LA HABANA, Cuba, octubre, www.cubanet.org -Si en algo ha sido eficiente el régimen cubano en estos casi 55 años, es en la administración de la noticia en función de sus intereses, ese truco que consiste en cubrir con palabras varias planas impresas y todos los medios “informativos”, sin llegar a decir nada. O esa otra variante, no menos mañosa, que es lanzar una información que de antemano se sabe causará expectativas y revuelos en la opinión pública, para en medio de la conmoción colocar otra noticia, mucho más significativa, aunque a primera instancia no lo parezca, que pasa prácticamente inadvertida.
Tal ha sido el caso de una enrevesada información publicada en el periódico Granma el pasado 3 de octubre de 2013 (“Explican cambios en legislaciones penales”, primera plana), en los momentos que el anuncio de la prohibición de venta de ropas de importación a los cuentapropistas y su decomiso por parte de las autoridades correspondientes estaba acaparando toda la atención de la opinión pública nacional. De hecho, no ha habido ninguna reacción de opinión en torno al tema de las legislaciones, aunque éstas vienen a complementar las recientes disposiciones oficiales contra los cuentapropistas.
Un sondeo inicial revela que las modificaciones introducidas en el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal no parecen haber despertado el interés de la población. Sin embargo, ellas legitiman el ambiente de impunidad que caracteriza las relaciones entre los cuerpos represivos y la población. Con el Decreto-Ley 310/2013 “se amplían las competencias de los tribunales municipales para dirimir los delitos sancionables hasta ocho años de privación de libertad (antes era hasta tres años)”, a la vez que “las autoridades actuantes como la Policía Nacional revolucionaria y otras disponen de más facultades, de forma tal que no necesariamente tienen que enviar todos los casos a los tribunales”. La policía –ese nicho de filibusteros uniformados– será a la vez guardiana, captora, juez y verdugo de los ciudadanos.
Otra modificación recién introducida en la legalidad es el Decreto 313/2013 del Consejo de Ministros, que establece “en qué casos se deben ocupar los bienes relacionados directamente con un delito y cuáles son las entidades encargadas de recepcionarlos o custodiarlos…”. Estos artículos así confiscados “pueden ser comercializados inmediatamente y aportar al presupuesto del Estado” y en caso que “se decida devolverle el bien que le fuera ocupado” a una persona y este ya haya sido comercializado, se le entregará “uno de características similares” o se le indemnizará financieramente. Es decir, que las autoridades tendrán la prerrogativa de establecer la legitimidad o no de los bienes del ciudadano y el derecho que éste tenga o no sobre esos bienes; se arrogará la potestad de comercializar propiedades particulares en beneficio del Estado y decidirá en qué casos se devolverán estos bienes al ciudadano o el valor que se le indemnizará por ellos, por supuesto, a discreción de esas propias autoridades.
Resulta espeluznante pensar en qué niveles de indefensión quedan los cubanos comunes al ampliarse de esta manera los poderes de la PNR y de los tribunales, es decir, de las instituciones represivas al servicio del gobierno. Todo ello en un escenario signado por la corrupción en todas las esferas, y muy particularmente entre los propios agentes del “orden”, en teoría los encargados de velar por la tranquilidad ciudadana. No se me ocurre absurdo mayor de este gobierno que tratar de mantener el control social empoderando a un ejército de corruptos semi-analfabetos, apoyados por los profesionales de las leyes, como si con ello se pudiese evitar el caos que se nos viene encima.
Pocos años atrás, el general-presidente, a quien algunos optimistas consideraban un pragmático reformista, anunció que las medidas dirigidas a “renovar el modelo” no tendrían retroceso. Mentía, aunque quizás la intención inicial fuera veraz. La realidad, sin embargo, demostró que hasta la mínima posibilidad de prosperidad e independencia económica desborda los controles oficiales y un sistema totalitario no puede sobrevivir a un proceso de reformas, por tímidas e insuficientes que éstas sean.
Las recientes modificaciones introducidas en el Código Penal y en la Ley de Procedimiento Penal son una tentativa, tan inútil como desesperada, de volver a encerrar al genio en la botella. Una vuelta de tuerca tan desafortunada que acentuará el giro hacia el peor de los escenarios posibles: mayor corrupción y represión contra un pueblo cada vez más descontento y frustrado; justamente los componentes menos propicios al control y al orden que de jure persigue el poder en Cuba.
