LA HABANA, Cuba. – A raíz de celebrarse las recientes elecciones presidenciales en Bolivia, han menudeado los disturbios y manifestaciones de protesta ante lo que las fuerzas democráticas describen como un vulgar “pucherazo” del gobierno de Evo Morales.
Según la actual Constitución del país andino, no es necesario celebrar una segunda vuelta si el candidato ganador obtiene más de la mitad de los votos emitidos. Esto, que resulta algo perfectamente lógico y natural en un sistema democrático, no merece objeción ni comentario alguno.
Pero los evistas que redactaron esa carta magna (al igual que hicieron los correístas en el Ecuador) establecieron otra eventualidad en la que también se obvia la temida segunda vuelta: Esto sucede si el ganador obtiene más de las dos quintas partes de los votos válidos y alcanza una ventaja de no menos del diez por ciento sobre su más cercano competidor.
Reza un conocido refrán: Quien hizo la ley puso la trampa. Y esta última norma que los incondicionales de Morales, al redactar la flamante Constitución del “Estado Plurinacional”, incluyeron en el texto supralegal, tiene todos los visos de ser la trampa para incautos concebida por los “socialistas del siglo XXI”. Y forzoso es reconocer que en esta ocasión ella ha demostrado ser efectiva.
Según todo parece indicar, el exlíder cocalero, no contento con ser ya el mandamás latinoamericano que más años ha regido de modo ininterrumpido los destinos de Bolivia, tiene ante sí la perspectiva de un nuevo período presidencial (¡el cuarto consecutivo!). A ese lamentable resultado han coadyuvado la incondicionalidad del aparato electoral del país andino, el “pucherazo” perpetrado por los evistas y la increíble irresponsabilidad de la Oposición Democrática.
La inconsciencia de quienes se enfrentaban a la reelección de Morales se deriva de la existencia de la “trampa” recién mencionada. Si para lograr el éxito el actual Presidente hubiese necesitado más de la mitad de los votos, entonces se podría explicar y admitir la desunión de sus opositores: En tal caso, si el oficialismo no alcanzaba la mayoría absoluta, sería ineludible una segunda vuelta. En esta, a su vez, cabría presumir que todos los adversarios del régimen se unirían tras el candidato opositor más votado.
Pero la existencia de la aludida “trampa” del 40 y el 10 por ciento nos obliga a calificar como irresponsable y suicida la desunión opositora. En resumidas cuentas, incluso los números más favorables al exlíder cocalero le asignan poco más del 46 por ciento de los votos. Esto, a su vez, implica que el resto de los ciudadanos (más del 53 por ciento) se oponen al oficialismo. En buena lid, la oposición —pues— habría ganado en primera vuelta si hubiese concurrido unida a los comicios.
Por desgracia, los demócratas bolivianos no siguieron el ejemplo que en su momento dieron los venezolanos. Me refiero —¡claro!— no a la última mojiganga electorera organizada por los chavistas, que ha recibido el justificado repudio de todos los opositores dignos y de la comunidad internacional. Sino a la penúltima, cuando aún parecía posible que la Patria de Bolívar, mediante el ejercicio cívico del sufragio, se librara de la lepra madurista que la carcome.
En aquella ocasión, los antigobiernistas venezolanos tuvieron el tino de organizar unas elecciones primarias. Concurrieron a ella diversos líder opositores, que con todo el derecho del mundo aspiraban a encabezar el nuevo gobierno de su país. En definitiva la victoria en esa contienda preliminar correspondió al gobernador del Estado Miranda Henrique Capriles Radonsky, y él concurrió a las urnas en representación de todo el abanico opositor.
Pero ahora no sería justo atribuir toda la culpa a los bolivianos antievistas. Tienen —creo— una buena parte de ella; pero no toda. Una característica común de los “socialismos del siglo XXI” (aun de los menos calamitosos de entre ellos, como el encabezado por el señor Morales en Bolivia) es la anulación de la independencia de los poderes públicos.
Demostración palpable de ello es la misma concurrencia del exlíder cocalero como candidato presidencial. Después de haber desempeñado la Jefatura del Estado durante dos períodos bajo la actual Constitución, parecía ineludible que se aplicara en su contra el precepto supralegal que prohíbe la elección por tres períodos consecutivos. Para obviar ese estorbo, Evo tramitó una reforma constitucional que eliminaba ese límite. Hubo una consulta popular que él perdió.
Ahí entró en funciones el obsecuente Tribunal Constitucional, integrado por magistrados nombrados por el propio Morales y sometidos a él. Según ese órgano jurisdiccional, al prohibírsele al Presidente eternizarse en el poder, ¡se estaba violando su derecho humano a la participación política! Gracias a esa sentencia aberrada, el aymara figuró en las boletas por cuarta vez consecutiva.
El Tribunal Supremo Electoral no podía quedarse atrás de su homólogo Constitucional. Su intervención en el proceso levanta justificadísimas objeciones. Pasaron días enteros sin que se supiera el contenido de la décima parte de los votos emitidos. El conteo rápido de las boletas fue suspendido sin justificación aparente durante veinte horas. En ese momento, todo indicaba que se haría necesaria la segunda vuelta, pues la diferencia entre Evo Morales y su más cercano contricante, Carlos Mesa, no alcanzaba el diez por ciento.
Sin embargo, al reanudarse dicho conteo rápido, la tendencia empezó a revertirse de manera acelerada; la brecha entre Morales y Mesa comenzó a crecer. Por último, se anunció que la diferencia entre uno y otro rebasaba el diez por ciento. De acuerdo con eso, el actual Presidente habría resultado reelecto en la primera vuelta.
Ante el inesperado “cambiazo”, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, presentó la renuncia a su elevado cargo. Un verdadero escándalo que, como es lógico, alimenta las denuncias de fraude.
El gobierno de Bolivia, por boca de su canciller Diego Pary, invita ahora a organismos internacionales y países extranjeros a participar en la auditoría de los sufragios. El mismo ministro anunció de manera solemne que su gobierno aceptará el resultado de las elecciones, “sea cual sea”. (Aunque ya hemos visto que, según todo indica, el posible resultado es sólo uno… y favorece a ese mismo gobierno).
En el ínterin, el grueso de la ciudadanía, que siente infringidos sus derechos al verse privada de la posibilidad de tomar la decisión definitiva en una segunda vuelta, protesta de modo virulento en las calles, ha incendiado locales electorales y hasta ha derribado una estatua del teniente coronel Hugo Chávez, emblema y fundador del fatídico “socialismo del siglo XXI”.
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