LA HABANA, Cuba, 4 de octubre 2013, Víctor Ariel González/ www.cubanet.org.- Al calor de lo que parece ser una cruzada contra comerciantes de ropa y zapatos, este reportero entrevistó vendedores en la capital, quienes mostraron su preocupación por las medidas promulgadas recientemente y las advertencias hechas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en los medios de comunicación. Según el diario Granma, “como parte de las nuevas disposiciones puestas en vigor desde el jueves 28 de septiembre, funcionarios del MTSS afirmaron que la venta de productos de factura industrial, o comprados en el exterior por modistas o sastres (…) constituirá una infracción y llevará la aplicación de una contravención a quien realice esta actividad”. (Ver en página 8 del 2 de octubre de 2013)
Ha pasado una semana y los vendedores continúan en sus lugares habituales “esperando” a que vengan a clausurar su negocio. La primera queja referida por uno de ellos fue la falta de previsión por parte del gobierno: desde que se comenzaron a expedir licencias de modistas o sastres surgió una vasta red de vendedores de ropa que percibieron un marco jurídico propicio; algunos emprendedores hipotecaron sus pequeñas fortunas familiares y se creó todo un sector laboral. Las autoridades permanecieron en silencio viendo cómo prosperaba la actividad.
“¿Y ahora es que nos van a cerrar, después de que puse mi dinero?”, se pregunta un comerciante que no quiso ser indentificado.
Ante el temor al cierre definitivo, algunos precios están disminuyendo para poder recuperar algo de la inversión en el menor tiempo posible. Una cuentapropista sugiere que al menos deberían establecer un plazo para salir de la mercancía que tiene.
Todos coinciden en que les gustaría que se hubiese creado una cadena estatal de ventas al por mayor, para no tener que ir a comprar a México, Panamá o Ecuador, principales proveedores del mercado independiente en la Isla. Pero el gobierno cubano toma el camino opuesto e insiste en desarticular este renglón.
“Dicen que hay que cambiar la mentalidad, pero siguen haciendo las mismas cosas de siempre”, comenta uno de los afectados en alusión al discurso actual de la oficialidad, que contrasta con la medida anunciada.
Curiosamente, al tratar de entrevistar a los vendedores de la tienda Gaya, en la Avenida Carlos III, estos se negaron a expresar su opinión con el pretexto de que “les habían orientado” no hacer declaración alguna. Esto demuestra que también hay temor por parte de las autoridades hacia la reacción negativa que desencadene la puesta en vigor de las nuevas leyes en los próximos días, cuando los inspectores y la policía visiten uno a uno los bazares.
En referencia a los posibles problemas que puedan surgir, otro encuestado opinó que será difícil que algunas personas accedan a la ordenanza sin protestar, principalmente los que han puesto todo su empeño en el negocio. De cualquier forma, con certeza el gobierno se las arreglará para que el descontento no se convierta en un movimiento popular medianamente importante.
A fin de cuentas, no es la primera vez que se decide eliminar a un grupo visible de individuos que tiene éxito en su gestión económica privada.