LA HABANA, Cuba. -El Partido Comunista de Cuba (PCC) anunció el pasado mes de febrero sus planes para el periodo 2015 hasta el 2018, que incluye la puesta en vigor de una nueva Ley Electoral de cara a las elecciones generales de 2017. También ratificó que celebrará en abril del 2016 su VII Congreso. En la actualidad, en la Isla no existe el pluripartidismo, los candidatos son “propuestos a mano alzada” públicamente y no existe el voto directo para decidir el presidente de la República.
Nos interesamos en conocer las opiniones al respecto de Jorge de Armas, director de Cuban Americans for Engagement (CAFE), Eliecer Ávila, líder del movimiento político Somos+, y Lincoln Díaz Balart, ex representante por el partido republicano del distrito 21 de La Florida en la Casa de Representantes de los EEUU. Diferentes voces críticas de la política cubana:
¿Cómo creen que será esta nueva Ley?
Jorge de Armas: “Según se infiere de las palabras del Presidente cubano Raúl Castro en la sesión constitutiva de la actual legislatura, algo que parece cierto es la limitación de los mandatos a dos períodos y posibles limitaciones de edad. No está claro si esto afecta solo a los niveles centrales de la administración del Estado o a todos los cargos electos. También se puede afirmar que la nueva Ley no afectará a la primera etapa del proceso eleccionario, la más legítima, la que elige a los Delegados de circunscripción por voto directo y secreto y los nomina de forma pública. Más allá de esto todo sería especular.”
Eliecer Ávila: “Si solo va a expresar la voluntad del gobierno, que pretende a través de ella perpetuarse en el poder, creo que será muy parecida a la que ya existe, con algunas mejoras de maquillaje como la inclusión de Observadores Internacionales (del ALBA), etc… en un intento de ganar alguna credibilidad.”
Lincoln Díaz-Balart: “Estoy seguro que cualquier ‘ley’ de la tiranía de los Castro constituirá otro esfuerzo para mantener al régimen en el poder. Es posible que estén pensando en un sistema para el futuro de Cuba de elecciones controladas, de resultados pre-determinados, como existe en Venezuela, pero los hermanos Castro nunca pudieran hacer algo por el bien de Cuba. Ellos odian profundamente a los cubanos.”
¿Crees que es el primer paso al pluripartidismo?
Lincoln Díaz-Balart: “No hay leyes en la Cuba actual (mucho menos una medida que autorizaría la democracia representativa pluripartidista), sino manifestaciones de los caprichos de los dueños de la finca particular, feudal, que es la Cuba de los Castro”.
Eliecer Ávila: “No pienso que esa sea la intención de quienes desde el gobierno promueven esta reforma, pero estoy convencido de que cada cubano debería proponerse influir para que esta ley contemple esa posibilidad y muchas otras garantías democráticas que constituyan un marco justo, para un verdadero proceso de participación plural en la vida política del país.”
Jorge de Armas: “Aunque sería deseable no lo creo posible. En el caso de que la Ley permita la elección directa de los puestos ejecutivos más allá del nivel municipal la posibilidad de que participen de la gestión de gobierno tendencias diferentes a las del Partido Comunista, no necesariamente partidos, sería posible. Otro aspecto interesante y que está ligado a una posible oposición partidaria es que, de momento, los cargos elegidos no lo hacen en virtud de un programa de Gobierno o de gestión. De poder proponer un proyecto de gestión en cada uno de los niveles se potenciaría la posibilidad de establecer estrategias distintas y que el voto popular elija la que mejor se acomoda a sus necesidades.”
“En este punto quiero decir que, personalmente, y aquí coincido con la postura de la Cuban Americans for Engagement, (CAFE), organización que dirijo, en ningún caso un esquema pluripartidista debe legalizar organizaciones que busquen soluciones para Cuba en perjuicio de su condición soberana como lo entiende el derecho internacional. La nueva Ley electoral debería certificar la imposibilidad de ser nominados para aquellos que apoyen o hayan apoyado el embargo/bloqueo (por lo menos en los últimos cinco años); las políticas foráneas de cambio de régimen que se avalan por la Ley Helms-Burton, y las secuelas tristes del plattismo. Del mismo modo deben excluirse los patrocinadores de estrategias anti-normalización además de prohibir todo tipo de financiación gubernamental externa y limitar, incluso, los fondos privados y el espacio para su utilización. Cuba ha luchado muy duro por su independencia y a los plattistas debe acompañarlos siempre un estigma, para que nunca levanten cabeza”, agrega.
