MIAMI, Estados Unidos. – Tras las protestas multitudinarias registradas el pasado 11 de julio en la Isla, las cuales estallaron de forma espontánea en unas 60 ciudades y localidades, el régimen cubano desató la mayor ola represiva ―y la más generalizada― desde la llamada Primavera Negra de 2003.
A la orden de combate del gobernante Miguel Díaz-Canel a sus seguidores, el propio 11 de julio, le sucedieron cientos de detenciones violentas, desapariciones, juicios sumarios y violaciones del debido proceso contra las personas detenidas por participar (o presuntamente participar) en las mayores manifestaciones de descontento popular en Cuba tras enero de 1959.
De acuerdo con el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, de las 808 personas arrestadas desde el pasado 11 de julio al menos 531 permanecen en detención y, algunas de ellas, en paradero desconocido.
No obstante, las cifras podrían ser aún mayores debido al temor de los familiares u otras personas allegadas a los detenidos y/o desaparecidos a denunciar.
La mayoría de los detenidos han sido acusados y procesados ―o están en espera de juicio― por los supuestos delitos de desorden público, propagación de epidemias o desacato, figuras penales que el régimen suele aplicar a disidentes, activistas y periodistas independientes con el objetivo de negar el carácter político de los procesos legales.
Por las múltiples violaciones de los derechos de las personas detenidas que han sido denunciadas por organismos independientes nacionales e internacionales, como el Centro de Información Legal Cubalex y Human Rights Watch, entre otros, esta semana siete militares objetores de conciencia remitieron una carta abierta al presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro.
Los firmantes de la misiva recordaron al funcionario que la Constitución era “la norma jurídica suprema del Estado” y le pidieron que la hiciera cumplir o renunciara a su cargo.
Asimismo, le cuestionaron “con qué moral privar de libertad, por el delito de propagación de epidemias a los que pedían libertad y expresaban su inconformidad de forma pacífica (el 11 de julio) por demás, en juicios amañados y violando el debido proceso y no aplicar el mismo delito a los convocados por el gobierno. ¿Dónde está el respeto a los derechos de reunión y manifestación pacífica del que habla la Constitución en su artículo 56?”, preguntaron.
Por su parte, poco después de iniciadas las protestas el régimen cubano interrumpió los servicios de internet para evitar la convocatoria a nuevas manifestaciones y la difusión de las imágenes de violencia policial registradas a partir del 11 de julio.
Más adelante, Miguel Díaz-Canel y su camarilla de ministros intentaron contentar al pueblo con medidas de corte económico y social que han sido calificadas como un “parche” a los problemas más acuciantes de los cubanos.
Solo cuatro días después de las protestas, el régimen anunció una resolución que eliminaba los aranceles a la importación de alimentos, medicinas y productos de aseo sin carácter comercial para los viajeros hasta el 31 de diciembre de 2021.
Tras días de protesta, el régimen autoriza la importación “sin límites” de alimentos y medicinas
Más adelante, las autoridades también anunciaron la entrega gratuita en todo el país de donaciones recibidas de “países amigos” como Nicaragua, Vietnam, México, Venezuela, Rusia y Jamaica, entre otros.
Tales donaciones comenzaron a entregarse en forma de módulos que incluyen arroz, granos, pastas, azúcar, aceite comestible y carne enlatada. Los alimentos, sin embargo, no suplen la demanda de la población, que atraviesa la mayor escasez de comida, medicinas y productos básicos desde el llamado Período Especial y que es doblemente víctima de una crisis sanitaria sin precedentes y de la Tarea Ordenamiento del régimen.
Entre otras medidas, el Gobierno de Díaz-Canel también anunció una rebaja de precios del monopolio de las telecomunicaciones ETECSA y la eliminación de los precios topados vigentes en los agromercados.
Sin embargo, ninguna de esas medidas amplió los derechos sociales y políticos de los cubanos, quienes exigieron a viva voz libertad el pasado 11 de julio. Hoy, pese a la ola represiva desatada, los gritos de “Abajo el Comunismo”, “Díaz-Canel singao” y “Patria y Vida”, que sentaron un hito en la historia cubana, aún resuenan en las calles de la Isla.
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