MIAMI, Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos mantuvo este martes a Cuba en su “lista negra” de tráfico de personas, luego de considerar que la isla incumple los estándares marcados por la ley estadounidense contra este fenómeno, informó la agencia de noticias EFE.
La lista fue publicada este martes en el Informe de Tráfico de Personas de 2022 del Departamento de Estado, que revisa cada año la situación a nivel mundial. Cuba había sido incluida por primera vez en ese informe en junio de 2019.
Cuba, integra la “lista negra” junto a otros 19 países, como Venezuela, Nicaragua, China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia.
El reporte dice que “pese a la falta de esfuerzos significativos”, el Gobierno de la isla ha adoptado algunos pasos para abordar el tráfico de personas, como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes.
No obstante, durante el periodo estudiado hubo una “política del Gobierno o patrón de beneficio” de los programas de exportación de trabajadores “con fuertes indicios” de trabajo forzoso, como las misiones mñedicas cubanas en otros países.
Al respecto, Estados Unidos asegura que La Habana “siguió desplegando trabajadores cubanos en países extranjeros empleando tácticas engañosas y coercitivas” y sin abordar “violaciones laborales y delitos de tráfico”.
Washington acusa a La Habana de no informar a los participantes en esos programas sobre los términos de sus contratos, que variaron de país a país, y que han ido desde confiscar sus pasaportes, acreditaciones profesionales y salarios, hasta amenazar a los profesionales sanitarios y sus familiares si abandonaban esas misiones.
EE.UU. señala que el Gobierno cubano no ha informado de haber hecho ningún esfuerzo de cumplimiento de la ley para luchar contra el tráfico de seres humanos.
De los países latinomaericanos, el informe más contundente es el de Venezuela, país que “no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo”.
El Departamento de Estado de EE.UU. refiere que el régimen de Nicolás Maduro “no ha informado de ningún tipo de ayuda a las víctimas de este fenómeno, ni de esfuerzos para enjuiciar a los traficantes”, y el Ejecutivo venezolano “continuó proporcionando apoyo y mantuvo un ambiente permisivo a grupos armados no estatales que reclutaron y usaron niños soldados para conflictos armados y colaboraron en el tráfico sexual y trabajos forzosos mientras operaban con impunidad”.
Pese a estas denuncias, reza el informe, los representantes gubernamentales venezolanos no hicieron los “esfuerzos suficientes” para detener el reclutamiento de grupos armados no estatales.
Por su parte, con respecto a Nicaragua, el informe explica que el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega ha “minimizado” la gravedad de este fenómeno, pese a haber llevado a cabo algunas medidas para abordarlo, como el enjuiciamiento y la condena de cuatro traficantes de personas para explotarlas sexualmente.
Las autoridades nicaragüenses no han dispuesto refugios ni han destinado fondos para ayudar a las víctimas, dice el documento del Departamento de Estado, que considera además “nimios” los esfuerzos llevados a cabo para atajar el tráfico de trabajadores, aunque ha seguido siendo “una preocupación grave”.
Asimismo, Nicaragua no ha informado de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados gubernamentales cómplices en “ofensas de tráfico” de seres humanos, pese “a la corrupción endémica y la amplia complicidad de funcionarios”, ni ha cooperado con las ONG que protegen a las víctimas, agrega el reporte.
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