CDMX, México. – Al menos 10 mujeres han sido asesinadas en Cuba por motivos vinculados a su género en apenas seis semanas. La mayoría de ellas han sido ultimadas en sus propias casas, por hombres que conocían. Otras desaparecieron en la vía pública y, en muchos casos meses después, solo pudieron recuperarse sus cuerpos sin vida.
¿Cuántas mujeres matan en Cuba cada año? No lo sabemos con certeza porque el Gobierno no visibiliza estadísticas ni reporta la gran mayoría de los casos. Aun así, los subregistros de varias organizaciones de la sociedad civil son preocupantes. En apenas un mes y medio varios observatorios y medios independientes han podido confirmar casi la tercera parte del total de feminicidios registrados en 2022.
Ante tan alarmante escenario, activistas han solicitado al régimen que declare “estado de emergencia” por violencia de género. El Gobierno, aunque no ha respondido a ello, sí comienza a mencionar el tema en algunos de sus espacios de propaganda, aún sin nombrar a las víctimas y sin transparentar estadísticas. En estos espacios los comunicadores, y no por azar, siempre utilizan el término femicidio en lugar de feminicidio.
Sobre las diferencias entre ambos conceptos, las particularidades del contexto nacional y lo que se ha legislado en Cuba para proteger a las víctimas de violencia machista, CubaNet conversó con la abogada de Cubalex Giselle Morfi Cruz.
―¿Qué diferencias hay entre los conceptos femicidio y feminicidio?
―El término “femicidio” fue acuñado por la investigadora de origen sudafricano Diana E. H. Russell en el siglo XX. Lo que significa es el asesinato de una mujer por una cuestión de género, o sea, por por el simple hecho de ser mujer, por odio hacia ella, porque la pareja actúa como si tuviese el control, etcétera.
Posteriormente, una catedrática mexicana, Marcela Lagarde, lo retomó y tradujo al español como feminicidio, agregándole que hay una responsabilidad estatal en estas muertes. A raíz de eso, ambas autoras entraron en contradicción con sus postulados y no hubo entre ellas un acuerdo definitivo sobre qué término sería el ideal. En resumen, no ha habido un acuerdo todavía entre los estudiosos. Por eso es que varios varios países lo utilizan y lo registran de diferentes formas.
―¿Qué término se usa ante Naciones Unidas?
―También se ve y reconoce de manera indistinta; incluso en algunos casos se emplea como si se tratara del mismo término. Por ejemplo, la Relatoría Especial sobre la Violencia contra la Mujer en su informe habla de feminicidio; también lo hace el secretario general de Naciones Unidas en el último informe de su mandato. Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas en la recomendación general número 35 de la CEDAW [Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer] utiliza ambas palabras como sinónimos.
Hay que añadir que existen instrumentos jurídicos internacionales que no usan ninguno de estos conceptos propiamente.
En resumen, aclaramos que hay un desacuerdo general sobre qué término usar, aunque Naciones Unidas recomienda que se trate como feminicidio porque la responsabilidad está recayendo sobre el Estado y este debe actuar.
En lo personal, prefiero hablar de feminicidio pues creo que engloba además del homicidio por las razones que ya expuse, la obligación que tiene el Estado de investigar con la debida diligencia, reparar a la víctima, prevenir que no siga pasando y tomar medidas concretas. Cuando se analizan las muertes de mujeres es importante contemplar todo lo que hizo (o no hizo) el Estado para evitar estas situaciones.
―¿A tu juicio, por qué los medios oficiales cubanos hablan de femicidio, y nunca de feminicidio?
―Considero que están hablando de femicidio, partiendo de lo que ha escrito y comentado Arlín Pérez Duarte, profesora de Derecho Penal de la Universidad de La Habana. Ella dice que en Cuba no hay feminicidios porque el Estado se hace cargo de todos estos hechos, el Estado investiga, el Estado cumple con todas sus obligaciones. Por lo tanto, según esta profesora, en Cuba debe llamarse femicidio, teniendo en cuenta las diferencias entre ambos conceptos que apunté antes.
