LA HABANA, Cuba, marzo (173.203.82.38) – Se habían entregado 1 179 795 hectáreas de tierra hasta diciembre de 2010, dentro del marco de la Decreto-Ley 259 sobre la entrega de tierras en usufructo, de acuerdo con informaciones brindadas por el Ministerio de Agricultura (MINAGRIC).
El 76,4% de ellas están en explotación, tras los trabajos de limpia de marabú y otras malezas por los nuevos agricultores. Esto significa que el 95,7% de las tierras declaradas ociosas al cierre de 2007, 1,2 millones de hectáreas, según el Anuario Estadístico del 2010, han sido entregadas. Asimismo, MINAGRIC anunció que de las 155 000 solicitudes de tierra, 128 000 fueron aprobadas y otras 19 000 están pendientes.
En realidad, la cantidad de tierras ociosas es superior. Deben agregarse 2,4 millones de hectáreas dedicadas a pastos naturales, en un porciento muy alto cubiertas de marabú y otros arbustos. Paralelamente, los 3 millones de hectáreas de superficie supuestamente cultivadas, en gran medida no están empleadas, o son altamente subutilizadas, especialmente las áreas cañeras con rendimientos promedio en 2009 que no sobrepasaron 27 toneladas por hectárea, lo que indica que una parte considerable debería demolerse. Como conclusión puede decirse que queda mucha tierra por entregarse a quienes deseen cultivarlas.
Debe subrayarse que el hecho de declarar una tierra en explotación no representa que esté dando los resultados productivos esperados. A pesar de aproximarse el tercer aniversario de la implementación del Decreto- Ley 259, la agricultura continúa sin brindar los resultados que con urgencia demanda la economía. En 2010 la producción agropecuaria cayó 4,2%, en términos de volumen físico, de acuerdo a cifras oficiales, sin considerar el desastre de la cosecha de la caña de azúcar. Ello conlleva que seguirán importándose colosales cantidades de alimentos perfectamente producibles en Cuba, incrementándose la erogación de importantes cantidades de divisas por ese concepto, situación que este año se complica adicionalmente con los sustanciales incrementos de las cotizaciones de los alimentos en el mercado internacional.
Quizás por ello, Raúl Castro, en su discurso ante la última sesión de la Asamblea Nacional, indicó que el gobierno está “en condiciones de valorar la asignación de áreas adicionales, por encima de los límites que regula el Decreto-Ley 259 de Julio de 2008”. Esta medida pudiera ser positiva, pero debería acompañarse de otros cambios, como sería, entre otros, la ampliación del plazo de usufructo de la tierra a más de 10 años, con igual derecho a prorroga, como ahora está establecido para las personas naturales. Resulta incomprensible e inaceptable que mientras a los cubanos se les otorgan plazos tan reducidos, se le amplia a los extranjeros el derecho de superficie a 99 años.
Al mismo tiempo, debe permitirse que los usufructuarios puedan fabricar sus viviendas e instalaciones necesarias para preservar sus bienes y cosechas, cuestión que por mecanismos legales y burocráticos hoy presenta dificultades, con la consecuencia del entorpecimiento de la labor de los campesinos. Además, sería beneficioso el estudio de otras opciones a la entrega de la tierra en usufructo. Estas podrían ser el arrendamiento y la venta de determinadas áreas con el pago en productos, consiguiéndose así una superior motivación productiva y mejor cuidado de los suelos, maltratados por decenios de mala explotación.
En cualquier variante, es indispensable liberar a los campesinos de las múltiples trabas y prohibiciones que ahora tienen para vender sus productos, y obtener, a precios razonables, los recursos productivos requeridos para una eficiente explotación de sus tierras.
Raúl Castro, en más de una ocasión ha señalado que para Cuba la producción de alimentos representa una cuestión estratégica. En la actualidad esto es más cierto, cuando los precios de los alimentos alcanzan niveles record y todo indica que debido a varios factores, aun cuando puedan aparecer algunos ajustes en el mercado, la coyuntura en la comercialización de estos productos no cambiará sustancialmente en el futuro.
Las propias reformas anunciadas por el gobierno, como han señalado los especialistas, serán difíciles de implantar si la agricultura no logra remontar sus insuficientes niveles productivos. De ahí la trascendental importancia de la modificación del Decreto- Ley 259 con una visión integral, dejando de lado dogmas y concepciones desfasadas.
