LA HABANA, Cuba. – El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso ha anunciado en su página de Facebook que el Gobierno de La Habana tomó la decisión de eliminar esa plaga ciudadana y apéndice de la corrupción administrativa que eran las brigadas de lucha contra coleros (LCC, por sus siglas). Dicho batallón de delincuentes tapiñados fue concebido por las autoridades cubanas durante la pandemia de COVID-19 con el fin de organizar las kilométricas colas en los establecimientos comerciales y mantener a raya a acaparadores y revendedores.
La estrategia no tardó en probarse ineficaz, puesto que ahora eran los “organizadores” quienes se dedicaban a lucrar con la necesidad y la desesperación de la gente sin siquiera exponerse a ser arrestados por la Policía, pues tenían “patente para delinquir”.
La mayoría de los integrantes de la LCC procedía de algún estrato del poder en la provincia, o mantenía un estrecho vínculo con las autoridades. Participaron los presidentes del comité, delegados de la circunscripción, chivatones comunitarios, trabajadores de la oficina de Gobierno y muchos otros que llegaban a las colas con actitud rufianesca, alardeando de un supuesto “cargo” que les permitía actuar de forma arbitraria, irrespetuosa y grosera. En ocasiones, también hubo agentes de la Seguridad del Estado monitoreando las colas en barrios “calientes”.
Los LCC, presentes lo mismo en la cola del pan que en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), desviaron recursos al por mayor y terminaron conformando una mafia que iba más allá del establecimiento asignado para involucrar a los restantes comercios de la zona. La población comenzó a dar quejas sobre su proceder apenas comenzaron a intervenir en las colas, pero las autoridades decidieron no hacer nada al respecto porque todos, desde el gobernador hasta los oficiales de policía, se beneficiaban del tráfico de artículos de primera necesidad.
A partir de ahora, según Lázaro Manuel Alonso, la organización de las colas correrá por cuenta de los trabajadores de cada tienda y se mantendrá la venta de productos mediante la cartilla de racionamiento. El Gobierno provincial de La Habana emitirá tarjetas para facilitar/controlar la compra de pollo, picadillo, salchichas, aceite y detergente a quienes no posean la libreta de abastecimiento.
Se repartirán tickets con los datos necesarios para evitar que los consumidores hagan trampa, y habrá horario extendido para la venta los martes y jueves, con el objetivo de atender a los clientes que trabajan.
Se trata de una nueva burocracia que ya debe ser objeto de estudio por parte de la corruptela habitual con la intención de burlarla. Ninguna tarjeta pondrá fin a un problema causado por la crisis estructural del sistema y el desbalance entre oferta y demanda. El Gobierno cubano lo sabe, pero no puede hacer otra cosa que repetir las fórmulas habituales, aunque ninguna dé resultados.
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