BAYAMO, Cuba.- Por iniciativa de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), en varios barrios de esta localidad fue ampliada la infraestructura para la instalación de nuevos teléfonos. Para muchos, esta sería la oportunidad de conseguir finalmente comunicarse, en un país donde contar con uno de estos equipos no es demasiado común.
Sin embargo, no todo el mundo puede acceder a un teléfono, por más que lo necesite. ETECSA es propiedad del gobierno y este, a través de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), utiliza un método basado en la envidia y el oportunismo. Los requisitos para obtener este servicio ponen en entredicho los valores éticos y morales que humanamente pregona el sistema social cubano.
En busca de aclaraciones sobre el tema nos dirigimos a Joaquín González, delegado de la circunscripción número 10 del centro de la ciudad, quien aseveró: “Todos los vecinos tienen derecho a solicitar el teléfono porque estos parámetros evaluativos fueron creados por la dirección de los CDR, pero deben de reunir los requisitos exigidos por la comisión evaluadora y que son referentes a la integralidad del solicitante, entre ellos el comportamiento social y la participación activa en las acciones que convoca su CDR. Este quizás sea un tema que cree polémica, pero así ha sido orientado por las instancias superiores.”
Es decir que para tener un teléfono hay que ser “revolucionario”, según lo determine una “comisión evaluadora” compuesta por vecinos.
Confirmando este criterio, Rafael Rodríguez, delegado jefe de la zona 138 en la capital granmense, añade: “La situación económica que vive el país ha imposibilitado el acceso a los recursos que permitan una mayor oferta de teléfonos a la población. En ello también influye la zona en donde se solicite el servicio, pues es cuestión de capacidad para instalarlos. Por eso la determinación del Consejo de la Administración Pública de nuestro territorio fue de entregarlos teniendo en cuenta los valores sociales y políticos de los aspirantes. Se ha informado en plenaria de la Asamblea Municipal sobre los trabajos que se están realizando para incorporar nuevas capacidades. Con ello la empresa de comunicación creará más clientes y por consiguiente se podrán ofertar más líneas telefónicas”.
Yamilet García, vecina del Reparto Camilo Cienfuegos, describe cómo se “asignaron” teléfonos en su comunidad. “En mi cuadra se celebró una reunión bajo pura tensión. Fueron asignados cuatro teléfonos y fue vergonzosa la pelea que se armó entre vecinos que toda la vida se han llevado bien. Justamente reuniones como éstas, lejos de unirnos, nos separan”, dice Yamilet.
En el Casco Histórico de la ciudad, vecinos del CDR número 10 se reunieron con el mismo objetivo. Uno de ellos, Reinaldo Suárez, expresó: “Mi esposa y yo solicitamos el dichoso teléfono, pero había otras seis familias que también lo habían pedido. Jamás fue valorada la necesidad real de cada hogar. Siempre se tienen en cuenta los aportes cederistas [a los CDR], el cumplimiento de las guardias, los trabajos voluntarios, las donaciones de sangre, la participación en actos políticos, el enfrentamiento a las ilegalidades. Todo menos la funcionalidad y utilidad humana del teléfono. Lo único que vemos es conflicto entre los vecinos.”
Idalia Tuñón Calas, integrante de la “comisión de evaluación y otorgamiento” en el CDR 12, de la calle León, en el Caco Histórico de la ciudad, considera que “es muy penoso de lo que son capaces algunos, pues a mí me llegaron anónimos hablando mal unos de los otros. Es mejor que ETECSA los venda [los teléfonos] por barrios y que accedan a ellos los que puedan pagarlos. Nos estamos convirtiendo en enemigos por cosas materiales”.
El encargado del sector de las comunicaciones en el gobierno municipal, Michel Rodríguez, es pieza clave en la determinación de capacidades y el control de los otorgamientos. En comunicación telefónica con el funcionario, y ante exposición de la lamentable situación que están acarreando, éste nos afirmó: “Las quejas y reclamaciones con el otorgamiento de teléfonos son constantes. Tratamos de investigar cada situación y lo hacemos con la comisión encargada en cada barrio de la selección de los beneficiarios del servicio”.
Rodríguez justifica este método diciendo que “son ellos [los evaluadores] quienes conocen a sus vecinos y en la mayoría de los casos nos vemos impotentes a decidir por esas razones (…) Sentimos informar que no hay capacidad para todos; por eso se ha decidido hacerlo desde la integridad social de los aspirantes”, entendiendo por “integridad social” el no ser un disidente.
La espera de la población para poder acceder a una línea telefónica es interminable. La única solución por el momento es reunir y pagar por un teléfono ilegal 400 CUC, equivalentes a dólares, en un país donde el salario promedio no pasa de los 23.