LA HABANA, Cuba.- En el año 2003, un conjunto de acaudalados cubanoamericanos de Florida vieron en el entonces aspirante a senador, Barack Obama, un potencial vehículo de cambio en la política norteamericana hacia Cuba.
Ese grupo, formado por Joe Arriola, sus hijos Ricky y Eddy, Manny Díaz, en ese entonces alcalde de Miami, y los empresarios Jorge Pérez y Carlos Saladrigas, organizaron la primera de una serie de recaudaciones de fondos a favor de quien se perfilaba como figura prominente del Partido Demócrata. El evento inicial tuvo lugar, en 2004, en la residencia de Jorge Pérez. Allí se recaudaron, de entrada, 50 000 dólares.
Según narró el propio Arriola a David Adams, periodista de Univisión, esto se llevó a cabo en la mayor reserva pues, tanto él como Manny Díaz, eran funcionarios públicos. La historia fue revelada bajo el título El cubanoamericano que acercó a Obama a Cuba, pocos días antes de la llegada del presidente a la isla.
Después, Ricky y Eddy Arriola formaron parte del Comité de Finanzas de la campaña presidencial de Obama en 2007. En ese sentido, pesó también el papel de Carlos Saladrigas, directivo del denominado Cuba Study Group.
La reelección en 2012 fue definitoria en el paisaje inmediato entre las dos orillas. El compromiso del gobierno estadounidense con la política de “engagement” hacia la isla requería de evitar choques con el sector del exilio opuesto a entendimientos con el castrismo. El equipo demócrata optó, desde ese año, por negociar en secreto con La Habana la reanudacion de las relaciones diplomáticas.
Para ese momento, varios exfuncionarios y descendientes de personeros del régimen cubano estaban llegando para establecerse en Estados Unidos. Este flujo se ha mantenido hasta el día de hoy y, mayoritariamente, podría no ser obra de la casualidad o “diferencias irreconciliables” con la dictadura.
Un ejemplo es el de Pedro Álvarez Borrego, exdirectivo de la estatal Alimport, quien siendo ejecutivo en las compras de alimentos para Cuba en el país del norte, pidió asilo en Tampa a fines del 2011. Supuestamente era investigado por las autoridades cubanas, debido a sospechas de corrupción y desvío de recursos. Además de especular y prosperar en breve tiempo en el negocio inmobiliario, es consultor de empresarios estadounidenses interesados en invertir en la isla a partir del probable cese del embargo.
U-turn, la ruta del dinero
El 15 de marzo, unos días antes del viaje de Obama a Cuba, los Departamentos del Tesoro y Comercio dieron a conocer un grupo de medidas que suavizaban las sanciones a la isla. Una de ellas, se refiere a la transferencia de dinero utilizando como puente entidades bancarias de Estados Unidos.
Las modificaciones incluyen que instituciones gubernamentales cubanas, y sus representantes, puedan utilizar el dólar en transacciones empleando cuentas corresponsales en terceros países.
También podrían favorecer que los colaboradores y familiares de personeros del régimen cubano, establecidos en países como Canadá, España, Francia o Estados Unidos, transfirieran miles de dólares desde paraísos fiscales a cuentas legales. Testaferros de personajes como Marcos Portal, cuya fortuna se localiza en bancos canadienses (según Kenneth Rijock Consultor de Crímenes Financieros) y Julio Casas Regueiro, entrarían en acción.
Esta dinámica incluiría inversiones y joint ventures sin la presión derivada de la fiscalización de la OFAC (Oficina de control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, en español). Modus operandi semejante al empleado por los llamados “boliburgueses” venezolanos. Estos últimos, han tenido en el estado norteamericano de Florida bastante seguimiento y cuestionamiento público respecto a sus operaciones.
Ganancias derivadas de esta movida serían remitidas a la isla, e invertidas en entidades relacionadas con el todopoderoso Grupo de Apoyo Empresarial (GAESA) de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias).
Todos los empresarios del General
Tal y como fue revelado en Cubanet por el periodista Ernesto Pérez Chang, GAESA estaría blanqueando expedientes y preparando a directivos supuestamente civiles. El régimen prevé que el Senado estadounidense pudiera aprobar medidas restrictivas al comercio entre entidades estadounidenses y empresas cubanas dirigidas por militares.
La metamorfosis de la casta verdeolivo está en marcha. Los jefes y sus testaferros ganan tiempo para asumir los compromisos contractuales, derivados de esta inyección de capital que debería llegar pronto. No sería raro que empresarios cubanoamericanos, presentes en la delegación presidencial de Estados Unidos que visitó la isla en marzo, aparezcan involucrados.
En 2015 fue creado el Consejo de Negocios Estados Unidos-Cuba cuyo diálogo ha sido, exclusivamente, con representantes del régimen. Forman parte del mismo Joe Arriola y Mike Fernández, multimillonario y ejecutivo del sector de la salud que fue uno de los principales donantes de la campaña presidencial de Jeb Bush. También Carlos Gutiérrez, exsecretario de comercio durante el gobierno de George W. Bush.
A inicios del pasado mes de marzo Arriola, Fernández y Gutiérrez viajaron a La Habana para “presionar a los funcionarios cubanos”. Según narra Arriola a David Adams, les dijo: “necesitamos victorias. Necesitamos que ustedes digan que las cosas van a cambiar”.
La reciente ola de ataques públicos que el régimen cubano ha realizado contra la visita del presidente Obama tiene dos objetivos: borrar en la población de la isla el impacto de este histórico suceso, poner una cortina de humo sobre el antes mencionado flujo de capitales, empleando una jugada de “psicología inversa” aplicada a la política.
El castrismo necesita inducir en la población la idea de que nada va a cambiar en lo interno, para aplacar los ánimos y desestimular las exigencias de mayores libertades. Por eso limitará el crecimiento de sectores como el cuentapropismo, que pudieran aspirar a ser beneficiarios de las más recientes medidas aprobadas por el ejecutivo norteamericano, en lo referido a los créditos y la posibilidad de importar y exportar hacia y desde Estados Unidos.
Las denominadas Cooperativas Agropecuarias y No Agropecuarias, supuestamente poseen la personalidad jurídica para favorecerse, pero están sujetas a la política trazada por el Partido Comunista. La reciente y limitada apertura por parte del régimen del mercado mayorista a esas cooperativas forma parte de esta estrategia de control.
Los verdaderos favorecidos por las medidas aperturistas estadounidenses están a ambos lados del Estrecho de Florida. Obedecen a una misma voz de mando que está en La Habana.
No son, ni lo serán, los cientos de pequeños negociantes que en la isla malviven sin personalidad jurídica, atenazados por los impuestos y la corrupción del sistema.
El pueblo de Cuba paga los platos rotos y, con suerte, recogerá las migajas que caigan de la mesa.
