MIAMI, Estados Unidos. – La periodista independiente Camila Acosta, reportera de CubaNet y colaboradora del portal digital ABC, alertó este viernes a la opinión pública sobre las numerosas irregularidades que han marcado los procesos judiciales desarrollados en Cuba contra varios de los manifestantes de las protestas del pasado 11 de julio.
Acosta inició su exposición abordando las cifras ofrecidas por la prensa oficial de la Isla, que informó recientemente sobre 62 personas llevadas a juicio por diversos cargos, 40 de las cuales no contaron con asistencia ni abogado defensor.
La periodista señaló que existen contradicciones en la vigente ley de Procedimiento Penal vigente, que dificulta la preparación de una defensa acorde a las circunstancias.
“Si el ciudadano está detenido, cómo se supone que va a contratar un abogado para que prepare una defensa”, sostuvo la reportera, que se encuentra siendo procesada por cubrir las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en la capital.
Acosta dejó claro que el sistema judicial instaurado por el régimen de la Isla está diseñado para entorpecer la defensa de quienes serán procesados a través de los llamados juicios express, en los cuáles las autoridades de la Isla ya han advertido que habrá máxima severidad.
La reportera está siendo acusada por los supuestos delitos de “desorden público” e “instigación a delinquir”, dos de los cargos usualmente aplicados contra activistas, opositores pacíficos y periodistas independientes que se manifiestan abiertamente o en las calles contra la dictadura castrista.
En su caso, dejó claro que debe mantenerse alerta, pues puede recibir una citación para juicio de un momento a otro.
“Ahora mismo debo estar alerta porque en cualquier momento puedo recibir una citación para juicio, una citación que me la pueden entregar en menos de 24 horas para la celebración del juicio”, explicó.
Acosta explicó también que solo cuando el acusado recibe la citación es que se le permite por ley contratar formalmente a un abogado. Una vez que esto ocurre, el jurista tiene autorización para revisar el expediente del ciudadano procesado. Cuando la citación llega en poco tiempo, el margen de maniobra de la defensa es casi inexistente, puntualizó la reportera.
Acosta dio también llamó la atención sobre las cifras recogidas por el Centro de Información Legal Cubalex, que contabiliza a casi 800 personas detenidas en la Isla desde los sucesos del 11 de julio, algunos de ellos menores de edad, una cifra que podría ser mayor, tal y como han indicado el propio Cubalex y otra organizaciones encargadas de monitorear la situación de los derechos humanos en la Isla.
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