FORT PIERCE, Estados Unidos.- La realización de un censo durante los días 25 y 26 de julio no debía tomarse como un elemento positivo en torno a alguna medida que pudiera solucionar el conflicto migratorio de los cubanos en territorio colombiano. Esta acción respondió a una solicitud de la Procuraduría General de la Nación en la reunión celebrada el pasado 14 de este mes en Bogotá.
Al parecer, la deportación será la única vía para solucionar el grave conflicto, una vez vencido el plazo asignado por la Procuraduría General de la Nación al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la toma de decisiones respecto a la situación de los casi cuatro mil cubanos varados en el municipio de Turbo, según las últimas estimaciones,
El director de Migración Colombia, Christian Krüger, anunció el martes 26 de julio que trabaja junto a la Cancillería para iniciar la repatriación de los migrantes, aunque pretenden legalizar la forma de poder acceder al sitio donde se encuentran reunidos la mayoría de los cubanos, así como iniciar los trámites administrativos para sancionar al propietario de la bodega.
En los últimos días se ha incrementado la llegada de migrantes. La cifra ha llegado a superar en ocasiones la totalidad de cien personas en un día, por lo que el hacinamiento y las condiciones higiénicas son cada vez peores en el viejo almacén convertido el albergue. Se estima que hay entre 3 000 y 4 000 cubanos, entre ellos niños, mujeres embarazadas, y hasta un recién nacido, el primero que nace en Turbo. Ya no hay sitio para tantos, por cuanto se ha triplicado la cantidad de personas albergadas en los últimos días.
A pesar del censo recomendado, no se han precisado los datos exactos sobre el número real de cubanos; aunque el secretario de Gobernación de Turbo, Emélides Muñoz, ha declarado que la población de migrantes procedentes de la isla caribeña ha crecido en las últimas semanas en el principal sitio de reunión; pero se desconoce la situación real de muchos que se encuentran dispersos por varios lugares del municipio y de otros que están escondidos.
La reunión en la capital colombiana, en la que no hubo consenso acerca del futuro de la crisis, pero si la disposición para la deportación masiva, ha provocado la inconformidad, no solo de los cientos de cubanos afectados, sino de líderes religiosos y políticos de la nación.
Recientemente el Obispo Elkin Álvarez, nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), pidió al gobierno colombiano que resuelva la crisis migratoria de Turbo. El líder religioso no solo mostró preocupación por los cubanos, que son la mayoría, sino por los haitianos y hasta muchos extracontinentales asiáticos y africanos.
En rueda de prensa efectuada en instalaciones de la Conferencia Episcopal, se denunció la incapacidad de los gobiernos de la región para buscar soluciones que protejan los derechos humanos de los migrantes. Monseñor Hugo Torres Marín, obispo de Apartadó, criticó la respuesta del gobierno nacional, considerando que la deportación no puede ser la solución.
La respuesta de la institucionalidad colombiana ha resultado insuficiente porque se ha limitado a deportar a los migrantes considerados irregulares, y por otro lado ha sido contradictoria, ya que las autoridades locales de Turbo expiden salvoconductos para facilitar el traslado de los migrantes hacia Panamá.
La comunidad cubana en Turbo solicitó la pasada semana permiso a la Alcandía Municipal para efectuar una marcha pacífica hasta llegar a la sede de migración, a la alcaldía y al parque central, lo que fue denegado por parte de las autoridades, las que enviaron una carta expresando que no pueden realizar manifestaciones públicas, por cuanto su constitución solo lo establece para los nacionales. La misiva firmada por el Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa advierte que de manera adicional las manifestaciones públicas masivas podrían ser una amenaza al orden público.
El diario colombiano La Opinión dio a conocer el domingo 24 de julio la intervención de la policía de Santander en la detención de ocho migrantes cubanos procedentes de Venezuela, los que aprovechando la apertura de la frontera por solo doce horas, lograron pasar a territorio colombiano con la finalidad de llegar a Panamá. Los detenidos fueron presentados ante Migración Colombia, en Cúcuta, entidad encargada de realizar los trámites correspondientes para su deportación, lo que demuestra el incremento de la vigilancia policial y de las autoridades de migración como medida ante la difícil situación de ciertas localidades colombianas por el paso de migrantes.
Miembros del Movimiento X Cuba estiman que alrededor de 400 cubanos, entre ellos niños, han partido la pasada semana desde Ecuador rumbo a Colombia para unirse en Turbo a sus coterráneos, con lo que se incrementará aún más la cifra de migrantes.
El gobierno cubano —aún sin que sepamos acerca de sus posibles pretensiones o ganancias— tuvo participación en el acuerdo de la paz a partir del cese al fuego y el desarme definitivo de sus Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) alcanzado el pasado 23 de junio en La Habana, lo que evidencia los vínculos entre ambas naciones.
Los gobiernos de Costa Rica y Panamá demostraron su sentido de respeto a la integridad del hombre y a los derechos humanos al gestionar y negociar el establecimiento de puentes humanitarios desde sus países; el gobierno colombiano pudiera hacerlo si se lo propone. Los cubanos esperan que se realicen acciones encaminadas al logro de su fin y no que se asuman actitudes que puedan poner en riesgo aún mayor sus vidas. Esperemos que el gobierno que dirige Juan Manuel Santos no se solidarice con la decadente dictadura castrista, ni siga el mal ejemplo del maniático Rafael Correa, quien, de manera silenciosa, con premeditación y alevosía deportó a más de un centenar de cubanos.