CDMX, México. – De la misma forma que Luis Alberto Rodríguez López-Calleja no debió ser nunca diputado; la primer coronel Ania G. Lastres Morera, presidenta ejecutiva interina de GAESA y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), tampoco debería ser diputada (lo es desde 2018). La colusión de un político, un militar y un empresario “estatal” en la misma persona es una de las fuentes de corrupción en Cuba.
Ninguno de estos diputados ha sido sometido al control público, institucional, ni ciudadano. Sin embargo, en el modelo estalinista copiado por el dictador Fidel Castro desde 1976, este conflicto de intereses es moneda corriente y se justifica por la fidelidad “ideológica”, la misma que varía según los artífices del poder en Cuba: va desde el marxismo-leninismo a los “negocios estatales” de la élite política.
¿Cómo se llega a ser un empresario estatal en Cuba?
Con la bendición de la carcasa oligárquica del PCC, los militares y los políticos se adueñan y gerencian “la propiedad de todo el pueblo”; la colonizan para sus intereses de grupo, y evaden el control institucional y ciudadano. Así GAESA ―según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI)― es dueña de la mayor proporción del presupuesto estatal para construir hoteles de lujo mientras la sociedad está sumergida en una crisis estructural, humanitaria y alimentaria desde hace más de 30 años.
GAESA no ha sido auditada por la Contraloría de la República desde 1996, aunque desde esa fecha controla la mayoría de los activos económicos que producen o comercian divisas extranjeras, alrededor del 40% del PIB.
¿Qué es un conflicto de intereses?
El conflicto de interés es aquella situación en la que el juicio de la persona está indebidamente influenciado por sus intereses particulares, los cuales frecuentemente son de tipo económico o personal, y se contraponen a los de la institución en la que se desempeña como servidor público.
Ningún empresario estatal debe ser diputado. Sin embargo, el régimen cubano, en su Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba potencia la corrupción, al no establecer la separación de funciones entre políticos y empresarios y, al mismo tiempo, clausura toda participación ciudadana en el trabajo del Parlamento.
Los diputados-empresarios defenderán los intereses corporativos de sus empresas en el Parlamento y no los intereses de la ciudadanía, como reza la retórica de la ley mencionada más arriba.
Pero este conflicto de intereses también incluye a los familiares de funcionarios públicos que, en muchos casos, son ubicados en puestos públicos o empresas estatales. Tal es el caso de Lis Cuesta Peraza, esposa del presidente designado Miguel Díaz-Canel, que ocupa un puesto de funcionaria pública del Ministerio de Cultura.
Los funcionarios públicos no pueden ser a la vez empresarios de empresas estatales porque entran de manera abierta y sin control ciudadano en un conflicto de intereses, en el nepotismo y en el tráfico de influencias. No obstante, el modelo estalinista cubano permite y aupa la corrupción desde el reinado sin límites del PCC.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.
