Justicia en manos del verdugo

Justicia en manos del verdugo

En Cuba no hay manera de defenderse de las instituciones oficiales

(Foto tomada de internet)
(Foto tomada de internet)

LAS TUNAS, Cuba – Respondiendo una denuncia de la ciudadana Yadira Socarras, del municipio Amancio, provincia Las Tunas, hace poco el periódico Juventud Rebelde (JR) preguntaba: “¿Juez y parte?

La denunciante interpelaba a la dirección de acueducto y alcantarillado de su municipio por permanecer 20 días sin agua. Ante las irregularidades cometidas por los funcionarios, JR se preguntaba: “¿Cómo es posible que los propios responsables de Acueducto en Amancio integraran la comisión (investigadora)? ¿Hasta cuándo respuestas al paso?”

Interrogantes como las de JR se hacen todos los días cientos de cubanos, cuando ante sus denuncias, reciben “respuestas al paso”, y no precisamente a cargos formulados ante funcionarios municipales, sino interpuestos ante el mismísimo Consejo de Estado de la República de Cuba.

Al respecto el artículo 63 de la Constitución expresa: “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado conforme a la ley.”

Pero este enunciado constitucional es de escasa utilidad cuando las instancias gubernativas superiores de la nación, al recibir “quejas y peticiones” de los cubanos, en lugar de resolverlas de forma independiente, las encomiendan a los propios implicados para que den respuesta a los denunciantes.

¿Cómo murió mi hijo Harold?

“¿Dónde usted se va a meter si mi hijo se muere?”, preguntó Rosario Parra, madre del recluso gravemente enfermo Harold Brito Parra, al jefe de la prisión provincial de Las Tunas el viernes 10 de febrero de 2011.

“En ningún lugar, señora, porque voy a ordenar que lo lleven para el hospital ahora mismo”, había dicho el director del penal.

Pero el “ahora mismo” se prolongó hasta la madrugada del sábado, cuando pasada la una de la tarde Harold murió. Interpuesta una queja en el Consejo de Estado, serían oficiales de la jefatura del ministerio del Interior en Las Tunas quienes vendrían a “dar respuesta” a la madre del recluso fallecido. “Les dije que se fueran”, diría a este corresponsal Rosario, quien todavía hoy ignora las circunstancias en que murió su hijo.

En Cuba, los Volkswagen no son para los albañiles

De manos encallecidas por el martillo, la madera y el cemento, de muy joven Carlos Martell siguió los pasos de Falco, su padre, a quien se deben cientos de los techos de hormigón armado de las casas de Puerto Padre.

Temprano ya Carlos a fuerza de trabajo propio se había comprado un VW, cuando en aplicación de la ley contra el enriquecimiento ilícito (“macetas”), el viejo Falco Martell, su padre, fue arrestado, procesado, juzgado y sancionado allá por los años 90.

El viejo Falco fue a la cárcel y sus herramientas, útiles de trabajo y propiedades confiscadas. El día del registro ya se marchaban los policías con palas, cubos, cucharas y llanas, las herramientas del albañil, cuando se apareció el jefe policial: “El VW también”, dijo, y los policías ocuparon el automóvil, que ni estaba a nombre de Falco ni lo había conducido nunca.

Reclamando la devolución de un automóvil no sólo inscripto en el registro de vehículos a su nombre luego del traspaso de propietario conforme a la ley, sino cuya propiedad real era pública y notoria por ser él la única persona que lo conducía, para la devolución de su VW Carlos Martell dirigió “quejas y peticiones” a Fidel Castro, Raúl Castro, Juan Almeida, Carlos Lage y a cuanto dirigente entendió que entre sus facultades muy bien podía estar la de dar cauce a la justicia.

“Todos me respondieron lo mismo”, dijo Carlos a este corresponsal, refiriéndose a la remisión de su caso a las autoridades de Las Tunas, las mismas que habían sancionado la confiscación de su automóvil. Y ahora Carlos va en bicicleta aunque trabajó para ir en VW.

Ni los campos de tiro están seguros

Pero la remisión de las denuncias por parte de autoridades superiores a las partes acusadas para que den “respuesta” a quienes los acusan no se limitan a las personas naturales. Las personas jurídicas también son entregadas a sus verdugos. Tal es el caso de la Federación Cubana de Caza Deportiva (FCCD) del municipio de Puerto Padre.

A tono con los nuevos tiempos, los cazadores de Puerto Padre optaron por disparar menos sobre los animales y, para simular el tiro a las aves en vuelo, se construyeron un campo de tiro a discos voladores impulsados con una máquina de aire comprimido. La administración de dicho campo la asumió la dirección de Deportes del municipio, y “sólo cuando los recursos con que contaba la instalación fueron saqueados, desviados, robados, apropiados, quedando despojada de todo, fue que el en ese entonces director Carlos Peña, nos dijo que le diéramos uso y cuidáramos el Club, que eso era nuestro, cuando ya no nos habían dejado ni una silla en la cual sentarnos”, escribieron al general Raúl Castro el 23 de agosto de 2013 los siete integrantes de la directiva de la FCCD en Puerto Padre.

Frustrados con la actuación de las autoridades locales, en la propia fecha los de la FCCD escribían a Raúl Castro: “Le escribimos porque nos duele ver hechos como este sin que a nadie le preocupe y modestamente, nos gustaría un día entrevistarnos con usted para que conozca de primera mano la verdad de Puerto Padre, pues por las vías que usted conoce, no la conocerá nunca,”

Pero el General actuaría como en tantas otras ocasiones, y serían los mismos que en primera instancia conocieran del pillaje, los encargados ahora de responder, y nada menos, que por encargo del Consejo de Estado, lo que haría a la FCCD en Puerto Padre dirigirse a Raúl Castro por segunda ocasión diciéndole: “nuevamente nos dirigimos a usted, esta vez, para mostrarle nuestra inconformidad con la respuesta dada por la Dirección Provincial de Deportes de Las Tunas a la queja formulada ante el Consejo de Estado por la destrucción de nuestro campo de tiro”.

“Compañero General de Ejército, cuando una persona o una institución, como es nuestro caso, se dirige al Consejo de Estado, es porque en la base político-administrativa del municipio y de la provincia, se han agotado todos los recursos sin conseguir una respuesta medianamente decorosa”, añadían los cazadores devenidos entusiastas del tiro al disco.

Alguien que se desempeñara por más de 35 años como juez lego, Walter Silva Rodríguez, presidente de la FCCD en Puerto Padre, refiriéndose al vandalismo cometido contra propiedades de esa institución escribió al general Raúl Castro: “nunca vi la equidad, la honradez y la moral tan desamparadas como en este caso, donde se ha otorgado a los victimarios el papel de juzgar a las víctimas”.

Volviendo al principio de esta saga de quejas sin respuesta, Yadira Socarrás pregunta a JR, “¿Juez y parte?” Todo es resultado de poner a la justicia en manos del verdugo.

Alberto Méndez Castelló

Alberto Méndez Castelló (Puerto Padre, Oriente, Cuba 1956)
Licenciado en Derecho y en Ciencias penales, graduado de nivel superior en Dirección Operativa. Aunque oficial del Ministerio del Interior desde muy joven, incongruencias profesionales con su pensamiento ético le hicieron abandonar por decisión propia esa institución en 1989 para dedicarse a la agricultura, la literatura y el periodismo. Nominado al Premio de Novela “Plaza Mayor 2003” en San Juan Puerto Rico, y al Internacional de Cuentos “ Max Aub 2006” en Valencia, España. Su novela “Bucaneros” puede encontrarse en Amazon.

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