GRANMA, Cuba.- Casi al final de su vida, fue desalojado violentamente la mañana de este martes Ángel Luis Linares Fonseca, propietario legal por más de 30 años de un tercio de la finca privada Doña Juana. De la vivienda que le viera nacer 90 años atrás no quedaron ni las ruinas.
Ubicado en Caney Arriba, en el municipio granmense de Media Luna, su terreno de 0,89 hectáreas tiene más de un centenar de árboles maderables, otros cientos de frutales y aguacates, un palmar, un cafetal y tierras cultivables amaneció este martes rodeado de autoridades para practicar el desalojo.
Vía telefónica, su hija María Elena Linares Verdecia cuenta lo ocurrido: “La policía nos sacó de la casa a la fuerza y a empujones, nos esposaron a mí y a mi hermana y el Jefe de Sector, Benigno, nos echó gas pimienta en los ojos”.
Aunque “todos los policías eran hombres”, a las mujeres las revisaron impúdicamente, tocando inclusive sus partes íntimas “por si acaso teníamos escondido algún teléfono celular, no los fuéramos a grabar”.
“A papá lo arrastraron dejándole hematomas en el cuerpo y las manos, se lo llevaron en un tractor por todos los marabuzales, y casi llegando al pueblo fue que lo montaron en la ambulancia que traían”, describe.
Agrega que quienes los desalojaron “empezaron a las siete y terminaron a la una de la tarde, desbarataron la casa con cuatro motosierras y se llevaron la madera en un camión. Dejaron aquello a pelo de tierra. Todo, todito lo arrancaron a pedazos; hasta las camas las cortaron”.
En entrevista posterior, Yordanis Linares Verdecia, otra hija de Luis, refiere: “Nos vamos ahora en el tren (Habana-Manzanillo) casi sin dinero, para el Consejo de Estado, a llevar a mi papá, y vamos a acostarlo allí en el portal, hasta que Raúl aparezca y resuelva esta situación… porque nos maltrataron con brutalidad. Hasta me dieron con un palo en la espalda”.
Luego aclara: “Este caso lleva años de reclamaciones a todas las instancias y organismos involucrados. Hemos hecho gestiones con los máximos dirigentes del Gobierno Municipal, solicitando justicia, pero nunca nos han querido ayudar”.
Su relato continúa con que “todo comenzó en 2011, cuando Diosmérida Fonseca, heredera de otro tercio de la finca, junto a su esposo Faustino Fonseca Téllez entablaron litigio reclamando nuestra finca a su favor; pero papá tiene documentos que prueban que es su verdadero dueño. Aún así, desde enero estábamos amenazados con el desalojo”.
Un funcionario de la Comisión Contra las Ilegalidades fue, según describe María Elena Linares, quien dirigió lo que ella llama “la masacre”. También estaban “el jefe de la Policía de Media Luna, Michel Pérez; Rafael Pérez Pérez, policía también; el jefe de sector, Benigno; Alexander Hidalgo Araujo, Delegado de la Agricultura del municipio; y un médico que había falsificado unos documentos del caso. En total eran cuarenta personas, veintinueve policías y el resto funcionarios del Gobierno, de Vivienda y otros. Yo los conozco de las reclamaciones hechas pero no sé sus nombres porque son nuevos. Los viejos no han querido participar”.
“Como a cinco kilómetros de la propiedad y en medio de un potrero de Dos Bocas, en una casucha de tres por dos (metros) que improvisaron que parece un baño público de carnaval, sin agua, sin luz (corriente eléctrica) y sin nada para cocinar, allí tiraron regadas por el suelo nuestras pertenencias y ropas”, denuncia la mujer.
“Las vasijas las metieron en sacos y las tiraron desde el tractor, casi todo se rompió y no nos dejaron coger ni las gallinas y los animales que se quedaron regados allí. A esta hora debe andar mi esposo tratando de recuperarlos”. Luego aclara: “Él se tuvo que quedar cuidando lo poco que esos desalmados nos dejaron recuperar”.
