LA HABANA, Cuba, julio, www.cubanet.org -Dentro de la grave crisis que agobia a la sociedad cubana, la situación socioeconómica y de derechos humanos de los afrodescendientes constituye uno de los más grandes retos, de cara a los cambios que inevitablemente tendrán que producirse. Además, genera inquietudes, presiones y cuestionamientos internos y externos, para los cuales el régimen no parece tener respuestas coherentes.
En contraste con un discurso oficial igualitarista y amañado, la supresión de los espacios cívicos e institucionales alcanzados por los afrodescendientes en largas décadas de lucha, afianzó las desventajas y el menosprecio con los que las élites hegemónicas dividieron a la sociedad cubana, siempre en detrimento de esa parte del pueblo que tanto ha contribuido a la formación de la nación.
Ya ni las propias autoridades, que se precipitaron a dar por eliminado el racismo, y que por mucho tiempo suprimieron el debate social, intelectual y político sobre este asunto, pueden negar la persistencia de las desventajas e injusticias que en las difíciles circunstancias actuales afrontan los afrodescendientes. Hasta el presidente Raúl Castro ha calificado como una vergüenza esas desigualdades.
Más de una vez se ha discutido sobre el asunto en espacios institucionales, siempre sin reconocer las enormes responsabilidades que corresponden al alto liderazgo por las fracturas sociales que enfrentamos. Y más de una vez se ha manifestado desde el poder una improbada voluntad de impulsar las transformaciones que atenúen los retrasos y desventajas que sufren los afrodescendientes.
Sin embargo, siempre se muestran incapaces de poner en práctica medidas y mecanismos efectivos para propiciar el cambio de mentalidad y los fundamentos de convivencia tan necesarios para la consecución de esa igualdad, tantas veces proclamada, en vano, mediante el discurso oficial.
Los incumplidos compromisos, que una y otra vez languidecen como letra muerta, son acompañados por comisiones y estructuras creadas desde arriba, que sistemáticamente han demostrado su inoperancia para impulsar las transformaciones. Y mientras, las promesas de las autoridades contrastan con la persistencia de las muchas manifestaciones del racismo institucional, lo cual complica nuestra convivencia y aumenta la responsabilidad del alto liderazgo.
El permanente y bochornoso acoso policial que sufren los jóvenes afrodescendientes en nuestras calles; la tantas veces criticada ausencia, en los programas docentes, de la verdadera contribución de los africanos y sus descendientes a la conformación de la nacionalidad cubana; la casi nula presencia de este sector poblacional en la propaganda comercial y corporativa; la imagen distorsionada y denigratoria que de los cubanos negros brinda la producción audiovisual; el tratamiento discriminatorio que sufren los ciudadanos de las provincias orientales, víctimas de acoso y deportaciones; y la inexistencia de mecanismos legales para prevenir y castigar las manifestaciones y actos discriminatorios, constituyen señales preocupantes de una grave realidad.
La pobreza también esta racializada en Cuba. Las desventajas acumuladas, junto a las medidas de transformación económica, aumentan las carencias y retrasos que afrontaban los afrodescendientes, quienes no cuentan por lo general con las condiciones materiales para insertarse en los nuevos espacios. Son muchos los asentamientos marginales donde crecen miles de niños, en su inmensa mayoría afrodescendientes, indocumentados y privados de los escasos beneficios estatales.
Los gobernantes cubanos, después de medio siglo en el poder, no pueden o no quieren darse cuenta de que el empoderamiento cívico y económico de las masas históricamente discriminadas, constituye la clave esencial para el cambio de mentalidad que impulse las tan anheladas justicia e igualdad.
La historia de las luchas y logros en países como Estados Unidos, Brasil, Colombia o Sudáfrica, demuestran que el reconocimiento de los derechos humanos y el protagonismo de los ciudadanos y las comunidades, juegan un papel determinante en la búsqueda de la plena justicia social.
Hace más de dos años, los expertos del Comité de las Naciones para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), advirtieron a las autoridades cubanas que además de las estructuras e instituciones oficiales dedicadas al tema, resulta imprescindible promover y respaldar la acción de organizaciones independientes que procuran la igualdad para todos los ciudadanos, sin distinción.
Asumir honestamente la responsabilidad política y moral que el poder implica, renunciar al hegemonismo paternalista y, sobre todo, a la represión contra las plataformas independientes que promueven la reapertura del debate sobre el tema, comenzaría a poner a nuestro país a tono con el movimiento global que consagra los derechos y valores históricos y sociales de los afrodescendientes.