¿Qué elementos principales debería tener una nueva Ley Electoral en Cuba?
Eliecer Ávila: “Debería garantizar sindicatos, la sociedad civil, la prensa y de todo el pueblo en el proceso electoral. Cada cual jugando el rol que le corresponde. Crear un órgano verdaderamente independiente para ‘rectorear’ el proceso eleccionario, constituido por cubanos honorables que gocen del respeto de las distintas corrientes políticas. Personas en capacidad de ser garantes imparciales del más sagrado ejercicio cívico de la nación. Por último, esta Ley debe ir acompañada de una campaña masiva e integral de promoción de valores democráticos y de respeto a los derechos humanos, como base de cualquier modelo de desarrollo. Esta acción educativa debe incluir a todas las instituciones del país. Especialmente en el ámbito militar.”
Jorge de Armas: “La nueva Ley debería establecer mecanismos más plurales de participación popular, extendiendo la nominación y el voto en todas las instancias del Estado, incluidos el Consejo de Estado y su Presidente. La Comisión de Candidatura debe desparecer. Deberían buscarse mecanismos revocatorios populares por incumplimiento de gestión o programas, además de rendiciones de cuenta periódicas y la obligatoriedad para Diputados y Delegados de recibir a sus electores. En principio no soy opuesto al pluripartidismo siempre y cuando su adopción no implique abrir espacio alguno a los plattistas o anexionistas. En términos de secuencia, lo óptimo es que primero se derrote a esos sectores, lo que equivaldría a la eliminación total y completa de la política planteada en la ley Helms-Burton. Con esa carta en la mano, y el despegue de desarrollo que Cuba podría tener, no debería ser un alto riesgo abrirse a la competencia entre diferentes grupos de oposición leal (un concepto que ha desarrollado mi colega Arturo Lopez-Levy), que comulguen en su amor por Cuba y la exclusión de los plattistas de cualquier posición de poder. Eso no quita que puedan ser individualmente, nunca como partidos, delegados en sus barrios, administradores de su propia cafetería o algo por el estilo. “
Lincoln Díaz Balart: “Creo que es importante estudiar cómo se llevó a cabo la transición democrática tras cuatro décadas de dictadura franquista en España… Al año de la muerte del dictador, el Parlamento franquista aprobó una ley llamada ‘ley para la reforma política’ que declaró que la democracia se basa en la expresión de la voluntad soberana del pueblo, y autorizó las elecciones generales que se celebraron en junio de 1977. Dicha ley para la reforma política permitió la legalización de todos los partidos políticos, que, a su vez, pudieron presentarse en las elecciones de junio de 1977. La ley para la reforma política fue remitida a consulta por el pueblo en un referéndum en diciembre de 1976 y aprobada por una abrumadora mayoría del pueblo español. El Congreso que fue electo en junio de 1977 redactó la nueva Constitución para la España democrática que enterró jurídicamente a la dictadura.”
“Reitero que el modelo de la transición española pudiera ser muy importante. Claro, una gran diferencia con el caso de Cuba es que el vecindario geográfico de España (entonces conocido como la Comunidad Europea, hoy la Unión Europea) en forma de consenso le exigió a la dictadura una genuina transición democrática antes de que España pudiera ser parte de la Unión Europea. En el caso de Cuba, el gobierno de Estados Unidos, y los gobiernos latinoamericanos, NO le exigen cambios democráticos a la dictadura como requisito para incorporar a Cuba en las estructuras del sistema interamericano. Y esa aceptación de la dictadura militar cubana, además de ser inmoral, constituye una violación de la Carta de la OEA y otros requisitos democráticos del derecho interamericano”, agrega.
