LA HABANA, Cuba. noviembre, www.cubanet.org — A medida que avanzan las construcciónes en la llamada Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), se intensifican los llamados a la inversión de capital foráneo por parte del régimen cubano. Los medios de prensa gubernamentales aseguran que la ZEDM ofrecerá una oportunidad excepcional a aquellos empresarios que se animen a invertir sus capitales allí, en especial cuando en 2015 se concluyan las obras de ampliación del Canal de Panamá, lo que “convertirá a Cuba en un punto estratégico para el comercio marítimo” debido a su particular ubicación geográfica.
El propio General-Presidente ha afirmado que esas inversiones se desarrollarían en un marco jurídico especialmente creado para proteger los capitales de las empresas y en un país caracterizado por una “gran estabilidad” política y en lo social por “la seguridad y los bajos índices de violencia”, entre otras lindezas.
Un mercado virgen puede ser un cebo atractivo, y en décadas anteriores no faltaron quienes creyeron oportuno asegurarse una tajada de la economía cubana y estar en ventaja para el día después de los Castro. Empresarios extranjeros con espíritu aventurero, o simplemente aventureros urgidos de blanquear capitales dudosos, respondieron a los cantos de sirena del régimen cubano.
Sin embargo, algunos de ellos han pagado un alto costo por la audacia de negociar con la mafia verde-olivo, han sufrido pérdidas significativas o simplemente han debido salir huyendo, dejando por detrás dineros y haciendas, tras ser acusados de diversos cargos por parte de sus “socios” insulares.
Pese a los limitados cambios que se han operado con la ascensión al poder por Castro II, nada garantiza que esta vez el riesgo sea menor: la crisis permanente de la economía cubana, el agotamiento del sistema político y el creciente descontento social, unido a las complejas relaciones del gobierno cubano con otros países de la región, entre otros factores, no sugieren un marco muy prometedor para los inversionistas.
Historia de intervenciones
Existe una larga historia de intervenciones y confiscaciones contra las propiedades e inversiones nacionales y extranjeras por parte de este gobierno desde el inicio del “proceso revolucionario”, cuando se promulgaran las Leyes 890 y 891 en octubre de 1960. La primera dispuso “la nacionalización mediante la expropiación forzosa de todas las empresas industriales y comerciales, así como las fábricas, almacenes, depósitos y demás bienes y derechos integrantes de las mismas”, en tanto la segunda –que transcendió como Ley de Nacionalización de la Banca– declaró “pública la función bancaria”, que en lo sucesivo solo sería ejercida por el Estado “a través de los Organismos creados al efecto con arreglo a las disposiciones legales vigentes” siempre y cuando éstas no se opusieran a lo establecido por la nueva Ley (Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición Extraordinaria – La Habana, Jueves 13 de Octubre de 1960. Año LVIII – Tomo Quincenal Número XIX).
En virtud de dichas Leyes fueron expropiadas decenas de empresas cubanas y extranjeras –fundamentalmente estadounidenses–, la mayoría de las cuales no fueron indemnizadas. Por otra parte, el monto estimado de las indemnizaciones estaba muy por debajo del valor real de las propiedades confiscadas. Las cuentas y activos de dichas empresas depositados en bóvedas de la Banca cubana fueron igualmente expropiados.
Los subsidios soviéticos
En las tres décadas siguientes los subsidios soviéticos y el comercio con los países socialistas de Europa del Este sustituyeron casi de manera absoluta la función de los capitales en la economía cubana y aseguraron relativamente la economía interna y externa, hasta que el desplome del “socialismo real” sumió a la Isla en la mayor crisis económica de su historia.
Al desaparecer los factores que hacían posible la centralización de la economía bajo el absoluto control estatal, el gobierno se vio forzado a introducir elementos de la economía de mercado, permitiendo la ampliación de la inversión de capitales extranjeros –hasta entonces muy restringidos–, que tuvieron su mayor incidencia en el turismo y otras esferas de los servicios.
A la vez, para los cubanos se restablecieron las licencias de negocios privados (familiares) y otras formas de empleos por cuenta propia, que casi habían desaparecido después de la “Ofensiva Revolucionaria” de 1968 –durante la cual se habían intervenido más de 50 mil pequeños negocios– y tras el golpe demoledor asestado por F. Castro a los mercados libres campesinos y al comercio artesanal privado, actividades éstas que habían sido permitidas durante un efímero período de flexibilización en el rígido centralismo del sistema en los años 80’ y abruptamente suspendidas a través de operativos represivos.
En los 90’ también se desarrollaron a mayor escala las inversiones de empresas militares cubanas en sectores estratégicos de la economía, como el turismo, las comunicaciones y el transporte, que en la actualidad controlan prácticamente todo el capital interno y las inversiones extranjeras en Cuba.
Con el inicio de los amplios subsidios petroleros venezolanos desde el año 2001, la autocracia militar cubana inició un retroceso hacia la recentralización económica y aplicó reajustes al trabajo por cuenta propia hasta casi asfixiarlo. También comenzaron a aplicarse cierres de empresas de capital mixto, procesos judiciales contra inversores extranjeros y atrasos en los pagos a los socios por la parte cubana, incrementándose la deuda con los empresarios foráneos y desestimulando así posibles inversiones futuras.
