Se permuta, ¡qué problema!

Dos familias en pugna por gestiones mal habidas con funcionarios de Vivienda. La corrupción campea a sus anchas; el simple inquilino paga los daños
Rafaela Esther, en Revillagigedo 217_foto Augusto César San Martín

LA HABANA, Cuba,  29 de mayo de 2013, Augusto César San Martín Albistur/ Desde las cinco de la mañana de ayer, autoridades de gobierno y policiacas se presentaron en Cárdenas 160 para desalojar a Berta Sotolongo. Intentan poner fin al litigio de más de un año, provocado por la corrupción de la estructura administrativa.

Berta Sotolongo Moracén y Rafaela Esther Barrios realizaron la permuta de sus viviendas sin la autorización requerida para el trámite. La primera, propietaria del inmueble en la calle Revillagigedo 217; la segunda, usufructuaria de la vivienda en Cárdenas 160, ambas en la Habana Vieja.

La legislación vigente no autoriza la permuta de los usufructuarios. El desconocimiento y la “aprobación verbal” de un empleado del Instituto de la Vivienda bastaron para el intercambio de moradas, garantizado por la tramitación legal que sobrevendría después.

Berta cedió a Esther su casa de cuatro cuartos por una de dos. Esther, en su afán de sacar a su familia de la miseria en que viven en la zona oriental del país,  no pensó dos veces. La oportunidad de traer a una de sus hijas para la capital era única e irrepetible.

A lo cubano (construir y después pagar la multa), Berta construyó una placa intermedia para compartir la vivienda con sus nietas. Por su parte, Esther trajo a su hija y comenzó la división  de la casa.

Cuando la armonía reinaba en el pacto de las vecinas, las obras de construcción deterioraron la estructura del inmueble provocando el desplome de uno de los cuartos de Revillagigedo. Tres meses le bastaron  a Esther para retractarse de la permuta, y en el transcurso de las reclamaciones se derrumbó el techo de otro cuarto.

Berta Sotolongo en Cárdenas 160_foto Augusto César San Martín

Cuando comenzó el litigio jurídico, ambas familias fueron declaradas ilegales  en las residencias que ocupan. El Instituto de la Vivienda les impuso una multa de mil pesos y ordenó un plazo para  la restitución de los inmuebles a sus antiguos residentes.

Una casa sin techo y otra reconstruida iniciaron  el conflicto de dos familias que durante un año intercambian agresiones, amenazas y  encarcelamientos. El hijo de Esther fue sancionado a un año de privación de libertad por amenazar de muerte a una de las nietas de Berta.

Esther fue acusada de difamación por el funcionario de la vivienda, que ella culpa de autorizar la permuta. El canal Habana de la televisión respondió a su demanda recomendando acudir a los órganos de gobierno local. Las autoridades  la exhortan a invadir su propiedad como solución del problema que no resolvía mediante  los organismos estatales

Berta desde su morada, casi sin poder caminar debido a úlceras en las piernas, alega que “sólo muerta sale de la casa”. Ella no se niega a regresar a su vivienda pero exige las mismas condiciones que existían cuando la abandonó. El último dictamen técnico efectuado a la vivienda en el 2010,  declara la estructura de “regular, reparable”.

Marieta,  nieta de la señora Sotolongo, prefiere “quemar la casa, destruirla, antes de ceder al desalojo”. Expresa que “defiende los gastos de las reparaciones en la nueva casa”. Por su parte, el hijo de Esther, promete superar las acciones si la familia de Berta no es desalojada durante las próximas horas.

Desde antenoche, la familia Sotolongo clausuró la puerta de entrada. Apostados dentro de la vivienda, tres mujeres y dos niños se dispusieron a defender sus inversiones. Mientras, la familia de Esther aguardaba para ocupar la vivienda.

Así se mantuvieron hasta que las autoridades a cargo pactaron conversar sin presiones. Los argumentos de la familia Sotolongo produjeron un giro al problema. Se realizará una investigación sobre el deterioro del inmueble de Revillagigedo para que los actuales moradores reconstruyan los daños ocasionados por los derrumbes.

Nada compone los males causados a las dos familias, cuya culpabilidad radica en su afán de sobrevivir. Ni la identificación de los funcionarios corruptos, multas o desalojos. La emigración hacia la capital, el déficit de viviendas y el deterioro de las existentes, la corrupción administrativa y el desorden, son las principales causas que provocan situaciones como esta.

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