MIAMI, Florida, 1 de mayo (Agencias, 173.203.82.38) – El gobernador de la Florida, Rick Scott, firmó hoy martes una ley que prohíbe a los organismos públicos del estado contratar a compañías que negocien con Cuba o con Siria.
Scott firmó la ley FHB 959 en horas de la mañana del martes en la Torre de la Libertad de Miami, un símbolo para la comunidad cubana de Florida, donde se atendieron inicialmente a los primeros exiliados que salieron de la isla huyendo del régimen castrista.
“Los Gobiernos de Cuba y Siria están entre los cuatro únicos países que Estados Unidos considera promotores del terrorismo, y los fondos de los contribuyentes de Florida no deberían servir de manera alguna para potenciarlos”, dijo Scott el martes en Miami.
La legislación, que debe entrar en vigor el primero de julio, fue presentada en febrero pasado por republicanos de Miami-Dade, quienes alegaron que el dinero de los contribuyentes no debería financiar compañías vinculadas con los gobiernos opresivos de Cuba y Siria.
La nueva norma afectará a empresas como la multinacional brasileña Odebrecht, cuya filial estadounidense tiene su sede en Miami y realiza importantes proyectos de infraestructuras en Florida.
El texto ha recibido críticas por parte de las autoridades de Canadá y Brasil, al tiempo que la Cámara de Comercio de Florida la ha calificado de inconstitucional. Compañías canadienses y brasileñas que comercian con Cuba y que tienen inversiones en la Florida han advertido que pudieran irse del estado si se aprueba la ley.
“Voy a firmar esta regulación para proteger a los contribuyentes de Florida de apoyar sin quererlo a dictaduras que cometen actos tan despreciables”, declaró el gobernador en una reciente entrevista con la emisora Radio Mambí de Miami.
El presidente de la Cámara de Comercio de la Florida, Mark Wilson, quien calificó la ley de inconstitucional debido a que la política exterior es un asunto federal, indicó el viernes que, aunque está de acuerdo en que las compañías no deberían trabajar en lugares tales como Cuba, la ley podría afectar la reputación del estado como lugar favorable para los negocios.
“Nos sigue preocupando su constitucionalidad. Nos siguen preocupando sus posibles consecuencias”, indicó Wilson en declaraciones publicadas por The Miami Herald. “Pero es imposible predecir cuál va a ser el mensaje del gobernador y cómo va a ser recibido”.