Tuve la necesidad impostergable de solicitar una certificación de divorcio para realizar unos trámites y poder inscribir en el registro de direcciones de mi vivienda al hijo de la mujer que convive conmigo desde hace 24 años como familia, sin que exista un matrimonio legal.
Soy propietario de esta casa por herencia paterna. Mi padre la obtuvo de familiares que eran sus dueños desde antes de la Revolución. La inquietud que me asaltó fue: ¿soy propietario o no? Si soy poseedor oficial de la vivienda, ¿por qué no puedo disponer quién reside legalmente en algo que es mío?
Según los preceptos establecidos por el Ministerio del Interior, a través del carné de identidad, las personas residentes en municipios periféricos de la capital o en el interior del país deben contar con un permiso especial para adquirir la condición de residente permanente. Esto equivale a mantener un control sobre los ciudadanos por parte de la Seguridad del Estado. En el caso de los hijos mayores de edad, solamente podrán obtener esta condición si la madre reclama el derecho de tener al progenitor a su lado.
Producto de estas circunstancias, me vi en la obligación de realizar un casamiento fingido. Como mi divorcio ocurrió en 1974, no era fácil encontrar el documento que probara la separación.
Una notaria conocida me recomendó solicitar, a través del bufete colectivo, una inscripción de nacimiento con notas marginales. Este primer intento legal no dio resultado, pues el documento señalaba que yo era soltero.
La misma persona que me realizó el trámite hizo otra reclamación: una fe de soltería. La respuesta fue casi igual: “No aparece estar casado”.
El tercer intento fue solicitar una certificación de divorcio. Para ello, pedí a mi hija, quien vive en Italia, los datos que ella conservaba. De nuevo, al quedar el trámite en manos de los funcionarios encargados de estos asuntos, obtuve una respuesta similar.
Me orientaron a ir al antiguo Palacio de los Matrimonios del Prado. Allí, una mujer, de mala manera, me indicó que acudiera al Tribunal Municipal de Plaza de la Revolución y solicitara la sentencia de divorcio. Con amabilidad y eficiencia, en ese lugar me entregaron el documento en una semana.
Sin embargo, dicho documento tampoco servía en el bufete especializado para realizar el casamiento. Por tanto, después de pasar nuevamente por el Registro del Estado Civil de Plaza, finalmente recibí una orientación precisa: me señalaron que existía un archivo central en el municipio Playa, donde debía solicitar una copia de la sentencia de divorcio.
Llegué al sitio indicado, cerca del mediodía, una semana después. Allí, una trabajadora, con gran rapidez, revisó los documentos que poseía y expresó: “Esto tiene que estar aquí. Por favor, siéntese y espere a que lo llame”. Al cabo de unos cinco minutos me convocó y me entregó un recibo para que, dentro del mes, fuera a recoger el documento solicitado.
Esta historia, que parece un guion cinematográfico de suspense escrito por Hitchcock, duró varios meses. En ningún sitio obtuve una indicación precisa. A ello se sumaron más de 500 pesos en gastos y algunas gratificaciones entregadas para encontrar finalmente una solución. Sin embargo, en menos de diez minutos encontré aquello que necesitaba.
A todo esto habría que añadir las largas distancias que tuve que recorrer a pie para llegar a los diferentes lugares. En total, sumaron más de 25 kilómetros en las distintas ocasiones, pues el costo de hacer esos recorridos en transporte habría sido exorbitante. Ahora, muchos de estos desplazamientos se realizan en vehículos privados, ya sean automóviles o triciclos eléctricos.
La conclusión evidente es que aquí nada funciona si no es a base de sobornos. Nadie pide directamente dinero, pero dan a entender que, si no se remunera la gestión, esta no se realiza. Como sugerencia, en uno de estos lugares me dijeron que los trabajadores se movilizan por sus propios medios y que, por supuesto, necesitan un pago extra, no establecido oficialmente, para completar la búsqueda.
Casi ningún servicio estatal está libre de este problema. Entiendo que estos trabajadores ganan un salario mínimo que no alcanza para sobrevivir y que, además, en ocasiones deben pagar de su propio bolsillo los gastos relacionados con las gestiones inherentes a su labor.
Otro elemento que me llama la atención es el siguiente: si una sentencia del tribunal no sirve para realizar un trámite de casamiento y el documento emitido por el Registro del Estado Civil contiene la misma información, ¿para qué duplicar los datos de manera innecesaria?
Hechos como este los encontramos a diario y en grandes cantidades. Lejos de flexibilizar las formalidades obligatorias, las complican para ejercer un mayor control sobre la población y mantener localizadas a las personas. Son prácticas propias de nuestro sistema de gobierno socialista oficialista, que nos oprime de cualquier manera y termina enloqueciendo a cualquiera.
