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Rebajan calificación crediticia de Cuba ante la falta de reformas

(Reuters)

MIAMI, Estados Unidos.- La agencia de calificación crediticia Moody’s bajó la perspectiva de la nota soberana “Caa2” de Cuba a “estable” desde la “positiva” que ocupara previamente, debido al estancamiento del proceso de apertura entre Washington y La Habana, informa Reuters.

La prestigiosa agencia ratificó la nota “Caa2” de Cuba, citando debilidades como “un acceso limitado al financiamiento exterior, ineficiencias estructurales, el riesgo de transición política y, más importante, una limitada transparencia de datos”.

“Los principales motivos de la decisión de Moody’s de cambiar el panorama a estable desde positivo son el proceso estancado de acercamiento con Estados Unidos y las menores perspectivas de mayores reformas económicas en la isla”, dijo la agencia en un reporte.

El Gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles nuevas restricciones a los viajes y el comercio con Cuba, cumpliendo la promesa del presidente Donald Trump de frenar el acercamiento iniciado con La Habana por su predecesor, el demócrata Barack Obama.




La hipoteca inmobiliaria en Cuba

LA HABANA, Cuba, enero, 173.203.82.38 -El pasado 20 de enero, se cumplió un mes de la entrada en vigor del Decreto-Ley No. 289, “De los créditos a las personas naturales y otros servicios bancarios”, el cual incrementa y diversifica la oferta de créditos a los ciudadanos, por parte de las instituciones financieras cubanas.

La nueva disposición parte de la política monetaria aprobada en el Sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, el pasado 18 de abril, la que modificó el “Código Civil” para redefinir el contrato de préstamo bancario y agregar la hipoteca inmobiliaria, como garantía de cumplimiento.

La institución jurídica constituye una garantía reconocida internacionalmente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de créditos financieros. En Cuba, estuvo en desuso por más de 50 años en el sistema legal, y es totalmente desconocida por la mayoría de los ciudadanos.

El referido decreto ley, emitido por el Consejo de Estado, aprueba su constitución sobre viviendas ubicadas en zona destinadas al descanso o veraneo, y solares yermos, ambos de propiedad personal, que hasta entonces no se reconocía en las leyes civiles vigentes.

En 1974, fue derogado en Cuba el procedimiento sumario para el cobro de créditos hipotecarios, regulados en la Ley Hipotecaria extensiva a Cuba por la Ley del 14 de julio de 1893, y su Reglamento. Ambas normas, aun vigentes en el sistema legal, fueron consideradas contrarias a los principios del sistema socialista.

No fue hasta noviembre de 2000, que el gobierno de la Isla, por medio del Decreto Ley 214, introdujo en el sistema legal normas que posibilitaron la constitución de hipotecas sobre bienes inmuebles, propiedad de entidades económicas cubanas dedicadas al desarrollo inmobiliario, que contrajeran obligaciones con instituciones financieras extranjeras.

No obstante, la constitución de la hipoteca necesitaba la autorización del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. El Estado cubano, además, se arrogó el derecho preferente para la adquisición de los títulos hipotecarios mediante el pago de su valor cuando sus propietarios por cualquier motivo decidan venderlos, cederlos o traspasar su dominio.

Según la nueva disposición, la hipoteca se constituye exclusivamente a favor de las instituciones financieras, por el valor que resulte de la tasación actualizada del inmueble, formalizada mediante escritura notarial e inscriptas en el Registro de la Propiedad.

Vencido el plazo para el pago del crédito concedido, sin que se hubiere honrado o reestructurado la deuda, la institución financiera está facultada para ejecutar la hipoteca, conforme a los trámites establecidos en la legislación vigente.

El Decreto-Ley 289, también modificó la “Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico”, para dar fuerza ejecutiva a los contratos derivados de operaciones crediticias realizadas exclusivamente por las instituciones financieras, como títulos de créditos líquidos, vencidos y exigibles.

No obstante, consideran inembargables la vivienda permanente del deudor, los bienes de uso imprescindible para la vida doméstica de su propiedad personal, las pensiones alimenticias y de la seguridad social. Sin embargo, una de las principales críticas a esta normativa,, y que pone en duda su aplicación práctica, radica en la subvaloración de los bienes inmuebles en la tasación oficial.

¿Las instituciones financieras otorgarán créditos, garantizados con hipoteca, que según la tasación oficial tendrían un valor inferior al préstamo que solicita? Actualmente el valor de la venta de una vivienda o terreno en el mercado inmobiliario informal, supera al que puede constituirse mediante crédito hipotecario.

Otro punto de fricción está en las posibles fuentes de amortización y la capacidad de pago del solicitante. ¿Se arriesgará un trabajador a recibir un crédito, ofreciendo como fuente de amortización para saldar un crédito hipotecario, solamente con un tercio del salario establecido por el Estado?

La nueva modificación representa un paso de avance en el tráfico jurídico y financiero, y deja el camino abierto para que en un futuro cercano pueda aplicarse, en toda su extensión legal, la hipoteca inmobiliaria. Sin embargo, también lo llena de inseguridad, sobre todo para aquellos que soliciten créditos y no tengan otra forma de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Por una parte, porque en el sistema socialista no existen mecanismos reales de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Por otra, por la facilidad con que el ejecutivo puede modificar, e incluso derogar, leyes aprobadas por el órgano legislativo.




Créditos para todos

Banco Nacional de Cuba

Banco Nacional de Cuba
Banco Nacional de Cuba

LA HABANA, Cuba, abril (173.203.82.38) – En una sesión del Consejo de Ministros ampliado, efectuada el 25 de marzo, de la cual la prensa nacional publicó una nota sin muchos detalles, se adoptó una nueva política bancaria encaminada a ofrecer créditos a las personas naturales, en especial a los productores agropecuarios y a  personas autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia con el objetivo de facilitar sus actividades.

