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LA HABANA, Cuba.- Ni la prisión de su esposo, ni el sarcasmo de la burocracia, ni la amenaza de perder su trabajo doblegan a Marthadela Tamayo. Vecina de Antilla, en la provincia Holguín, esta mujer de 30 años presentará una queja ante la Fiscalía General de la República, esta semana, por calumnias en la sentencia dictada contra su esposo, Miguel Santana. El 25 de noviembre de 2013, Santana fue sancionado a tres años de prisión por el Tribunal Municipal Popular de Antilla. Su delito fue haber causado una fractura en la pierna izquierda a Braulio Cuenca Cruz, residente en el mismo municipio. A inicios del año anterior, el 15 de febrero de 2012, Cuenca Cruz, sin algún antecedente conflictivo con Santana, había ido a provocarlo a la puerta de su casa armado de un tubo de metal y una botella rota. Santana logró desarmarlo, y con el mismo tubo golpeó la pantorrilla izquierda de su adversario. Un año para sancionar a Santana y una razón Si se pregunta en Antilla por él le dirán que es "el hombre de los derechos humanos". Recolector de firmas de diversos proyectos de la sociedad civil, Santana está presente luego del paso de un ciclón para ofrecer apoyo moral a los damnificados, ya que no cuenta con recursos materiales para resolver los problemas de la población. Les defiende de los abusos de las autoridades y les enseña cuáles son sus derechos. Tan notable ha sido su trabajo, que en una ocasión una miembro activa de las Fuerzas Armadas, vecina del lugar, expresó públicamente que iría a buscar a "Miguelito, el hombre de los derechos humanos", para quejarse por una injusticia cometida contra ella. Tras el paso del huracán "Sandy", en 2012, estuvo detenido una semana para que no filmara las condiciones de los albergados. Por todo esto, Santana había recibido la amenaza, por parte del Teniente Coronel de la Seguridad del Estado, Roilán Cruz, de que iban a encarcelarlo. Antilla es el municipio más pequeño de Cuba. Tiene una población de 12 mil 66 habitantes. Allí está la Bahía de Nipe, famosa por su profundidad, pero estamos ante un pueblo pobre. No llegan suficientes barcos, ni sus pobladores pueden salir libremente a pescar. Se entiende que, en estas circunstancias, el trabajo de Santana era una “amenaza” para el lugar. Un lugar donde, como Marthadela Tamayo refiere en el documento de "Queja", a presentar próximamente, su esposo fue descrito como un "desocupado", "vendedor de artículos en el mercado informal", quien "se reúne con personas de mala conducta social". Y a pesar de que falsedades como la de describirlo como un "alcohólico" no fueron mencionadas en el juicio, aparecen en el documento de sentencia que ella pretende objetar, sin estar avaladas, en este caso, por criterio médico alguno. Ella misma es tratada como causante de la riña "por motivos pasionales". Amenazan con dejarla sin trabajo Cuando Marthadela Tamayo obtuvo la sentencia, lo primero que hizo fue ir a ver a la presidenta del mismo tribunal que juzgó a su marido: -Me respondió que esos elementos eran los que habían quedado probados y sencillamente el Tribunal tomaba lo que quería para dar como probado un delito. Le pregunté en qué se basaron para decir que mi esposo provoca desordenes públicos bajo la ingestión de bebidas alcohólicas o para dejar escrito que la riña fue por motivos pasionales. Todo un compendio de mentiras. Pero la presidenta se limitó a repetir que esos elementos quedaron probados al Tribunal. ¿Y cómo puede quedar probado algo sin la menor evidencia?- se pregunta Marthadela. Su intención de aclarar tantas calumnias tiene como única finalidad rebajar la condena contra su esposo. De no haberse manipulado el caso, era posible que se aplicara una pena más leve. El fiscal expresó en la sentencia que la condena "debía servir de ejemplo porque en el territorio se habían incrementado los hechos de similar naturaleza". Su determinación de liberar a su marido tiene consecuencias. En la escuela donde trabaja, se reunieron con ella el secretario general del partido comunista y miembros del Consejo de Dirección. Concluyeron en ese encuentro que ella "se relaciona con personas de pensamiento político diferente del sistema, y que continuaba haciendo denuncias de la situación de su marido". Se le comunicó que la Jefa de Cuadros de Educación de Antilla determinaría qué hacer con ella, lo que equivale a la amenaza de perder su trabajo. Marthadela Tamayo y Miguel Santana son padres de Miguel Alfredo, un niño de 6 años que viajaba con ella a La Habana el día en que el oficial de la Seguridad del Estado nombrado Henry Borrero Peña la alcanzó en el ómnibus. Tocó con el dedo índice el cristal de la ventanilla señalando a Tamayo. Esa actitud del oficial ratificó la amenaza hecha el 28 de marzo, en su hogar, de que si ella seguía haciendo denuncias del caso de su esposo se quedaría sin trabajo y la situación de él empeoraría. El mismo oficial la había esperado a la salida de la iglesia que Marthadela visita los domingos, para expresarle que ellos sabían de la preparación de "actividades de contrarrevolución" y que enviarían al "Equipo de Respuesta Rápida". Y terminó diciéndole: "parece que no entendiste todo lo que yo te dije". Esta historia puede ser contada por muchos cubanos a lo largo y ancho de la Isla, víctimas de procesos espurios donde se enmascara la prisión por motivos políticos. -Es cierto que Miguel se dejó provocar, pero no es usual que se juzgue una riña un año después, ni que se aplique una sanción tan severa a lo que pudo resolverse con una multa-, dice Tamayo, convencida de que la provocación no fue casual y de que los hechos han sido manipulados con la finalidad de sacarlo del juego.

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Miguelito, el hombre de los derechos humanos