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GUANTÁNAMO, Cuba.- Desde este 4 de mayo sesiona en Guantánamo el 5to Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares extranjeras, que se extenderá hasta el próximo sábado. Según publicó el periódico Juventud Rebelde este jueves, participan en el evento alrededor de 200 “voces” (sic) de unos 25 países, entre las que se encuentra la de María Do Socorro Gomes, al frente del Consejo Mundial por la Paz. Este primer día el Seminario sesionó en el teatro de la Universidad de Ciencias Médicas, fuertemente custodiado por efectivos de la Seguridad del Estado. El parqueo estuvo ocupado por varios ómnibus de Transtur, autos de turismo, numerosos vehículos oficiales y hasta una ambulancia del SIUM (Sistema Integral de Urgencia Médica), una técnica de asistencia que no siempre acude al llamado de los guantanameros debido a su escaso número en la provincia. Cuánto le cuesta a Liborio un evento como éste no lo sabemos. Al menos la prensa “objetiva y revolucionaria”, que es la que pudiera tener acceso a los datos, nunca lo informa. De nuevo las mentiras sobre la Base Naval Yanqui En la página 4 del periódico Juventud Rebelde fue publicado un extenso artículo de Harold Bertot Triana, profesor del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, y de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Habana, sobre aspectos jurídicos relacionados con la base. El artículo repite algunas de las mentiras enarboladas por el oficialismo sobre el caso. La primera es que la base es ilegal. Para fundamentar tan peregrina observación Bertot Triana afirma que la base fue impuesta por la fuerza. Es una verdad a medias si nos atenemos al momento de la legitimación del enclave militar y una absoluta mentira si nos remitimos al tratado internacional que prorrogó su permanencia. La Enmienda Platt fue endosada por presión norteamericana a la Constitución de la república democrática proclamada el 20 de mayo de 1902, pues, de no haber sido aprobada por la Convención Constituyente, la ocupación yanqui se habría prolongado aún más. El profesor Bertot Triana se cuida mucho de decir al lector que cuando se firmó el Tratado de Relaciones de 1934, que prorrogó la permanencia de la Base, Cuba no estaba ocupada militarmente por nadie, ni que esa prórroga no se debió a presión de ninguna índole. El documento, firmado en 1934, estableció que el arrendamiento del terreno sería a perpetuidad y que el tratado sólo podría revocarse por acuerdo mutuo de las partes. Sin embargo Bertot llega a afirmar que el gobierno de Carlos Mendieta era “ilegítimo para expresar la voluntad del pueblo”, aunque el lector se queda con los deseos de recibir una explicación convincente sobre esto, mucho más cuando el articulista sabe muy bien que un acuerdo de este tipo sólo puede surtir efectos cuando las partes que lo suscriben se reconocen legitimidad para formalizarlo. Si el gobierno de Carlos Mendieta hubiera sido ilegítimo como asegura Bertot, los norteamericanos no lo habrían reconocido, ni quienes crearon la Constitución de 1940 habrían dejado de repudiar ese tratado de considerarlo lesivo a la soberanía del país. Recuerdo que entre esos asambleístas había varios comunistas, algunos de ellos intelectuales ilustres como Salvador García Agüero y Carlos Rafael Rodríguez. No creo que Bertot los considere traidores por ello. Finalmente expongo que si Bertot le resta legitimidad al gobierno de Mendieta porque no consultó al pueblo para prorrogar la permanencia de la base o porque no fue elegido por él, le recuerdo que ningún gobernante del castrismo ha sido electo por el pueblo y cuando los soviéticos establecieron la base de espionaje de Lourdes, en el occidente del país, el pueblo tampoco fue consultado. ¿Eso hizo ilegal a dicha base? La segunda mentira consiste en afirmar que el Derecho Internacional otorga la razón al castrismo. El articulista asegura que la Convención sobre Derechos de Tratados permite sostener la posición cubana y cita varios de sus artículos. Pero, como él mismo reconoce, esa Convención fue aprobada en 1969, es decir, 35 años después de firmado el Tratado de Relaciones, y un principio del Derecho Internacional Público es el de la irretroactividad, por tanto su tesis es jurídicamente insostenible. Pero bien, si el gobierno cubano es quien tiene el derecho, ¿por qué no presenta el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Sobre el particular el profesor no habla claro. El caso es que el castrismo —tan apegado al derecho y a la verdad como asegura que es, y conste, todavía hay muchos que le creen— nunca ha intentado presentar el caso ante ese tribunal internacional. Por algo será, y no precisamente porque el Derecho Internacional respalde su posición. La tercera mentira consiste en asegurar que la existencia de la Base limita el ejercicio de la soberanía del pueblo cubano. No es la base, sino el sistema de gobierno impuesto en Cuba desde 1959 el que limita el ejercicio de la soberanía popular. Los cubanos no sólo carecemos de poder para elegir a nuestros gobernantes, a los miembros del sistema judicial y a gran parte de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular sino que tampoco lo tenemos para crear leyes y hacer que nuestros anhelos se conviertan en realidad. Si a ello unimos el estado de indefensión que sufre la ciudadanía ante los abusos de los funcionarios del Estado podemos concluir que el pueblo cubano carece de soberanía porque esta ha sido secuestrada por la élite gobernante. La cuarta mentira consiste en asegurar que la base existe en contra de la voluntad del pueblo cubano porque jamás se ha sometido esa cuestión a consulta popular. Como cubano deseo que esa parte de nuestro territorio sea devuelta, pero cuando nuestro país sea verdaderamente democrático. Entonces no habrá que enarbolar mentiras ni tener que gastar tanto dinero en eventos como este para lograrlo.

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