Indudablemente, se trata de un paso en la dirección correcta, pero que necesitará una serie de medidas adicionales para que realmente beneficie a los pequeños productores del campo y la ciudad. Además, se requiere conocer las condiciones en que se otorgarán los préstamos, por ejemplo, si también los habrá en moneda convertible; si sería posible reembolsar parte o todos los créditos en productos, y otras cuestiones esenciales para poder evaluar la medida a plenitud. Hasta ahora solo se conocen datos, no confirmados, de que el interés será de un 3,0%  en los dos primeros años, 5,0% en los próximos 3 años, y 7,0% para el resto del período.

Desde hace tiempo, el Estado ofrece créditos a los pequeños agricultores, fundamentalmente para estimular algunas pequeñas producciones, como caña de azúcar, café y tabaco, así como a las Cooperativas de Créditos y Servicio, entidades muy controladas políticamente por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).  No obstante, estos préstamos nunca se reflejaron en verdaderos avances en la agricultura, y se conoce la caótica situación existente en las producciones cañera y cafetalera.

De ello se desprende que los créditos tienen que acompañarse de la liberalización de la producción agrícola y el trabajo por cuenta propia, sin lo cual no se lograrían los resultados urgentemente demandados por la economía. En primer lugar, hay que abandonar los viejos dogmas, que bloquean el progreso de la iniciativa privada e impiden su desarrollo. Conceptos desfasados, incluso plasmados en el punto 3 del Proyecto de Lineamientos del VI Congreso del PCC. Si estos criterios persistieran, tendría poco sentido que las personas pretendieran hacer avanzar sus iniciativas, conociendo que en cualquier momento podrían ser aplastados sus deseos de progresar. En consecuencia, los créditos únicamente contribuirían a mantener los negocios a niveles muy reducidos y con escasa significación para la economía.

Por otra parte, cuando se otorgan préstamos es para posibilitar adquirir algo. Pero no existe un mercado mayorista, y para los campesinos la oferta de insumos es muy limitada y a precios excesivamente altos.  Según  publicó  la Gaceta Oficial, el precio de una azada (guataca) es de 115 pesos; un pico sin cabo 200 pesos; un cubo para ordeño, 235 pesos; una cantara para leche 855 pesos y así sucesivamente, en un país donde el salario medio mensual era de 436 pesos al cierre de 2010.

Además, resulta difícil conseguir piensos balanceados, fertilizantes, herbicidas, pesticidas y combustible, y ni soñar adquirir tractores, camiones y otros equipos indispensables en una agricultura moderna.

Como contrapartida, los agricultores están sujetos al monopolio del Estado para la venta de sus producciones. Este fija unilateralmente los precios y las condiciones de entrega de los productos, y después, por el deficiente trabajo de las organizaciones acopiadoras que, en ocasiones demora extraordinariamente el pago. Si se desea que los préstamos cumplan una función alentadora, esto deberá corregirse y permitir la venta directa en el mercado o mediante mecanismos alternativos de acopio sobre bases libres para fijar los precios.

En cuanto a los cuentapropistas, junto al desarrollo del mercado mayorista y el cambio de  las concepciones restrictivas al progreso de los negocios, tienen que eliminarse las limitaciones y prohibiciones absurdas, ampliar lo más posible el permiso para realizar nuevas actividades, llevar los impuestos a niveles racionales que no ahoguen la iniciativa privada, y permitir en una primera etapa las empresas pequeñas y medianas (PYMES).  En ese marco los créditos sí podrían dar verdaderos beneficios.

Paralelamente debe procurarse la cooperación internacional para ofrecer créditos, así como  asistencia material y técnica a los pequeños negocios de la agricultura y el comercio privado. Seguramente países y organizaciones no gubernamentales estarían dispuestos a colaborar, si tuvieran seguridad de que los proyectos no serán abortados posteriormente. La comunidad cubana en el exterior podría tener una participación positiva. De hecho, Cuba Study Group ha realizado propuestas concretas con montos de dinero disponible para apoyar estas iniciativas.  Sería inteligente escuchar a las organizaciones y personas que, soslayando las diferencias políticas, quieren ayudar a Cuba con su experiencia y recursos.  China y Vietnam, dando muestras de pragmatismo, lo han venido haciendo desde hace años.

Las condiciones internacionales son inciertas.  A pesar de ciertas mejorías en la economía mundial, existen grandes riesgos en cuanto a la estabilidad de los precios de los alimentos.  Al cierre de febrero, el índice de precios confeccionado por FAO, tomando como base los promedios del período 2002-2004, mostró la elevación en 2,36 veces, de los cuales la carne 1,70; la leche y productos derivados 2.30; los cereales 2,54;  los aceites y grasas comestibles 2,7, y el azúcar 4,1; el producto con mayor incremento, pero lamentablemente Cuba no tiene excedentes de azúcar significativos para exportar.

La tendencia es a continuar el aumento de los precios, debido a los desastres naturales en áreas productoras y el mayor consumo en populosos países como India y China, mientras el alza de la cotización del petróleo encarece los costos de producción y estimula la conversión de  alimentos –cereales, semillas oleaginosas caña de azúcar- en biocombustibles.

Por todo lo anterior, para Cuba que hoy necesita importar cerca del 80,0% de sus requerimientos, el incremento de la producción de alimentos es más perentorio que nunca. Este objetivo no podrá lograrse si no se cambia profundamente las estructuras agrarias y son abandonadas concepciones fosilizadas.