Esta postura, que replican los medios, es una excusa y una forma de evadir responsabilidad a nivel internacional y de no llamar a las cosas por su nombre. Asegurar que en Cuba no hay feminicidios es poner el parche antes. Es lo de siempre: la negación de la realidad cubana y la evasión de la culpa.
En la práctica, está demostrado que las autoridades cubanas no cumplen con las obligaciones de investigar de manera diligente, que no hacen un análisis de enfoque de género en estos casos. En Cuba no hay organismos legales especializados en materia de género. Por ejemplo, no hay instituciones específicas de la Fiscalía con especialistas para investigar este tipo de hechos. Lo ideal es que existan salas exclusivas y jueces con experiencia en tales temáticas porque en estos casos hay que tener en cuenta circunstancias que en otros no.
―¿Qué circunstancias?
―En causas de legítima defensa se tienen que cumplir varios requisitos para que los jueces la admitan como justificación de la responsabilidad penal. Una de ellas es que la persona tiene que haberse defendido de una agresión inminente o actual y no provocada.
Hay casos donde las mujeres terminan asesinando a sus parejas en situaciones de no confrontación; por ejemplo, cuando el hombre está dormido, ebrio, desprevenido. Si tú analizas como juez que no está especializado en violencia de género, de inmediato determinas que no fue legítima defensa; sino un asesinato con premeditación y alevosía.
Profesionales capacitados en estos temas deben examinar otros detalles como que esa mujer pudo ser víctima de una violencia continua, que vivía con miedo, maltratada y denunció a su agresor sin respuesta de las autoridades. Este tipo de casos requieren otra mirada desde lo legal, pero para ello hace falta un personal capacitado en los tribunales.
―¿Qué está legislado en Cuba sobre feminicidio o femicidio?
―Ni la Constitución, ni el Código Penal o el de las Familias mencionan expresamente feminicidio o femicidios en sus artículos. Específicamente en el de las Familias encuentras que la violencia contra la mujer está prohibida y que hay que garantizarles a estas todos sus derechos.
Con respecto al Código Penal, hay agravantes para los casos donde los delitos se hayan cometido a consecuencia de violencia de género, pero se sigue sin llamar a las cosas por su nombre.
En donde se menciona la palabra femicidio es en la “Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar”. El régimen menciona mucho esta estrategia en su informe ante la CEDAW; pero también acá se deslinda de cualquier responsabilidad y lo hacen ver como un asunto privado, aun cuando la violencia de género es una cuestión pública. Si un hombre asesina a su pareja es porque hay un diseño estructural que lo permite y normaliza, porque no se han tomado medidas de prevención, ni se han educado a las personas y funcionarios; porque no hay espacios para resguardar a las víctimas. Estamos viendo hoy con los reportes independientes que en Cuba hay una violencia muy grande y sobre todo una terrible desprotección hacia la mujer. Por lo tanto, sí hay feminicidios.
―La sociedad civil aboga por una ley integral contra la violencia de género. ¿Qué podría contemplar esta ley y que cambiaría respecto al panorama actual?
―Las leyes son el punto de partida para diseñar políticas públicas, pero si no hay una voluntad política de proteger a la mujer, son inútiles. No hacemos nada con una Ley Integral de Violencia de Género, si en la práctica el Estado no protege a las víctimas. Eso está demostrado con los feminicidios: en algunos de ellos hay antecedentes de denuncias y las autoridades no hicieron nada para ayudar a esas mujeres.
Es habitual encontrar denuncias de violencia física y psicológica en las que la Policía no hace nada y no actúa con la debida diligencia. Si acaso, pone una multa de 30 pesos al tipo, archivan el caso y lo liberan.
Este panorama te está hablando de cómo las instituciones y autoridades no están preparadas para hacer un análisis de violencia de género. Por eso, si contamos con una ley al respecto corremos el riesgo de que solo quede en palabras.
Es decir, no basta con una buena ley; si no hay una voluntad del régimen y todo un diseño mucho más amplio de políticas públicas donde se hagan análisis interseccionales. Si no cambia el esfuerzo del Estado, el escenario va a seguir siendo el mismo, aunque haya normas. Excepto que la dictadura utilizará esa ley para decir al mundo “Miren qué bien estamos en Cuba”, aunque todo sea una fachada.