LA HABANA, Cuba, octubre, 173.203.82.38 -Las recientes correcciones a las leyes migratorias del país –Decreto Ley No 302 modificativo de la Ley de Migración de 1976–, largamente esperadas y no menos demandadas, han generado enormes expectativas y en mi criterio exageradas euforias en esta nación occidental donde por muchas décadas los ciudadanos debían pedir permiso para entrar y salir de su tierra. En estos días me he dedicado a estudiar las nuevas disposiciones y también los criterios de los cubanos de a pie que a estas alturas se debaten entre el ansia tanto tiempo contenida, las esperanzas, la incertidumbre y la desconfianza.
En primer lugar hay que reconocer que las autoridades han cumplido con su obligación de suprimir los inadmisibles permisos de salida y carta de invitación como requisitos indispensables de los viajes privados, además han reconocido el derecho de los menores a viajar, han ampliado los fundamentos para los procesos de repatriación, han extendido a veinticuatro meses el tiempo de permanencia en el exterior sin perder la residencia, amén de eliminar las abusivas gabelas que cobraba por cada mes de estancia allende fronteras.
En el programa especial de la televisión nacional de la noche del 24 de octubre donde autoridades responsables expusieron y explicaron particularidades del tema se anunciaron otras disposiciones que fundamentalmente abren las puertas del país a cubanos considerados “desertores” por el gobierno, que hayan hecho efectiva su escapada ocho años atrás.
Eran tan impresentables las regulaciones hasta ahora vigentes que indudablemente las nuevas disposiciones constituyen un avance, sobre todo porque se simplifican y abaratan los trámites de salida y entrada al país. Sin embargo los gobernantes cubanos, que habían convertido las limitaciones a la libertad de movimiento en uno de los principales mecanismos de control y coerción sobre los ciudadanos, no se abstuvieron de imponer en las nuevas disposiciones elementos que garanticen este control, en especial sobre ciudadanos de connotación sensible para las autoridades.
De tal suerte funcionarios, graduados universitarios, opositores políticos y atletas de alto rendimiento pueden quedar “legalmente privados del derecho a viajar” en tanto las nuevas disposiciones otorgan potestad al gobierno para determinar, según su criterio e interés, quien es acreedor de pasaporte y quién no. Esta potestad discrecional viene a sustituir al permiso de salida como la herramienta de control, manipulación y chantaje con que se arma el poder contra uno de los principales valores de la democracia.
Todavía muchos cubanos entusiasmados con las nuevas medidas y al no reconocerse como afectados por ellas pierden de vista que el pasaporte es un derecho inalienable del ciudadano como tal reconocido. A los efectos de este documento el gobierno constituye un simple intermediario burocrático sin derecho alguno a privar de él a un compatriota.
La nueva legislación excluye del derecho al pasaporte a las personas sujetas a proceso penal, con obligaciones pendientes con el servicio militar, profesionales necesarios al desarrollo económico y social o portadores de secretos de interés estatal. También se aducen “razones de defensa y seguridad nacional”.
Está claro que las personas con deudas penales o civiles no deben abandonar el país, pero eso no tiene relación alguna con la tenencia del pasaporte o el derecho a este. Por otra parte la ley tiene que ser formulada de forma positiva y concreta, decir “Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen” abre un espectro demasiado amplio para la más arbitraria discrecionalidad y otorga una patente de corso al estado para reprimir o castigar a quien le resulte indeseable por razón de sus posiciones políticas o ideológicas.
Resulta inconcebible además que un título universitario obtenido gracias al talento y esfuerzo personal en los centros de estudio que el gobierno acaparó para sí y debe regentear por obligación estricta, se convierta en una especie de contrato de esclavitud que obstruye el libre albedrio y desenvolvimiento personal de los profesionales. Tal actitud convierte a la capacitación profesional no en un derecho si no en una muy cara dádiva de un poder omnímodo y represivo. La calificación de los profesionales como capital humano formado por la revolución para coartar la libertad de las personas resulta una forma de instrumentalizar a las personas que caracteriza muy bien la naturaleza del sistema.
Con la eliminación del permiso de salida y la carta de invitación el gobierno cubano logra una inmediata limpieza de imagen y pasa a otros Estados la obligación de implementar medidas restrictivas que contengan la oleada de cientos de miles de cubanos ansiosos por abandonar el paraíso castrista.
Sin embargo, con estas nuevas disposiciones el Estado cubano da muchos pasos atrás en el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales. En la etapa colonial un esclavo solo debía poseer el dinero para comprar la libertad de su hijo y sufragar el viaje de este al extranjero. La historia conserva el testimonio de las demandas judiciales interpuestas contra particulares –nunca el Estado– por la violación de estos derechos.
Usurpar de esta manera el derecho al pasaporte afecta directamente a un segmento sensible de la población –opositores, profesionales, militares, atletas y funcionarios– y coloca una peligrosa espada de Damocles sobre la cabeza de todos los ciudadanos sin distinción.
A partir del 14 de enero entrarán en vigor estas nuevas disposiciones, desde ese día muchos cubanos podrán cumplir su sueño de viajar al extranjero, otros tantos sufrirán la decepción de ser víctimas del lógico proteccionismo migratorio que lógicamente impondrán los países receptores y el mundo conocerá como el único totalitarismo de occidente, tan poderoso y tan débil a la vez, convierte una vez más en ley la violación flagrante de un elemental derecho.