LA HABANA, Cuba, 29 de octubre de 2013, Lilianne Ruiz/ www.cubanet.org.- ¿Se puede restituir en los jóvenes la conciencia del derecho a tener un mejor futuro en Cuba, o el derecho de expresar opiniones divergentes dentro de una sociedad altamente politizada? Para dar respuesta a cuestiones como éstas, se celebró –bajo asedio policial- el primer Congreso de Jóvenes de la Sociedad Civil cubana, en la casa del activista y coordinador nacional de la plataforma Juventud Activa Cuba Unida (JACU), Lilvio Fernández Luis.
Desde la tarde del pasado viernes 25, una treintena de jóvenes de diferentes provincias de occidente, centro y oriente de Cuba, llegaban a la casa. Se fueron acomodando para pasar la noche en vela, conversando, puesto que en la calle el operativo policial continuaba, con el objetivo de impedir la realización del evento.
A las 7 de la mañana del sábado 26, quedó oficialmente inaugurado el Congreso, con la entonación del Himno Nacional. El encuentro se extendió hasta las 7 de la tarde de ese día.
Como resultado del trabajo de investigación de los ocho meses que lo antecedieron, se leyeron tres ponencias tituladas “La Juventud Cubana. Retos y perspectivas”, “Participación Juvenil y Políticas Públicas” y “Política de Juventud: Una mirada a la situación actual”, correspondientes a cada región del país. Según palabras de Fernández Luis, se tomaron diferentes acuerdos para enfrentar estas problemáticas, entre ellos 5 microproyectos de las tres regiones.
En la calle, el Coronel Pérez, al mando de la cuadrilla comandada por el agente Camilo, junto a policías uniformados, se apostaron en los alrededores de la casa.
En opinión de Fernández Luis, lo más importante fue que lograron realizar el Congreso, sobreponiéndose a las detenciones arbitrarias padecidas por él y por un grupo de activistas, el registro en su hogar, la incautación de material de trabajo por parte de la policía, y todas las acciones llevadas a cabo por los paramilitares con el fin de intimidar a los participantes.
Secuestro exprés, liberación y multa
Fernández Luis había sido detenido el martes 22 en horas de la mañana, y conducido al Centro de Retención conocido como El Vivac.
-Se presentaron en mi casa y registraron hasta el interior de las medias. Se llevaron mi laptop, una impresora, una cámara fotográfica y otra de video, además de 1900 CUC. Como les dije que no me podían llevar preso hasta que terminaran de registrar mi casa, pues mi esposa no quería quedarse sola con ellos, me golpearon y me metieron al carro patrullero por la fuerza. En el interrogatorio, el Coronel Pérez insistió en que yo estaba hablando mal del gobierno en mis viajes al extranjero, y me amenazó con ir a la cárcel. Dijo que todas mis actividades contribuían a engrosar el expediente en mi contra-, expresó el activista a esta reportera.
La esposa de Fernández Luis no supo nunca adonde lo habían llevado. Ella y otros activistas que ya estaban enterados de la situación se dedicaron a recorrer diferentes unidades policiales para saber del paradero del principal organizador del Congreso. “El Vivac” no es una estación de policía, sino el depósito donde ubican a los detenidos en prisión preventiva, a la espera de juicio. Luego los trasladan a los diferentes establecimientos penitenciarios.
Gracias a la solidaridad mostrada por sus amigos y el valor de su esposa, Fernández Luis fue liberado el miércoles 23, pero con una multa de 2000 pesos por la acusación sin fundamento de “receptación”, que se aplica cuando una persona compra en el mercado negro y no tiene documentación que avale la propiedad de un artículo.
Ese entuerto legal estaba referido a los mismos artículos que la policía política retiró de la casa de Fernández Luis. ¿Que la multa es para justificar el robo de las autoridades a los bienes personales del activista?: Esa teoría se queda corta. Según el abogado René López, a quien Fernández Luis consultó después de haberse negado a firmar la multa, la razón oculta en ella es que si la firma un tribunal lo pueden mandar a la cárcel por un delito común, ya que una multa por “receptación” que supere los 500 pesos pasa a los antecedentes penales. De ese modo la policía política sustenta el discurso de la cancillería cubana de que en Cuba no hay presos políticos.
Fernández Luis no pagará la multa, incluso si por mantener esa postura es llevado también a la cárcel.
-Ellos saben que los artículos que me robaron son de segunda mano. Así es como los cubanos podemos hacernos de nuestras herramientas de trabajo, cuando cualquier persona en el mundo, escandalizada por la situación del pueblo cubano en materia de derechos humanos, recicla un viejo equipo o dona uno nuevo. Un teléfono, una cámara, una laptop, la impresora, todas estas cosas las he pasado por los controles de Aduana cuando he regresado de viaje-, comentó.
Próximamente, Fernández Luis viajará a Argentina, gracias a la solidaridad de algunas organizaciones de la sociedad civil de ese país.
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