La irreversible lesión cerebral provocada por el sufrimiento fetal al que fue sometido Yeyson durante el parto día tras día le arrebata la poca salud que le queda.

Sin embargo, a pesar de las pésimas condiciones de vida en las que ha tenido que subsistir durante los últimos seis años, las autoridades cubanas le han negado cualquier forma de ayuda.

Marginado y con las manos atadas

Postrado sobre una silla de ruedas, Yeyson continúa viviendo junto a sus progenitores en un taller de mecánica abandonado en el #57 de la calle Agua Dulce, entre Rabí y San Indalecio, municipio Cerro. El local lo comparten con unas veinte familias, la mayoría ilegales que se resisten a desalojar.

La “propiedad” está demarcada por una división construida a base de pedazos de cartón, madera y zinc galvanizado.El piso es rústico y con residuos de grasa, mientras que el techo, de unos 12 metros de altura, garantiza una constante humedad producto de los hoyos en su superficie.

Carecen de servicio sanitario, en tanto unas cortinas improvisadas sirven de puerta a un área común que utilizan todos los residentes para bañarse. Al no tener entrada de agua potable tienen que cargarla unos doscientos metros, o esperar que algún camión cisterna les provea el vital líquido.

La insalubridad en el sitio, así como la escasa atención de las autoridades administrativas y sanitarias, recrean un contexto propicio para la aparición de numerosas enfermedades.

Según los resultados de los exámenes médicos en manos de los habitantes, en los últimos meses varias personas contrajeron dengue y el virus del zika, incluyendo a Olga Lidia Pérez, madre de Yeyson, y a Sady Perera Pérez, su hermana mayor.

Mientras más necesidad, menos ayuda

Varios kilómetros les separan de la Clínica de Rehabilitación Integral General de División Senén Casas Regueiro, institución del municipio La Habana Vieja donde se atendía Yeyson.

La distancia y los pocos recursos de la familia imposibilitaron los traslados de Yeyson a la clínica de rehabilitación. Las reiteradas ausencias originaron su baja de la misma, y el cese de toda la “ayuda humanitaria” que le entregaba el centro médico.

En consecuencia, Yeyson dejó de recibir dietas alimenticias, culeros desechables y artículos de aseo, todos productos de primera necesidad que los padres no pueden costearle con los 185 pesos que les asigna Seguridad Social.

Por otro lado, la clínica se abstiene de enviar personal calificado para practicar las rehabilitaciones a domicilio. Tampoco acepta instruir a los padres para que estos practiquen los ejercicios a su hijo, quien permanece vegetando sin una dieta conforme al grado crónico de la enfermedad, sin control en sus esfínteres y sin dominio muscular para sostener siquiera su propia cabeza.

Sus pies cada día se engarrotan más y sus piernas apenas pueden enderezarse.

Hace varios meses, su caso fue “aprobado” por el Consejo de la Administración Municipal (CAM) de La Habana Vieja, para entregarle una vivienda acondicionada con lo necesario para enfrentar su padecimiento.

Sin embargo, en esta instancia de gobierno le aseguraron que “deben esperar a septiembre”. Hoy sus padres, considerando la urgencia de su situación y la imprecisión de las autoridades, se preguntan “¿de qué año?”

Ante tanta indolencia, Jesús Olivera, padre de Yeyson, refiere que el próximo paso en los reclamos será “montar campamento”, con su hijo a cuestas, en los dominios del Consejo de Estado.