LA HABANA.- La opositora Corriente Martiana ha convocado a todos los actores de la sociedad civil independiente cubana, a los que arbitrariamente se les haya impedido viajar al exterior, que se sumen a presentar una denuncia colectiva ante Fiscalía General.
La acción legal sería contra la Seguridad del Estado, con el fin último de agotar los recursos legales internos para comunicar a las Naciones Unidas este modo de represión cubana.
“Vamos a dirigir a la Fiscalía una denuncia con todos los actores que podamos”, invita Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador general de la organización, y agrega: “Si otros quieren hacerlo por su cuenta, perfecto también. Nosotros enseñamos los caminos, no queremos centralizar esto, queremos que la mayor cantidad de organizaciones aprendan a hacer las comunicaciones por sí solos”.
Esta denuncia a Fiscalía sería el paso previo a la comunicación a las Naciones Unidas de “cada caso que no han dejado viajar”.
Según Moisés Leonardo, “la ley de procedimiento penal establece que cuando una persona es conocedora de un delito, tanto si es víctima o si lo presencia, está en la obligación de denunciarlo”.
Aunque prevén que la Fiscalía General lo derive a la Fiscalía Militar, de lo que sí está seguro es que “lo más importante es demostrar que la arbitrariedad no la cometen agentes aislados de la Seguridad, sino que es una violación institucionalizada”, como mismo considera el activista que sucede con otras violaciones a los Derechos Humanos en Cuba, “que tienen carácter sistemático e institucionalizado y es por eso que creemos que este paso es necesario darlo primero, no como último”.
La idea surge a partir de un encuentro en Ginebra, en enero de este año, entre José Antonio Fornaris y Odalina Guerrero, director y abogada respectivamente de la Asociación Pro Libertad de Prensa, con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Tenemos que hacer algo”, comenta el Rodríguez, citando este precedente.
El primer paso debe ser la denuncia a Fiscalía General o a cualquier órgano de justicia nacional porque así lo establece la resolución 1503 de la ONU. “La fiscalía es supuestamente quien debe velar por la observancia de las leyes”, agrega el activista, pese a que “como casi los once millones de cubanos, no creemos en la institucionalidad cubana porque, con sus acciones, cada vez pierden más credibilidad”.
“En todos los casos hay un común denominador”, observa. “La notificación no se ha hecho de la debida forma, en la mayoría de los casos ha sido un oficial de la Seguridad o una persona de Inmigración el que notifica que no se puede viajar y esto es constituyente de una violación porque no hemos conocido ningún caso de que se le haya presentado la orden de un fiscal que diga: ‘usted está limitado de viajar por esta razón’”.
La investigación ha abarcado el estudio de la Ley de Procedimiento Penal, el código penal y otros documentos regulatorios que les han llevado a afirmar que “no vemos que constituya una sanción impedir el viaje al exterior de las personas a menos que tengan causas pendientes y no es el caso de ninguno de los que estamos hablando”, afirma Moisés Leonardo.
Los interesados en hacer una denuncia con la Corriente deben enviar a la dirección de correo electrónico [email protected] un grupo de datos que incluya la identificación de los agentes de la autoridad que notificaron la prohibición, una descripción breve y concisa de lo ocurrido “sin dar opiniones o valoraciones”, más los datos generales, la fecha de la prohibición sin importar la antigüedad, la organización a la que pertenece, los motivos de viaje, entre otros.
La Corriente Martiana surgió en 1991, pero “1999 marcó un punto de partida” para la organización,
Cuando Moisés Leonardo, su fundador, tuvo en sus manos la resolución 1503 que “establece qué normas y qué procedimientos deben seguirse para comunicar violaciones a Naciones Unidas en debida forma”, se dio cuenta que tenía una vía efectiva de denuncia y comenzó a democratizar y a aplicarla en 2004 cuando una encuesta reveló que los defensores de derechos humanos en Cuba tenían como principal debilidad el desconocimiento sobre estos instrumentos legales. Entonces “se hizo una primera versión del Manual sobre Derechos Humanos que la Corriente Martiana ha brindado a lo largo de los años”, recuerda.
La denuncia de la detención arbitraria de Roberto Jesús Quiñones, periodista independiente y colaborador de CubaNet, y René Montes de Oca, del Partido Pro Derechos Humanos en el 2005, fue la primera comunicación que hizo “formalmente” la Corriente a las Naciones Unidas.
“Lo presentamos en mano propia a la entonces coordinadora residente de la organización, la señora Urika Richard”, contacto que habían sugerido en el Manual.
La coordinadora residente a su vez les dio el correo de la oficina “de lo que es hoy el Alto Comisionado”, y cuenta que a partir de ahí, “han sido numerosas las comunicaciones de violaciones donde hemos incluido desde desapariciones forzadas hasta fallecidos bajo custodia”.
El precedente que estimuló a la Corriente Martiana a que este fuera un método confiable de presión contra el Gobierno cubano, aun cuando muchos crean que la represión en Cuba está por encima de cualquier ley, fue justamente el primer caso presentado a los que se les hizo el juicio inmediatamente después de la denuncia internacional y fueron condenados a “los diez meses que ya llevaban presos”, cuenta el activista.
En el 2015 llevaron el caso de “un huelguista, Enmanuel Sánchez Abreu, y por una parte el procesamiento de ese caso, que la madre se encargó de presentar a todas las instituciones nacionales la queja por malos tratos, por proceso indebido; logramos que se declarara como detención arbitraria y al muchacho le dieron correccional”, y dice que se puede encontrar detalles en la página del Alto Comisionado.
Otro caso considerado: “una detención arbitraria y violatorio del debido proceso fue la condena en el 2017 de uno de los promotores de la Corriente Martiana”. Moisés Leonardo afirma y lo certifica: “La opinión 55 del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y pide al Gobierno cubano que sea liberado inmediatamente y que sea resarcido”.
Actualmente la Cátedra Ernesto Guido y Gui Pérez, en honor a los profesores universitarios cubanos que en la década del 40 formaron parte en la elaboración de la entonces Declaración del Hombre, se encarga, “aunque en muy pocas oportunidades”, de dar clases presenciales, y con más frecuencia de distribuir materiales informacionales y educativos sobre el tema.
Aún queda por probar si los órganos de justicia nacionales, los “recursos internos” a agotar, como les llama el activista, son los idóneos para detener “las regulaciones” o “las prohibiciones” de salida del país de las que han sido víctimas periodistas, activistas y opositores; pero la iniciativa de unirse en una denuncia común pudiera, al menos, ayudar a la visualización de la violación al derecho que debiéramos tener los cubanos de viajar libremente.
