LA HABANA, Cuba.- Según datos aportados por la comisión de Industria, Construcciones y Energía durante las sesiones de la Asamblea Nacional, el déficit del fondo habitacional cubano es de 883 050 viviendas, 30 mil más que en el año 2016. Las causas de este notable aumento que se traduce, como mínimo, en otros 60 mil criollos sin techo o viviendo en condiciones precarias, son adjudicables a la proverbial incapacidad del Estado en lo concerniente a la mala planificación de los programas de edificación; el desorden y la falta de exigencia durante el proceso constructivo; la pésima capacitación de los obreros y la malversación de los recursos.
Sobre estas cuestiones se habla una y otra vez, con tal efusividad que los ciudadanos renuevan la esperanza en que las cosas cambien. Sin embargo, la noticia de que el número de personas sin hogar ha crecido, va en sentido contrario de lo llanamente alentador. Cualquier destello de fe se disipa ante las colas en los llamados rastros, custodiadas por agentes de negocios privados y transportadores que acuden para acaparar los materiales y luego revenderlos a tres veces su precio original.
Personas que han sido beneficiadas con un subsidio, o las que se hallan en proceso de construcción/reparación de sus viviendas por esfuerzo propio, están en abierta desventaja con los gestores que responden a inversionistas privados, dispuestos a pagar lo que sea necesario para levantar un negocio. Mientras el cubano raso demora años en construir o reparar una vivienda pequeña, ve emerger ante sus ojos hostales completos; señal inequívoca de que la fiebre constructiva que ha inundado La Habana, no se extiende precisamente a los necesitados.
José Javier Domenech lleva casi seis años construyendo su casa por esfuerzo propio. “Cuando me dieron la licencia, empezaron los problemas (…) Tengo todos los papeles en regla pero no hay materiales. He tenido que pagar los sacos de cemento a 200 pesos cada uno, y cada tira de cabillas a 6 CUC”, comentó a CubaNet.
José Javier culpa de su situación al gobierno; pero no por la mala gestión administrativa, sino por haber autorizado tantos negocios particulares. “Ahora todo el mundo construye a la misma vez y no alcanzan los materiales (…) Los particulares pagan lo que sea; pero la gente que tiene que inventar y reunir peso a peso, se las ve negras con estos precios”.
Muchas personas en su situación ignoran dónde está la verdadera raíz del problema. La suspensión en el otorgamiento de licencias a los emprendedores no es garantía de que las cosas vayan a mejorar, porque cada año el deterioro del fondo habitacional es mayor, y la emigración de pobladores de las zonas del centro y oriente del país hacia La Habana, trae consigo un incremento de la actividad constructiva que el gobierno no puede sostener organizadamente.
En la Asamblea Nacional se habló de incumplimientos e ineficiencia en el ámbito estatal; así como de la pérdida de la mano de obra calificada, que emigra al sector privado donde la remuneración es mayor. Sin embargo, los obreros no deciden trabajar para los particulares solamente por la paga; sino porque servir en obras del Estado implica lidiar con irregularidades en el abastecimiento de materiales, lo cual se traduce en jornadas improductivas y reducción de los ingresos.
No hay un plan constructivo sufragado por el Estado que se concluya en el plazo previsto. El proyecto de rehabilitación de la Terminal del Ferrocarril, que inició en 2015 para ser finalizado en 2018, no da muestras de avance. Más bien se aprecia un panorama de deterioro cuya restauración necesitará -ponderando la pereza e ineficiencia de las partes implicadas- tres años más y el doble de la inversión realizada.
Dentro del sector privado, por el contrario, no existe el tiempo muerto. Mientras la construcción de un edificio de apartamentos subsidiado por el Estado dura dos años -con un resultado final muy distante de ser satisfactorio-, un negocio particular se erige en apenas siete meses y queda perfecto.
Cuando un ciudadano como José Javier, que lleva años desgastándose para mejorar sus más elementales condiciones de vida, ve con sus propios ojos cómo -de la noche a la mañana- La Habana se ha llenado de restaurantes y bares, cae presa de una frustrante contradicción.
La sociedad cubana actual se manifiesta en una compleja dicotomía que va perfilando un nuevo orden social, marcado -entre otros aspectos- por el elevado poder adquisitivo de sectores en desarrollo. Ningún esfuerzo gubernamental para controlar la corrupción tendrá éxito, en primer lugar, porque las autoridades fomentan y participan de la ilegalidad.
Mientras los diputados a la Asamblea Nacional se deshacen en datos estadísticos y planes a largo plazo, en Vivienda los cuartos de solar son vendidos por 3 mil CUC; un proceso que pone en manos de ciudadanos desesperados e ignorantes de las leyes, usufructos que pertenecen al Estado; por tanto, su venta es ilegal y riesgosa para el comprador.
Cada discurso oficial sobre “control, cambio y prosperidad” reviste un sentido profundamente cínico. La propia realidad de los salarios en contraste con el alto costo de la vida, apunta a que la única forma de sobrevivir es cambiando el sistema o re-configurando la conciencia colectiva en función de ganar más dinero, por la vía que sea, para acceder a un modo de vida decoroso, imposible de lograr mediante la honradez y la legalidad.
