LA HABANA, Cuba. – El pasado 20 de mayo hizo un año del derrumbe parcial que transformó en angustia permanente la vida de Elizabeth y Jorge Luis, un matrimonio que vive con sus dos hijas menores de edad en un precario edificio de la calle Damas #905, en el barrio San Isidro, municipio Habana Vieja.
La escalera del inmueble cayó definitivamente el 12 de octubre de 2018, pero a causa del peligro que suponía desde el primer siniestro, el propio Jorge Luis clausuró la puerta de entrada al apartamento. Entre mayo y noviembre toda la familia estuvo accediendo a su domicilio a través de la ventana del baño, que comunica con la azotea del edificio contiguo. La hija mayor, entonces de 14 años, se fracturó un brazo a causa de un resbalón, y la más pequeña (9 años) comenzó a experimentar insomnio por temor a que el techo se derrumbara mientras dormía.
En el intervalo, Jorge Luis y Elizabeth acudieron a todas las instancias gubernamentales en busca de ayuda; pero se encontraron con que sus únicas opciones eran esperar a que se desocupara un cupo en alguno de los abarrotados albergues de La Habana, o rezar cada noche para no amanecer sepultados bajo una loma de escombros.
No fue hasta después de publicado el primer reportaje en las páginas de CubaNet, que apareció en el edificio una brigada de trabajadores para construir una escalera de madera. La frágil estructura ha resultado más peligrosa que el tránsito a través de la ventana del baño; no solo por la pésima calidad del material empleado, sino por hallarse prácticamente a la intemperie, sufriendo los rigores del clima insular. La familia baja y sube por ella sigilosamente, aguantando la respiración cada vez que sienten crujir los peldaños cubiertos de moho.
Con dicha “solución” las autoridades dieron por terminado su deber, asegurando que nada más pueden hacer, ni tienen la obligación de estar pendientes de lo que le ocurra a la familia. Elizabeth y su esposo continuaron realizando gestiones hasta entrevistarse con el Vicepresidente del CAM (Consejo de Administración Municipal), quien les comunicó que todos los vecinos del edificio deben ponerse de acuerdo para repararlo por esfuerzo propio.
Según el funcionario, para el arreglo del inmueble -declarado inhabitable desde 1974 y listo para demoler en 2018- se otorgaría un subsidio, mientras que el precio estimado de la mano de obra para una intervención capital sería de 50 mil pesos moneda nacional (2000 CUC) como mínimo; una suma que los inquilinos no poseen y que se halla muy distante de las tarifas reales que cobran los albañiles en Cuba, incluyendo las cooperativas.
La idea de que los habitantes de edificios múltiples asuman labores de reparación “por esfuerzo propio”, es una estrategia del gobierno para librarse de responsabilidades adquiridas hace sesenta años no por buena voluntad, sino para asegurarse la sujeción de sus ciudadanos.
En la actualidad el Estado ha demostrado ser incapaz de solventar la cuestión, ya sea mediante tareas de rehabilitación o construyendo nuevas capacidades en proporción al aumento de la demanda. Por tanto, se prevé que para la recuperación del fondo habitacional habanero, cuyo déficit asciende a 185 348 viviendas -dato oficial publicado en diciembre de 2018, previo al paso del tornado-, el 40% de las obras sean acometidas por la población.
Pero los cubanos siguen devengando bajos salarios, la corrupción se ha multiplicado exponencialmente y la escasez de materiales de construcción encarece el costo de los mismos a niveles surrealistas. A ello habría que añadir que muchos de los edificios evaluados como críticos en La Habana (696 en total) son irrecuperables, y destinar subsidios para su reparación equivale a desperdiciar recursos que serían mejor utilizados en inmuebles menos afectados, con condiciones de habitabilidad sin riesgo para la vida.
Como puede apreciarse en las imágenes, el edificio donde viven Elizabeth y su familia no constituye un ejemplo esperanzador. Los 50 mil pesos requeridos no alcanzarían para nada considerando el estado general de la obra y el hecho de que, al contrario de lo que pudiera pensar el gobernante Miguel Díaz-Canel, las brigadas de construcción no están dispuestas a ganar menos dinero y arriesgar la integridad física de sus trabajadores para resolver un problema colosal derivado del abandono y la estupidez del gobierno.
Sobre este particular el mandatario ha sugerido que si a las cooperativas de constructores se les explicara -una y otra vez- que estas intervenciones son necesarias para el bienestar social, ellos estarían dispuestos a abaratar el costo de la mano de obra. El sentido de sus palabras solo evidencia cuán ajeno es a la dinámica de la construcción en los sectores populares, donde todo es horriblemente caro y los favores suponen pérdidas para las finanzas personales en un contexto de desabastecimiento e inflación.
Para conjurar el inminente peligro, Elizabeth y Jorge Luis están obligados a hacerse ricos de la noche a la mañana, en medio de un panorama socioeconómico cargado de malos augurios. Atribulados por el próximo inicio de la temporada de huracanes, han adquirido el hábito de dar infusiones a sus hijas para que duerman profundamente en la noche, sin pensar en el amenazante techo de viga y losa que puede desplomarse en cualquier momento.
Ellos, a duras penas, concilian el sueño, atentos al menor crujido para anticiparse al desastre y contar con el tiempo justo de sacar a las niñas, sanas y salvas, por el hueco de la ventana del baño.
