MIAMI, Estados Unidos.- Una joven cubana detenida el pasado diciembre en San Sebastián, España, durante la operación antidroga “Volcano”, quedó en libertad provisional este miércoles por orden de la Audiencia de Gipuzkoa, que ha estimado un recurso en este sentido de su defensa, ejercida por la letrada Cristina Morcillo Buj.
De acuerdo a una nota de la agencia de noticias EFE, el Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián, encargado del caso, dictó prisión provisional inicialmente para la joven arrestada, si bien ahora la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa ha acordado su puesta en libertad provisional a la espera de juicio, al entender que se ha producido “un debilitamiento del riesgo de fuga por la significativa disminución de la pena” a la que eventualmente esta mujer podría ser condenada.
De acuerdo a EFE, la Audiencia de Gipuzkoa señala también que, tras más de siete meses en prisión, el “riesgo extremo de fuga” que se declaró inicialmente “no tiene ahora tal magnitud”, además, “el riesgo de elusión” de la justicia puede “neutralizarse” con “medidas menos aflictivas para la libertad personal” de la investigada.
La Ertzaintza (policía autonómica del País Vasco) desarticuló a principios de diciembre de 2018 un grupo criminal dedicado a la distribución de cocaína en la comarca guipuzcoana de Donostialdea, donde detuvo a seis personas ̶ una de ellas la cubana ̶ y se incautaron 1550 kilos de esta sustancia con un valor en el mercado de más de 90 000 euros.
Iniciada por la Policía Autonómica en el primer trimestre de 2018 bajo la dirección de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián, la operación incluyó también cinco registros en domicilios de San Sebastián y Lasarte-Oria, y en un bar del barrio donostiarra de Gros, donde fueron localizados más de 50 000 euros en metálico y 4.5 kilos de diferentes sustancias destinadas al corte y adulteración de la droga como glutamina, cafeína, creatina y fenacetina, entre otros efectos.
La libertad provisional de la mujer fue establecida bajo fianza de 3 000 euros, la retirada de su pasaporte, y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado y comunicar todos sus cambios de domicilio, junto a la prohibición de abandonar el territorio nacional.
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