MIAMI, Estados Unidos — El juicio contra Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, exteniente coronel y expiloto de la Fuerza Aérea cubana acusado de participar en la conspiración relacionada con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, comenzará el 24 de agosto próximo en un tribunal federal de Miami, de acuerdo con una orden del juez Darrin P. Gayles. La misma resolución fijó para el 19 de agosto una audiencia destinada a determinar si las partes están preparadas para iniciar el proceso.
González-Pardo se declaró no culpable en junio del cargo de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. Durante aquella comparecencia, la Fiscalía indicó que el delito podría acarrearle una condena máxima de cadena perpetua y una multa de hasta 250.000 dólares. El acusado permanece bajo custodia federal después de que los fiscales solicitaran su detención y la defensa aceptara esa condición.
La acusación presentada el 23 de abril pasado precisa que González-Pardo enfrenta únicamente el primer cargo del expediente, correspondiente a la presunta conspiración. Los dos cargos por destrucción de aeronaves y los cuatro cargos de asesinato incluidos en el documento fueron formulados contra Raúl Castro Ruz y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, pero no contra González-Pardo.
Los fiscales sostienen que González-Pardo se encontraba el 24 de febrero de 1996 a bordo de un MiG listo para entrar en operaciones, mientras escuchaba por radio las solicitudes de autorización para atacar las avionetas de Hermanos al Rescate, las correspondientes autorizaciones y la confirmación de que dos aparatos habían sido destruidos.
Después de los primeros derribos, González-Pardo habría despegado de la base aérea de San Antonio de los Baños junto con la tripulación de otro caza para sumarse a la persecución de una tercera avioneta desarmada. La Fiscalía afirma que ambos aparatos militares salieron con la intención de destruirla, aunque la aeronave civil consiguió escapar y regresar al sur de Florida.
La acusación también asegura que González-Pardo y otros pilotos participaron previamente en ejercicios destinados a localizar, seguir, perseguir e interceptar aeronaves civiles pequeñas y de baja velocidad. Esas maniobras habrían formado parte de los preparativos para la operación dirigida contra los vuelos de Hermanos al Rescate.
Las tres avionetas de la organización partieron del aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, aproximadamente a la 1:30 de la tarde del 24 de febrero de 1996. Según el expediente, cazas cubanos dispararon misiles aire-aire contra dos Cessna desarmadas, con matrículas N2456S y N5485S, cuando se encontraban fuera del territorio de Cuba, sobre aguas internacionales, se alejaban de la Isla y no habían recibido advertencia previa.
En los derribos murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, integrantes de Hermanos al Rescate. Tres eran ciudadanos estadounidenses y el cuarto tenía residencia permanente en Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
Hermanos al Rescate era una organización humanitaria con sede en Miami que realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida para localizar a migrantes cubanos en peligro y ayudarlos a llegar a tierra firme. Durante la década de 1990 también respaldó movimientos opositores y prodemocráticos cubanos, según la descripción incluida en la acusación federal.
El Departamento de Justicia sostiene que agentes de la inteligencia cubana se infiltraron en la organización y transmitieron al Gobierno de La Habana información sobre sus vuelos. La operación contra las aeronaves, denominada “Operación Escorpión” en el expediente, habría incluido la recopilación de esos datos, ejercicios militares de interceptación y una cadena de autorizaciones para emplear fuerza letal.
Además de González-Pardo, el cargo de conspiración incluye a Raúl Castro Ruz, Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga y Raúl Simanca Cárdenas. De acuerdo con la Fiscalía afirma, el objetivo de la conspiración era derribar las aeronaves de Hermanos al Rescate utilizando la información obtenida por los servicios de inteligencia cubanos y, mediante esa acción, intimidar o tomar represalias contra la comunidad cubana dentro y fuera de la Isla.
González-Pardo es representado por el defensor público federal Juan Michelin. Durante su comparecencia inicial informó a la corte que no trabajaba desde que había sido detenido, aproximadamente nueve meses antes, y que carecía de ingresos y ahorros significativos.
Antes del inicio del juicio, las partes deberán continuar el intercambio y la revisión de pruebas. El juez Gayles ordenó a la Fiscalía entregar a la defensa cualquier evidencia favorable al acusado, incluidos materiales que pudieran respaldar su inocencia o reducir una eventual condena.
