LA HABANA, Cuba, diciembre (173.203.82.38) – Aunque los ancianos que nos gobiernan se empeñan en sostener el proyecto de uno Cuba socialista, el socialismo se encuentra cada vez más distante de las aspiraciones e intereses de las nuevas generaciones.

En diversas regiones del país, y por disímiles causas, se han producido hechos que van desde protestas en una escuela de arte por falta de atención a las necesidades básicas de los estudiantes, hasta una multitudinaria revuelta, debido a la suspensión de la trasmisión de un partido de balompié. En realidad, estas mini revueltas no son más que la expresión de la rebeldía ciudadana, que ya ha trascendido las fronteras del miedo. Estas evidencias indican el futuro nada halagüeño hacia donde se encamina la nación; así como las consecuencias una explosión social generalizada.
Ante esta realidad, resulta indispensable la participación de las ONG de carácter docente, ya creadas, o por formarse, que logren amortiguar el vacío de valores que han dejado a la nación cincuenta años de dictadura comunista.

Actualmente existen en Cuba algunas organizaciones de este tipo, cuyo trabajo está centrado en educar a los diferentes estratos de la ciudadanía en el conocimiento y uso sus derechos, asentados en la Constitución. Si bien es cierto que el sistema jurídico de la sociedad “castro-socialista” se basa en leyes destinadas a garantizar la supremacía del Partido Comunista, también lo es que en el mismo existen ciertas brechas legales cuyo conocimiento permite al ciudadano común el ejercicio de algunos de sus derechos ante las arbitrariedades que comete el Estado.

Como ejemplo puede citarse la labor que desarrollan organizaciones tales como la Academia Nueva Esperanza, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, la Asociación Juridicidad Cubana, la Corriente Agramontista de Abogados Independientes, las Bibliotecas Independientes y otras asociaciones que, con el fin de promover la interrelación con la sociedad, han establecido oficinas o consultorías destinadas a orientar a la población sobre la forma de plantear sus demandas al gobierno.

En su obstinación, el régimen aplica la represión en contra de los proyectos que desarrollan las ONG, a las que considera grupúsculos políticos disidentes, sin tener en cuenta que en la labor que realizan radica la única posibilidad de evitarle al país un baño de sangre; e inclusive, preservar, en su momento, los derechos de los ahora gobernantes.