MIAMI, Estados Unidos.- Un grupo de opositores cubanos que aspiran a postularse como candidatos a las elecciones municipales de octubre próximo en la isla ha denunciado el reiterado acoso de las autoridades del régimen, informa Martí Noticias.
Entrevistado por ese medio noticioso sobre recientes declaraciones de Alina Balseiro, presidenta de la Comisión Electoral Nacional de Cuba, el opositor Manuel Cuesta Morúa dijo esperar que “las autoridades políticas y policiales del Estado actuaran dentro de la ley, y respetaran el derecho de todos a presentarse”.
Su comentario surgió a propósito de una rueda de prensa ofrecida por Balseiro este lunes, cuando la funcionaria desglosó los preparativos para las elecciones municipales de octubre próximo; así como de los comicios generales de 2018, que supondrían el relevo del actual gobernante Raúl Castro.
Alina Balseiro criticó el “desconocimiento del sistema electoral cubano”, al que llamó “un democracia total”.
Sin embargo, en Cuba no existe otro partido político que no sea el comunista, y se desconocen las organizaciones opositoras.
Sobre los opositores que se presentarán en octubre, Manuel Cuesta recordó que “varios de ellos han sido presionados por las autoridades” para que desistan de su propósito.
Se ha llegado incluso a aplicar medidas penales, como en el caso de Rolando Columbié Patterson, de la localidad de Antilla, en Holguín. Columbié Patterson fue condenado a seis meses de reclusión domiciliaria, “casi el tiempo que dura todo el proceso electoral”, dijo Cuesta Morúa.
Marthadela Tamayo, colaboradora de la organización Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales (Cope), detalló que las medidas del oficialismo contra los candidatos van desde la expulsión del centro de trabajo hasta acusarlos por delitos comunes y mantenerlos bajo proceso de investigación.
Ello los sitúa en un limbo jurídico y los invalida para presentarse a los comicios, explicó Tamayo.
En esa situación se encuentra, por ejemplo, el líder de Somos+, Eliécer Ávila, a la espera de un proceso por un presunto delito común que le impide presentarse como candidato.
Por su parte, el activista José Díaz Silva denunció la pasada semana acciones de la Seguridad del Estado contra más de una veintena de opositores para impedir un taller de preparación enfocado en los próximos comicios.
Díaz Silva explicó que en su barrio “le pidieron a la presidenta del Comité (CDR) que les dijera a los vecinos que si se presenta a los comicios de barrio que no voten por él”.
