LA HABANA, Cuba. – Sin dudas, uno de los temas que más salen a la luz cada vez que se evalúa el trabajo del sector agropecuario en el país es la contratación de las producciones por parte de las entidades comercializadoras estatales. Los funcionarios del Ministerio de la Agricultura aducen que es necesario contratar la mayor cantidad de productos, y así garantizar su posterior venta en los mercados agropecuarios estatales a precios topados.
Semejante propósito choca con el interés de las distintas formas de gestión en la agricultura (cooperativistas, arrendadores de tierras en usufructo y propietarios privados), quienes se las arreglan para no contratar con el Estado parte de sus producciones, y destinarlas a los mercados que funcionan bajo la relación de oferta-demanda.
Este asunto fue objeto de análisis en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, en la que el ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, informó que al cierre del primer trimestre del actual 2024, las entidades comercializadoras estatales solo habían contratado el 50% del total de las producciones agropecuarias en el país
Consciente de la mala gestión de su organismo, y con cierto tono autocrítico, el ministro apuntó: “La tierra es del Estado, y por tanto es de nuestro pueblo; solo está entregada en usufructo a los productores, quienes tienen la misión de producir para nuestro pueblo. Es responsabilidad del Ministerio de la Agricultura fortalecer el control y el chequeo sistemáticos para que se eliminen las insuficiencias que tienen lugar como parte del proceso de contratación”.
Previamente, al señalar las causas que determinaron el bajo nivel de contratación por parte de las entidades estatales, el señor Pérez Brito se refirió a la falta de seguimiento y control de esta tarea desde los municipios, al poco dominio del potencial de tenentes de tierra a contratar, así como una escasa comunicación con los productores. Y, por supuesto, la que más irrita a los hombres que trabajan la tierra: los impagos a los productores. Un asunto que, según palabras del propio funcionario, “sigue siendo un problema no resuelto”.
Es realmente una actitud rayana en la desfachatez exigir que los productores le vendan sus producciones al Estado, y que a cambio no reciban el pago correspondiente. El ministro lo contempla todo bajo el prisma de los intereses gubernamentales, pero al parecer nada le importa la manera en que los campesinos, sin dinero, puedan mantener a su familia, logren adquirir las materias primas e insumos para sustentar las producciones y, además, paguen por la fuerza de trabajo que necesitan para llevar adelante la gestión productiva.
Entonces la decisión de los productores de vender parte de sus producciones a comercializadores privados, que siempre acuden a tiempo para evitar que las producciones se pierdan en los campos, que consiguen los envases y los medios de transportación necesarios, y que tienen dinero para pagar, constituye una defensa ante el ineficiente y burocrático proceder de las comercializadoras estatales, que o no tienen envases, o les falta el transporte, y que como ya vimos, casi nunca pagan.
A la postre, como es lógico suponer, todo desemboca en una diferencia apreciable entre la situación que exhiben los mercados estatales, abastecidos por las comercializadoras del Gobierno, y el estado de los mercados agropecuarios de oferta-demanda, abastecidos por los comercializadores privados.
Mientras que en los primeros se observan las tarimas pobremente surtidas con productos de escasa calidad, en los mercados de oferta-demanda vemos variedad y calidad en las ofertas. Es otra muestra del fracaso de los métodos centralistas de dirección.
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