LA HABANA, Cuba.- “Nuestras esperanzas están desmoronadas. La situación de la vivienda en Cuba seguirá siendo uno de los más graves problemas a enfrentar en este 2016”, dice Cecilio Betancourt, uno de los cinco propietarios que viven en el edificio situado en calle 23, número 1051, en el Vedado. Con más de un siglo de explotación, el inmueble se halla en estado ruinoso y es candidato a desplomarse en cualquier momento.
No es un hecho insólito el gran número de inmuebles así, que se derrumban cada vez que aparecen los aguaceros en la capital habanera. Decenas cayeron en el recién pasado 2015, algunos trayendo consecuencias fatales.
“En el año 1995 mi esposa Belkis Benítez Rivera tuvo que ser trasladada urgentemente hacia el Hospital Manuel Fajardo, cuando un escache del techo de nuestro apartamento se desplomó sobre su cabeza, produciéndole una gran herida que posteriormente devino en una tumoración cerebral que le quitó la vida, dejando huérfano a su único hijo, autista por demás”, expuso Cecilio Betancourt, que trabaja como extra en filmaciones para la televisión y cine.
Tras aquel fatídico accidente, el temor se apoderó de todos los inquilinos del edificio, vecinos de Cecilio, cuya insistencia en demandar una y otra vez el apoyo de las autoridades a todos los niveles ha sido infructuosa.
Apunta Betancourt que “la desesperación colmó a todos cuando la Unidad de Atención a Comunidades (UMAC) perteneciente a la Dirección Municipal de la Vivienda, respondió a una de las tantas quejas firmadas por todos los inquilinos y dirigida a la Asamblea Provincial del Poder Popular. La grosera respuesta firmada por Tamara Álvarez Delgado, la directora, y Mirna Velázquez, técnica en atención social, dejaba claro que no habría reparación para este inmueble, sino ‘aplicación del artículo 7’, que prevé el traslado forzoso hacia un albergue”.
Sin embrago, según los testimonios de otros inquilinos, la decisión chocaba con la opinión de varios amigos con experiencia profesional en el área de la construcción, entre los que se encuentra el arquitecto e ingeniero civil Boris Abel Mérida. Concluyeron que la situación más aguda del edificio está en la azotea y en el piso del segundo nivel, debido a las filtraciones por el deterioro de las instalaciones sanitarias; y que la reparación no es tan compleja: solo se necesitan los recursos adecuados y no un desalojo.
Así las cosas, enviaron otra misiva fechada en el 2013 y dirigida al Departamento de Atención a la Ciudadanía del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba. “Los que redactamos y firmamos esta carta, cuando lo hacemos a esa instancia es porque ya en la base nos desgastamos por la indolencia de algunos dirigentes y la justificación de otros antes los constantes planteamientos, para que se ejecute una reparación en nuestro edificio”, dice el documento, y concluye: “Sabiendo que nuestro Estado Socialista no nos dejará olvidados nunca, apelamos a la solidaridad de nuestro gobierno”.
Al respecto Antonia Limonta, otra de las inquilinas del mencionado edificio, maestra de profesión y madre, cuenta: “La respuesta a nuestras peticiones no han pasado de una que otra bolsa de cemento para impermeabilizar la azotea, el apuntalamiento limitado de algunas partes de la edificación, (el complejo de comercio en la planta bajas, bodega, carnicería y puesto de venta de viandas). En contraposición a esto, hemos sido amenazados de ser albergados bajo tétricas condiciones en un lugar distante de nuestro municipio. Lamentablemente mi sueldo no me alcanza para pagar los altos precios de los materiales de la construcción que necesito, así que no queda otra que confiar en Dios”.
Otro entrevistado fue el profesor de Facultad Justo Pérez Blanco, residente de este edificio por más de 40 años: “En agosto del 2012 recibimos una intempestiva visita de una comitiva gubernamental integrada por el delegado del barrio, la Dirección municipal de Inversiones de la Vivienda y la jefa del poder popular del municipio Plaza en ese momento. Todos pensábamos que nuestros problemas finalmente se resolverían, pero no fue así. El objetivo de los susodichos funcionarios era convencernos de que teníamos que abandonar nuestras casas y albergarnos como samaritanos en una nave sin condiciones de ningún tipo, del municipio de Guanabacoa, a lo que nos negamos rotundamente” asistió.
Para Marlon Ramírez Limonta, un joven de 21 años que vive con su madre en el edificio de calle 23, “lo de esta gente del gobierno es un descaro. Sabemos que la situación de este edificio es crítica, pero también tenemos la certeza que es reparable, lo que jamás han tenido la voluntad de hacerlo. Es más, en la escuela nos enseñan que en Cuba se acabaron los desalojos desde el triunfo de la Revolución y a todos nosotros nos querían desalojar de aquí”, afirmó.
A la pregunta de si esperan alguna solución para el 2016, las cinco familias que residen aquí coinciden: “Muy poco. Nuestra incertidumbre se acrecienta cada día al ver disminuidas todas las esperanzas para remozar lo que fuera una hermosa construcción”.
En los últimos años, su inmueble sólo ha visto pasar una brigada del Consejo de Gobierno de Plaza, que facturó el apuntalamiento de algunas zonas con vigas de hierro, prometiendo venir después para encargarse de iniciar la reparación de los techos, de las instalaciones sanitarias, los repellos de las paredes, el levantamiento del piso de la azotea para eliminar las filtraciones y otras necesidades. Todo esto, luego de la negativa de los propietarios para abandonar el inmueble, bajo la amenaza de desalojo por parte de la Dirección municipal de la Vivienda.
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