Es profesional de la salud en Cuba y está a punto de ser desalojada

Es profesional de la salud en Cuba y está a punto de ser desalojada

Ana Karelia Borrego Machado lleva cinco años luchando contra lo que parece imposible

LA HABANA.- Graduada de Medicina, Especialista en Medicina General Integral (MGI), doblemente diplomada en Medicina Natural y Tradicional y en Homeopatía, lleva Ana Karelia Borrego Machado lleva cinco años luchando contra lo que parece imposible en aras de recuperar su trabajo y mantener a su familia, que incluye dos menores de edad, seguros bajo un techo decoroso.

La doctora asegura que, a finales del 2011, funcionarios de Salud Pública decidieron separarla definitivamente de su supuesto de trabajo y de la entidad por supuestas ausencias injustificadas, una medida a cuyo trasfondo se le endosó un matiz político. El proceso llevado a cabo en su contra, con marcadas violaciones al código de trabajo, estuvo plagado de “injusticia, arbitrariedad, extemporaneidad e ilegalidad”, según la víctima.

En opinión de la Borrego Machado, el proceso celebrado en su contra contó con la anuencia de los directivos de las diferentes instancias de Salud Pública, “quienes obraron con total impunidad amparados en el poder que ostentan en sus respectivos cargos”.

Durante el año 2010, Borrego terminó el diplomado de Medicina Natural y Tradicional (MNT), etapa en la que Hilda Marlín Ponce Guerrero era la directora del policlínico Jorge Luis Ramírez, y quien le pidió que “ocupara la plaza de ‘MNT’ que se encontraba vacía en el policlínico”, la cual sólo podía ser ocupada por un diplomado, un máster o un especialista en la actividad.

Su traslado a la plaza fue verbal, no hubo firmas de por medio. Al cabo de ocho meses Ponce Guerrero la vuelve a contactar para indicarle que “por la reorganización de los servicios de salud, debía reincorporarse al consultorio donde vivía”.

La petición se efectuó el doce de octubre, a pesar de que Borrego se encontraba trabajando en el policlínico en una consulta que de ser abandonada los pacientes quedarían sin asistencia por falta de especialistas. Para el 5 de diciembre, de manera inesperada, la doctora recibe la máxima sanción: separación definitiva de la entidad por ausencias injustificadas.

La administración del policlínico, explica, jamás entregó a Borrego el modelo SNC 225 u Hoja de Resumen Laboral, como tampoco el documento que la pone a disposición de la Dirección Municipal de Salud en Playa, municipio donde labora y reside, para ser reubicada laboralmente.

A partir de ese momento comenzaron las amenazas de desalojo por parte de funcionarios de Salud Pública, el Partido, Sindicato y demás organizaciones, enviadas por la Dirección Municipal de Salud.

Según Borrego y David Rodill, su esposo, el objetivo era quedarse con la vivienda ubicada en la Ave 19 # 4407, apartamento 3 entre 44 y 46, barriada Buena Vista en el municipio Playa, pues al separarla definitivamente del puesto laboral y la entidad no podrían seguir ocupando el domicilio de referencia por ser un “medio básico” de Salud Pública.

Los problemas de la institución con la doctora no han dejado fuera al resto de la familia. Su hijo mayor, quien aspiraba a convertirse en piloto, es uno de los que paga factura por las maniobras en contra de Borrego.

En la isla, la única posibilidad de estudiar esa codiciada carrera es matriculando en las Escuelas Vocacionales Camilo Cienfuegos Gorriarán, también conocidas como “Camilitos”.

“Yo pasé los Camilitos, mi hermana y su tía también”, expuso Rodill, quien en torno al caso de su hijo explicó que “después de haber pasado el psicométrico y vencido las pruebas de ingreso, llegaron a la escuela y dijeron que él no era apto para la vocacional”.

Decididos a luchar por el futuro de su hijo, Borrego y Rodill se dirigieron hasta las oficinas del Departamento de Contra Inteligencia (CIN) del municipio Playa.

“Todo lo que sucede conviene, y si ustedes mañana piensan irse del país…”, asegura el matrimonio que fueron las palabras del oficial que les atendió, haciendo alusión, de manera irónica, a que ser calificado de desafecto al sistema puede beneficiar a quienes pretenden emigrar a los Estados Unidos.

Desde el 2011 a la fecha, resultan incontables las dependencias de la Administración Central del Estado visitadas por Borrego, en busca de justicia.

Abrumada por la situación, cada vez más crítica ante la posibilidad de resultar desalojados, ella pregunta: “¿No tengo derecho a ser ubicada y trabajar en un puesto de trabajo en correspondencia a mis conocimientos, superación y capacitación profesional, para apoyar en el sostén de mi familia?”

De acuerdo a la reglamentación de Salud Pública, después de la separación laboral Borrego tiene derecho a conseguir una reubicación que le permitiría retener la vivienda que ocupa, un derecho que le continúa siendo negado.

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