LA HABANA.- El mes de febrero finaliza y los cuentapropistas cubanos continúan moviendo en el calendario la fecha de reanudación de las licencias de trabajo, congeladas desde agosto del 2017. Aun cuando el Gobierno se rehusó a establecer términos, seis meses es el plazo del pueblo para que el “llamado reordenamiento” no huela a más prohibiciones y gravámenes de impuestos.
Según anunciaron en la prensa oficialista los dirigentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), fue imposible dar una fecha de término, porque en el “proceso de perfeccionamiento encaminado a corregir deficiencias” están involucrados muchos organismos y ministerios. Habría que preguntarse, ¿eso es problema para el centralismo puro establecido en Cuba? Claro que no.
Lo que el Gobierno llama “perfeccionamiento” no es más que una pausa para eliminar lo que ellos denominan acumulación de riquezas (en manos de otros), conocido en el resto del mundo como prosperidad lícita.
Detrás de la suspensión
Después de la paralización de licencias prosiguieron operativos policiales y cierres de establecimientos que habían ganado una notoria popularidad.
El restaurante SuperMachi, ubicado en la calle 15 del municipio Varadero, fue por varios años el más visitado por turistas nacionales y extranjeros. El negocio, a escasos metros de la playa, servía con una rapidez no acostumbrada en Cuba comida criolla elaborada delante de cliente. Los vecinos de los propietarios confirmaron que después de abrir un segundo restaurante, fue retirada la licencia y cerrados ambos establecimientos.
“Se fueron a Cancún (México) y abrieron un SuperMachi allí (…) Se llevaron a varios trabajadores”, asegura Carlos Márquez, cuentapropista en Varadero.
La última embestida oficial contra lo próspero del sector privado se registró tres meses antes que finalizara el pasado año. El operativo policial contra los cuentapropistas más grande del 2017 culminó con el cierre de siete establecimientos gastronómicos reconocidos. Según fuentes consultadas que residen en los alrededores de estos negocios la causa fue la muerte de una joven por sobredosis de cocaína.
Los populares bares Bolahabana y Mío&Tuyo, en el municipio Playa, y El Cañón, en La Habana Vieja, quedaron cerrados de forma definitiva, al quedar bajo la influencia de una red expendedores de drogas que también abarca los centros nocturnos estatales, e involucró al pintor Alexis Leiva Machado (Kcho)
Una fuente anónima cercana a Norkis y Karel, dueños del bar-restaurante Bolahabana, relató a CubaNet pormenores del proceso seguido a los cuentapropistas: “Le decomisaron el local y todo lo que había dentro del bar: platos, copas, cubiertos. Durante el registro en la casa le confiscaron 300 mil dólares y dos autos (…) La abogada que contrataron les advirtió que todo lo ocupado lo dieran por perdido, aun cuando ganaran el caso”.
Vecinos colindantes al bar, aseguraron que el espacio fue destinado para una academia de baile para niños.
Salvar las ganancias
Con las barbas del vecino ardiendo, el resto del sector privado puso las suyas en remojo. Aumentó la fuga de capitales y la evasión temporal de cuentapropistas hacia el extranjero. Dentro de la isla el mercado particular de autos disparó los precios.
Bajo el nombre de Antonio para proteger su identidad, el dueño de un WV Passat del 2012 confeso a CubaNet su arrepentimiento por vender su auto, en 50 mil dólares. La venta que realizó en agosto se elevó a 80 mil a finales de año, cuando un Hyundai i10 (2004) subió de 30 a 45 mil dólares y un KIA Picanto alcanzó la cifra de 60 mil dólares.
El alza repentina del precio de los autos ha sido el mejor indicativo de la acumulación dinero en el sector privado, debido a que no pueden o temen expandir sus negocios. Esta posesión descontrolada de moneda en manos ajenas a la cúpula gobernante, es la principal preocupación del Gobierno y la causa que provoca las nuevas medidas de estrangulación que se esperan.
Como si no rigieran en el sector particular las prohibiciones para la expansión, propio del centralismo puro, cuando se anuncien las nuevas medidas para el sector privado, los arrendadores de vivienda, los servicios gastronómicos de bares y restaurantes, los transportistas y otros negocios considerados por el Gobierno como los más lucrativos, serán obligados a crear una cuenta bancaria para reflejar sus ingresos.
Lo que está por venir
Durante seis meses de congelamiento han sucedido demasiadas cosas desfavorables para el sector privado, lo que alimenta el pensamiento negativo en cuanto a lo que está por promulgarse. Sobre todo si se tiene en cuenta que las licencias suspendidas establecen las reglas para los negocios señalados como más rentables.
A mis manos han llegado varias resoluciones del MTSS que dejan mal parados a los emprendedores. Todas han sido copias ficticias o mezclas de lo que se sabe, algo acostumbrado por la parte oficial para conocer las reacciones sociales. Para confirmar estas versiones, contactamos varias fuentes oficiales para al menos dejar claro las intenciones de la “corrección de deficiencias”.
Un funcionario del MTSS que solicitó ocultar su nombre reveló que estaba informado sobre el incremento de las cuotas fijas de impuestos para los arrendadores de casas y habitaciones al turismo.
La medida no tiene nada que ver con la “corrección de deficiencias” o “desviaciones en la implementación de la política aprobada”, sino que está encaminada a reducir las posibilidades del incremento de los arrendadores de casas. Solo en el municipio Centro Habana, en el último año, las casas de alquiler superaban las cinco mil, a pesar de que la localidad es la más afectada por el déficit habitacional.
Según la versión de una funcionaria de la Empresa Estatal de Aguas de La Habana, fueron ordenadas pesquisas en las casas de renta para deducir un estimado del gasto de agua. Arrendadores contactados confirmaron que, aunque desconocen los motivos abrieron las puertas a inspectores estatales quienes dedujeron los gastos de agua.
Los cuentapropistas coinciden que se avecina la subida de la tarifa de consumo de agua y electricidad. Lo que no se puede determinar es, si comenzara a cobrarse a los cuentapropistas en moneda convertible (CUC). Eso y más es lo que se espera.
A siete años de la llamada apertura económica que involucra a unos 567 982 cuentapropistas, navegar contracorriente parece ser el destino del sector privado cubano. Aun cuando se empeñen en llamarles emprendedores, no lo serán nunca sin los derechos elementales que les permitan legalmente crecer y expandir su marca en el país que los vio nacer.
