SAO PAULO, Brasil.- En una espectacular operación, la Policía Federal de Brasil ha registrado este viernes la casa del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, en las inmediaciones de São Paulo, y se lo ha llevado a declarar como sospechoso de haber participado en una trama corrupta en la petrolera estatal Petrobras. Tras tres horas de interrogatorio, Lula ha sido liberado y se ha dirigido hacia la sede del Partido de los Trabajadores (PT) en São Paulo. Allí prevé reunirse con la cúpula del partido en el Gobierno para tratar esta crisis, probablemente la peor del partido que lleva 14 años en el poder.
Se trata de un golpe durísimo y hasta ahora impensable contra el exmandatario, que todavía es la cara más mediática del PT y que hasta ahora se perfilaba como candidato probable para las elecciones de 2018. Si las sospechas sobre Lula se hacían cada vez más insistentes en las últimas semanas, este viernes se ha producido la catarsis. La fiscalía lo ha acusado directamente, por primera vez, de ser “uno de los principales beneficiarios” de un sistema de desvío de dinero que “favorecía a empresas que se enriquecían a costa de la estatal” y que alcanza a políticos y partidos que obtenían financiación irregular. La supuesta red de corrupción de Petrobras, operativa entre 2004 y 2012, supuestamente desvió 10 000 millones de reales (unos 2 400 millones de euros) de la petrolera.
Los investigadores apuntan a la reforma de dos viviendas que frecuentaba Lula, pagadas por las constructoras Odebrecht y OAS, como una vía por la que el político recibió beneficios ilícitos. Las dos empresas están implicadas en la trama de corrupción de Lava Jato. En el caso de OAS, el comunicado que publicó la fiscalía este viernes calcula que OAS hizo reformas por valor de más de un millón de reales en el tríplex de lujo. Los fiscales también apuntan a donaciones y pagos de conferencias realizados por empresas investigadas en el caso Lava Jato. (Gil Alessi y Raquel Seco/EL PAÍS)
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