PUERTO PADRE.- Por estos días, en Estados Unidos y en Cuba ha sido noticia que, pese al llamado “bloqueo”, empresarios “privados” han importado cifras multimillonarias de disímiles mercancías estadounidenses, incluyendo toda suerte de productos petroleros, alegándose, de forma ingenua o aviesa, que, nada tiene que ver ni en nada se beneficia el Estado con esas importaciones.
Así, sin asideros posibles como escalando una montaña repelada, se pretende ignorar no sólo que el castrismo de forma constitucional y jurídicamente en toda su estructura, es un régimen anclado en una caleta angosta, constreñida por las férulas del llamado “socialismo real”, sino también que por esa misma razón, el castrocomunismo es un régimen totalitario de corte militarista.
Y es verdad de Perogrullo. Militarismo es el predominio del elemento militar en el gobierno del Estado. Y sabido es, mientras mayores son las influencias castrenses en los poderes del Estado, mayores serán las desigualdades y privilegios a favor de la casta militar. El monopolio constituido por el grupo empresarial GAESA, recuerda un caso de militarismo clásico, o dicho más simple, de un Estado con poder real enquistado dentro del Estado formal.
En Estados Unidos y en naciones democráticas en general, ese axioma socialista, el del maridaje entre la clase “proletaria” y el militarismo que, inexorablemente desemboca en dictadura totalitaria, parece tener poca o ninguna comprensión. Y así lo vemos ahora en el caso de Cuba, cuando se pone en duda un hecho que no es secreto, sino público y notorio; y que tampoco constituye una excepción de cumplimiento obligado para unos sí y para otros no, sino que se erige cual una regla, que por cierto, es Ley, pero que en la práctica funciona como derecho consuetudinario, sí, el de la costumbre, ese que más que con poder formal, actúa por mando real camuflado como el “poder del pueblo”.
Y claro está, me estoy refiriendo a la disponibilidad absoluta que por encima de la Ley 75 de la Defensa Nacional, de hecho posee la jerarquía militar, no sólo sobre recursos materiales de uso civil sino también sobre importantes infraestructuras socioeconómicas, como pueden ser cadenas de hoteles o de tiendas que comercializan sus productos en dólares y sus empleados integran el “sindicato” de “trabajadores civiles de las FAR”.
Disponibilidad es medio, recurso, haber, reserva. Y, por ejemplo, la “reserva” puede consistir en cientos de toneladas de harina de trigo que en lugar de producir pan para una población hambreada como la cubana, termine con gorgojos y gusanos alimentando animales de corral. O de un cargamento de aceite comestible donado caritativamente, que en lugar de distribuirse gratuita y directamente a seres humanos en estado de necesidad, vaya a engrosar las reservas de ¿emergencias? Son sólo ejemplos y no inéditos sino repetidos en el panorama de economía socialista cubana. Dicho esto entonces pregunto:
¿Quién duda, entonces, que hasta la última gota de combustible que se produzca en el territorio nacional, o se importe hacia Cuba desde cualquier país y por cualquier vía, ya sea estatal o por los nuevos oligarcas _y sobre éstos estaremos apuntando en la próxima columna_ pues tales importaciones que son multimillonarias, no sean del previo conocimiento, control y disponibilidad operativa del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y del Ministerio del Interior (MININT)?
¿Sujetos a cuáles razones _y vaya usted a saber por cuáles sinrazones_ cómo algunos pueden afirman que no, que las exportaciones de combustibles de Estados Unidos a Cuba no habilitan, sí, no se emplean en repostar vehículos militares y policiales?
Déjenme decirles algo. Aunque cueste creerlo, desde su fundación el 6 de junio de 1961, el Ministerio del Interior ha operado con insuficientes asignaciones de combustibles, incluso, en la época de mayor bonanza, cuando la desaparecida Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS), suministraba a Cuba recursos materiales, civiles y militares en cantidades ilimitadas. Pero así y todo y desde esa época, por insuficiente asignación administrativa, (en papeles que otra cosa era en la práctica), la falta de combustible en los vehículos del Ministerio del Interior es histórica, crónica.
Y digo que la asignación de combustibles a los vehículos policiales fue insuficiente de forma administrativa pero no de forma práctica, porque del mismo modo es histórico y no un suceso de última hora, que el echar combustibles y lubricantes a vehículos operativos del MININT en funciones de servicio investigativo o de seguridad pública, ha sido una “colaboración” sistemática de dirigentes políticos, gubernativos o empresariales de todos los niveles. Porque, al menos que yo conozca, ningún director de empresa agropecuaria, ningún administrador de cooperativas, ningún jefe de Gobierno municipal, ni ningún jefe del PCC, jamás, ha negado socorro de gasolina o diesel a ningún vehículo policial.
Y por supuesto, aquellos que antes fueron secretarios del Partido Comunista, jefes de Gobierno, directores de empresas estatales o administradores de cooperativas, pero que ahora son “empresarios privados”, que importan combustibles de Estados Unidos o lo compran a los importadores, no creo que ni en sueños, les pase por sus cabezas que ya no es su “deber” echar combustible a un vehículo del MININT cuando así se lo “sugiera” algún oficial “necesitado”.
Lejos de esas “costumbres” que se perpetúan cuales leyes no escritas por derecho consuetudinario, pues sí, está la ley escrita. Tan temprano como el 28 de mayo de 1981 fue fundado el Instituto Nacional de Reservas Estatales (INRE), que, ¿saben quién comenzó a dirigirlo? Pues nada menos que el jefe de Combustibles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el coronel Manuel Bisbet. Y ya para 1993 y por orden directa de Fidel Castro, el INRE debía acumular “no menos del 1% de las producciones nacionales y de las importaciones”.
En la actualidad aunque entidades civiles son las encargadas de las reservas, tales depósitos son de jurisdicción militar según conceptúa el Capitulo XVI de la Ley 75 de la Defensa Nacional, que en el artículo 125 califica:
“Las reservas materiales se integran por las Reservas Estatales, las Reservas Movilizativas y las Reservas de las FAR. Pero el artículo 126 de la propia Ley 75 especifica: “Los organismos estatales, las entidades económicas y las instituciones sociales”, con esas reservas tienen el objetivo de “garantizar el desarrollo y normal funcionamiento de la economía nacional, atenuar dificultades impuestas… y fortalecer la capacidad defensiva del país”.
Ya lo dice el refrán, “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, y para ellos, los obnubilados o daltónicos cabe entonces preguntar: ¿Cómo empresarios “privados”, cubanos o extranjeros, han importado cifras multimillonarias de disímiles mercancías estadounidenses, incluyendo toda suerte de productos petroleros, sin que nada tenga que ver ni en nada se beneficie el Estado con esas importaciones? La realidad es que están sujetas a leyes escritas y no escritas que las conducen por un carril, el del régimen militar.
