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Enero 7, 2004 Bumerán LA HABANA, enero (www.cubanet.org) - La honestidad, en el país de "la más clara transparencia", es un pecado. Decir verdades o emprender acciones contra militantes del Partido Comunista o funcionarios entronizados en la mascarada de apoyo al sistema es un suicidio. Rodolfo Rivero Lago, un tra bajador administrativo que según sus palabras se asqueó de tanta corrupción en el sector de los servicios médicos en Bayamo, provincia de Granma, y lanzó una cruzada individual contra los ladrones, malversadores y encubridores que con su accionar delictivo lo afectaban económicamente, está pagando con creces su ingenua credibilidad en la justicia del socialismo cubano. Agotadas sus posibilidades de reclamo a través de los sindicatos de base, municipio y provincia, así como rechazadas las demandas de atención a las máximas autoridades del sector de la Salud, el gobierno y el partido en el territorio granmense, decidió escribir a todas las instancias del país, sin lograr desde 1994 hasta la fecha la mínima solución a sus planteamientos ni la más pequeña retribución por sus 37 años de trabajo. "Se complotaron contra mí el sindicato, la administración y todos los dirigentes del sector a los cuales me dirigí. Me separaron de mi puesto como Director Técnico de Farmacia, y fui bajado a un cargo de menor remuneración y responsabilidad, además de tratar de involucrarme en uno de los delitos que ellos cometían: el contrabando de Parkisonil, una sustancia micotrópica considerada una droga", dice en su carta. "Jamás, desde que me atreví a denunciar al administrador de la unidad donde laboraba, he podido encontrar otro trabajo, y mucho menos nadie intercede por un hombre que se vio obligado a solicitar la baja desde el 19 de febrero de 1996, para poder reclamar desde la calle", señala en su misiva. "Si soy culpable, que me juzguen, pero después de escuchar las alegaciones en mi defensa y ver las numerosas pruebas que tengo para demostrar la culpabilidad de la administración". En su carta, Rivero Lago hace saber además que le ha escrito al señor Raúl Castro Ruz, ministro de las FAR, al general Abelardo Colomé I barra y al ministerio de Salud, sin obtener respuesta. Hace nueve años que no devenga salario alguno, no tiene derecho a la jubilación ni es atendido por Asistencia Social. Desde hace ocho meses se le comunicó, según su carta, que sería atendido en la sede provincial del partido en Granma y aún aguarda. De acuerdo con el criterio de abogados laboristas consultados al respecto, más allá de su actitud personal o del supuesto delito cometido, el señor Rivero Lago es víctima de una extrema violación de sus derechos sociolaborales, máxime cuando es un hombre con hijos y nietos, esposa que mantener y una actitud resuelta a enfrentar el enjuiciamiento formal ante quienes corresponda. La máxima sanción que se puede aplicar en caso de que hubiera sido culpable no lo condenaría al ostracismo de por vida, si en realidad se aplican las leyes recogidas en el Código Laboral cubano y se respetan las normas internacionales del trabajo o los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. En un país donde rige un gobierno supuestamente diseñado para los trabajadores, es ilógico que uno de éstos, aunque sea sólo uno, se le niegue la posibilidad de defenderse y se le aplique la sanción antes del juicio. Al que lance una denuncia contra cualquier militante del partido bien posesionado, le regresa, convertido en bumerán, una condena que hace desaparecer todo vestigio de razones, dice con certeza la voz de la experiencia popular, acostumbrada a los métodos del sistema. cnet/09
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