LA HABANA, Cuba. – Sin que medie una explicación que fundamente las causas que condujeron a ello, el gobierno ha decidido el cierre definitivo de 24 empresas estatales por el deterioro ininterrumpido de sus indicadores productivos.
La información, que apareció en los medios oficiales el 13 de julio, recoge los planteamientos de varios diputados en los debates de la Comisión de Asuntos Económicos sobre este y otros asuntos que fueron objeto de análisis en vísperas de la celebración de la V Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Los diputados de la Comisión Económica señalaron que 123 empresas terminaron el pasado año con pérdidas ascendentes a 12 911 400 dólares.
El titular de Economía y Planificación, Mariño Murillo Jorge, en su intervención en el parlamento el 20 de diciembre de 2014, informó que 151 empresas reportaron pérdidas apreciables en su gestión, entre ellas las pertenecientes al Grupo Empresarial Azcuba, las del Grupo Cubaniquel y Cuba-Petróleo, pero el mayor número se localiza en el Ministerio de la Agricultura.
Murillo Jorge silenció en ese momento la decisión de cerrar las 24 empresas como la consecuencia del deterioro sostenido de los principales indicadores económicos en los dos últimos años.
De las 24 empresas que serán disueltas definitivamente, 23 pertenecen al Ministerio de la Agricultura, señal clara del mal desempeño de ese organismo, encargado de la producción de alimentos para la población.
El ministro de Economía y Planificación, en su citada intervención ante el parlamento, anunció que para el presente año se tiene previsto importar alimentos por más 2 000 millones de dólares. Si la agricultura cubana fuese un poco más eficiente, más del 50 por ciento de esos alimentos se pudieran producir en el país y no habría necesidad de importarlos.
Lineamientos ocultos
Parece que tanto para el ministro de Economía y Planificación como para los diputados, el asunto de la implementación de los 313 lineamientos económicos aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista, no es un asunto relevante.
En los últimos tres años, la aplicación de los Lineamientos ha sido bastante discreta. Hasta la fecha no hay información oficial de cuántos se han implantado, cuántos están en proceso y los que todavía esperan en las gavetas para el estudio de factibilidad. En torno a este asunto existe un extremo secretismo.
Ni el gobierno ni el parlamento, ante la quiebra definitiva de 24 empresas, se han referido al lineamiento No. 17, que señala: “Las empresas estatales que muestren sostenidamente en sus balances financieros pérdidas, que no puedan honrar con sus activos las obligaciones contraídas, serán sometidas a un proceso de liquidación o se pondrán transformar en otras formas de gestión no estatal”.
Nada se ha dicho sobre el destino de los miles de trabajadores de estas 24 empresas que fueron cerradas definitivamente.
El lineamiento No. 18 plantea: “Se eliminará el subsidio por pérdidas a las empresas y como norma no recibirán financiamientos presupuestarios”.
Ni Marino Murillo ni los diputados han dicho cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido con esas 151 empresas que reportaron pérdidas. La transparencia sigue ausente en la política económica del gobierno cubano.
En tanto, el poder legislativo no tiene la potestad de someter a escrutinio problemas como el cierre definitivo de empresas estatales o el procedimiento seguido con las que reportaron elevadas pérdidas económicas. Tampoco ejerce la autoridad concedida por el artículo 73 inciso (q) para “conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuenta que presenten el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía de la República “. Eso nunca lo han hecho.
Los integrantes del parlamento cubano, desde su fundación hace 39 años hasta el presente, se han limitado a escuchar y cumplir dócilmente lo que el poder ejecutivo les ordene.
Hasta el momento, los integrantes del gobierno nunca han sido sometidos al cuestionamiento de sus funciones y el presidente de la república jamás ha rendido cuentas de su gestión.
Los generales y los que lo secundan consideran que no tienen que rendirle cuentas a nadie ni tampoco responder cuestionamientos. Por eso, el ministro de la Agricultura no ha explicado por qué 23 de sus empresas quebraron y quién es el responsable de este desastre económico. Los diputados no están autorizados a preguntar.