“Ocupantes ilegales”
Instituciones estatales vendieron inmuebles que aún tenían propietarios legítimos
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LA HABANA, Cuba.- Las familias de Yasel Sánchez Blanco y Olga Noguera Fernández pasaron de víctimas de la corrupción estatal a culpables, como ocupantes ilegales” de sus viviendas. A Yasel el Gobierno de Centro Habana y la Dirección (municipal y provincial) de la Vivienda lo indemnizaron con un apartamento, propiedad de Bárbara Díaz Pacheco. A Olga le vendieron la propiedad de Yasel.
Desde el 2013, Yasel y su esposa Kenia Kessel advirtieron a las autoridades locales del riesgo que corrían sus vidas. El peligro de derrumbe del edificio colindante amenazaba con aplastar su propiedad en Belascoaín 209, Centro Habana.
En marzo del 2014 el matrimonio y sus dos hijos salvaron sus vidas por un milagro. Pasada la medianoche se desplomaron las paredes que habían despertado la alarma. Durante un año exigieron la debida indemnización a las instituciones gubernamentales responsables de su perdida, negándose al traslado hacia el albergue de tránsito propuesto por las autoridades.
Después de llegar hasta la protesta pública frente al Consejo de Estado, en marzo del 2015, el Gobierno de Centro Habana le comunicó a la pareja que la sección de control de fondos habitacionales les otorgaría un apartamento ubicado en Clavel No. 42, Centro Habana.
La “benevolente” entrega se realizó en presencia del vecindario, dirigida por la presidenta de Gobierno, la subdirectora de Construcción, la jefatura de la Vivienda Provincial y la policía. El elenco gubernamental formaba parte de la Comisión de Distribución Provincial (CDP) autorizada a entregar viviendas.
Lo que parecía un caso “revolucionariamente cerrado”, fue el principio de un entramado de corrupción que advierte desfavorables soluciones para las víctimas.
La ilegalidad de los documentos oficiales
Consta en un documento oficial de la Dirección Provincial de la Vivienda (DPV), por el Acuerdo 3292 de la CDP, que la pareja fue indemnizada con el inmueble de Clavel, cerrado durante unos 7 años por el fallecimiento del dueño.
La entrega de la vivienda inhabitable y la seguridad ofrecida por los funcionarios sobre su legalización, generaron confianza en los afectados, quienes comenzaron las reparaciones necesarias para hacer habitable la propiedad.
Las dudas comenzaron cuando, al pasar los meses, la legalización de la vivienda restituida no avanzaba, a pesar que los beneficiados entregaron al Departamento de Control del Fondos la propiedad del inmueble destruido.
El punto final a la esperanza lo agregó la Fiscalía Municipal con una citación que culminó en el cuestionamiento de la legalidad de su vivienda. Hasta el día de hoy a las víctimas les cuesta aceptar que nunca sucederá.
El gobierno municipal y la DPV pasaron por alto que Bárbara Díaz Pacheco informó con tiempo, a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), que sostenía una demanda civil como legitima heredera de la propiedad entregada por la CDP. El fallo del Tribunal a favor de Díaz Pacheco convirtió a Yasel y su familia en ocupantes ilegales en la vivienda “legalmente” otorgada.
En entrevista de la pareja con la actual directora municipal de la vivienda, esta les informó que estaban “desamparados legalmente”. En la misma sintonía la asesora jurídica de la DPV les comunicó que “en el proceso de entrega (de la vivienda) hay errores”, los mismos que forman parte de su argumento para derogar toda la “documentación oficial” emitida hasta el presente.
¿Entrega o venta ilegal?
Cuando Olga Noguera conoció que la propiedad destruida de Yasel había quedado libre, le consultó si tenía interés en ella. Ante la negativa del propietario, gestionó en la DMV el espacio baldío que aún esta peligrosamente amenazado por los restos del edificio desplomado. La aprobación de la entrega (o venta) solucionó en apariencias la vida de Olga, quien vendió su casa en Matanzas y pagó 1 000 dólares por el derrumbe, en la DMV.
Al igual que Yasel, Olga se consideró bendecida por la suerte. Las autoridades le entregaron, pública y oficialmente, los papeles que la acreditaban como propietaria de una vivienda. La documentación en regla le permitió realizar todos los trámites legales de servicios eléctricos, agua, gas y reconstrucción de lo que sería su casa.
Dos años después Olga culminó el techo de la mitad del inmueble. Con su esfuerzo destruyó los restos de concreto del edificio que provoco el derrumbe, que se mantenían apoyados en la pared de la casa. Acción de escombreo que la expresidenta de gobierno, Susana Acea, prometió culminar en el 2015.
La cadena se rompe por el eslabón del pueblo
Fue la heredera Bárbara Díaz quien abrió la caja de Pandora mediante una demanda en la Fiscalía Municipal, exigiendo que se ejecutara la sentencia del tribunal sobre la restitución de su propiedad.
Con el río sonando aparecieron las piedras que ahora pesan sobre las víctimas. Como una mafia bien organizada, dos funcionarios de la DMV rescataron, mediante el engaño, el documento de propiedad entregado a Olga.
“Me mostraron su identificación de la vivienda, un señor corpulento, canoso, que me dijo que era jurídico, y otro que es inspector (…) Cómo iba a saber yo que era para desaparecerla”, declaró a CubaNet la víctima.
Pero los funcionarios dejaron huellas de lo que Olga cataloga como estafa: el documento del 2015 emitido por el Consejo de Administración de Centro Habana y la DMV, firmado por la directora y la jefa jurídica de la institución. En el borroso papel se confirma la aprobación de la entrega a favor de Olga Noguera, solicitando que sea registrada en Belascoaín No. 209. Lo curioso es que hace constar que el trámite se refiere a una propietaria desde 1999.
Poco pueden hacer las dos familias para quitarse el estigma de ocupantes ilegales. Según advirtió la jefa del departamento jurídico de la DPV, en el caso de Yasel, existió un “error”, y en el Olga no se sabe “si la entrega es ilegal o no”.
Mientras lo averiguan, Olga fue declarada oficialmente ocupante ilegal de la vivienda de Belascoaín 209 y espera ser desalojada. Yasel tiene dos opciones: regresar a su antigua propiedad o aceptar una vivienda en uno de los asentamientos que se construyen en la periferia de la ciudad para disminuir el número de albergados.
