismos que ven normal que una adolescente tenga relaciones “consensuadas” con un adulto, sin ponderar que dicho consenso no es del todo firme. Pretender que una niña de 14 años sea responsable de sus actos, equivale a ignorar por completo lo que ocurre en la adolescencia, una etapa en extremo vulnerable y confusa, donde el cuerpo es un hervidero de hormonas que no deja pensar con claridad.
Pero más allá de las acusaciones alevosas contra la víctima y sus progenitores, lo que realmente debe ser atendido con urgencia es lo que hay detrás del asesinato de Leidy, entiéndase la responsabilidad directa del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), en tanto protectores y garantes de la seguridad de los ciudadanos.
Que un asesino tenga tiempo suficiente de entrar a una estación de policías, acercarse a su víctima y ultimarla a machetazos, dice mucho de cómo y para qué preparan en Cuba a las fuerzas del orden, que acuden y actúan sin dilación, con violencia en muchas ocasiones, cuando ocurren protestas antigubernamentales pacíficas.
Irónicamente, tras el disparo del único policía que finalmente reaccionó, el agresor de Leidy quedó vivo, con una herida en la región lumbar de la cual se está recuperando. No tuvieron esa suerte Hansel Ernesto Hernández, Diubis Laurencio Tejeda ni Zidán Batista Álvarez; todos asesinados por la espalda, a manos de la Policía. A Zidán Batista le dispararon a quemarropa después de haber sido sometido y esposado.
Para salvar a Leidy, sin embargo, no hubo tiempo. Una adolescente entró a una estación de policías, probablemente dando gritos, perseguida por un hombre, y quienes debieron protegerla con sus vidas, quienes debieron haberle disparado a ese sujeto sin pensarlo dos veces, se quedaron de brazos cruzados, como ya lo habían hecho hace algunos años en Holguín, cuando un hombre mató a machetazos a su esposa delante de varios policías que observaban pasivamente desde la calle. Para cuando uno de los oficiales logró acceder a la vivienda, ya la mujer estaba muerta.
Detrás de todos estos hechos donde la vida de una mujer no vale nada, hay un mensaje claro para los delincuentes sexuales: tendrán libertad de acción; sus delitos serán juzgados con morosidad y en muchos casos el acusado podrá esperar el juicio bajo fianza, lo cual le permitirá reincidir si lo desea; y la sanción será inferior a la de quienes cometen el “crimen” de rebelarse contra el régimen, romper el cristal de una tienda o volcar una patrulla durante un estallido social.
Así lo han demostrado episodios recientes, como el del trovador Fernando Bécquer, o el de la niña de trece años, residente en el Cotorro, que sufrió una violación grupal y la justicia no intervino hasta que la prensa y la sociedad civil independientes visibilizaron el problema.
En aquella ocasión, como ahora tras el homicidio de Leidy Bacallao, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) guardó silencio, demostrando cuánto le importa la integridad física de las cubanas y reafirmando, por si alguien conservaba alguna duda, que el encarcelamiento de Bécquer, merecido desde el principio, fue posible porque a Lis Cuesta le molestó la “guaracha feminista”. Su breve pronunciamiento en redes sociales pudo lo que no pudieron los testimonios de las mujeres abusadas por el trovador.
Esa es la justicia de la Revolución en un país que se está desmoronando encima de la familia cubana. Cualquier adolescente puede sufrir el mismo acoso que sufrió Leidy por un “machango encarnao”.
No es normal que una menor de edad tenga relaciones con un adulto. Eso es delito y debería ser castigado con la severidad suficiente como para hacer desistir a los depredadores sexuales que creen que una adolescente espigada es una mujer. No están a salvo las hijas si cualquier individuo puede hostigarlas, molestarlas o amenazarlas, envalentonado por la ausencia de leyes integrales que protejan a las mujeres y las niñas.
La cifra de agresiones mortales contra mujeres sigue aumentando en Cuba, con porcentajes alarmantes en comparación con países mucho más poblados. En el año 2022 se registraron 36 feminicidios en esta Isla de 11 millones de habitantes, contra 49 verificados en España, 13 víctimas más para una población que es cuatro veces superior a la de la mayor de las Antillas.
Aun así, el régimen cubano continúa desoyendo las alarmas. Las mujeres cubanas carecen de refugios para resguardarse de sus agresores, y las instituciones que deberían socorrerlas enmudecen, miran hacia otro lado o le restan importancia a un asunto que no dejará de empeorar, pues la protección a las víctimas de violencia de género no es prioridad para el Gobierno; por tanto, tampoco puede serlo para las fuerzas del orden. Cuba se torna, cada día más, en un país incompatible con la vida.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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