LA HABANA, Cuba.- Más de 30 artistas y curadores jóvenes de la plástica enviaron una carta al nuevo Ministro de Cultura de Cuba, y después se reunieron durante cuatro horas en el Consejo Nacional de las Artes Plásticas exigiendo, en debate abierto, el fin del Decreto 349. Sin embargo, los funcionarios de cultura no tuvieron respuesta ante las demandas de la carta y, además, trabajan en un programa de aplicación de la Ley.
En dicha reunión, por un lado, según uno de los presentes, se encontraban el viceministro Fernando Rojas; Norma Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de las Artes Plásticas; Lesbia Ven Dumoi, presidenta de Artes Plásticas de la UNEAC; Elmo Hernández, de la Fundación Ludwing; Chicho, anteriormente director del Fondo de Bienes Culturales y ahora director de la Galería Génesis, la abogada del Ministerio de Cultura y el periodista Jorge Ángel Hernández.
El encuentro trataba de establecer un diálogo entre los artistas y la institución, fuera de las redes sociales, en el que se debatieran las inquietudes de quienes estarán próximamente bajo el yugo del nuevo Decreto que pretende limitar a los creadores de la Isla. Ésta es la séptima reunión que los funcionarios del Ministerio tienen con un grupo de artistas, lo que les hizo pensar a los presentes que “hay muchos frentes abiertos en contra del Decreto 349”.
Entretanto, por otro lado, la carta firmada el pasado 14 de septiembre por diversos artistas, quienes han preferido mantener el anonimato, plantea dudas y desacuerdos con la nueva Ley que busca implementar el Gobierno Cubano. La misiva fue debatida en voz alta ante todos los funcionarios en la mencionada reunión, sin muchos resultados.
Referido al Capítulo I, artículo 1, surge una duda acerca de “de la mención de los espacios públicos no estatales”, dice textualmente el documento, lo que genera incomodidad por “el carácter subjetivo del término público”, pues los artistas reclaman su derecho a la “libre reunión como ciudadanos en cualquier lugar y al derecho de consumir arte también en espacios privados”. La misiva exige que se aclare a qué espacios “no estatales” se refiere la ley.
Titulado De las Contravenciones, el Capítulo II, artículo 2.1, inciso e), establece que: “el que preste servicios artísticos sin estar autorizado para ejercer labores artísticas en un cargo u ocupación artística” sería castigado. La declaración fue abiertamente cuestionada porque “este artículo presupone la ilegalidad de cualquier manifestación creativa espontánea y aficionada”.
Además, agregan que “la ley es insuficiente para regular figuras legales que existen como profesión dentro del campo de la creatividad hace mucho tiempo. Este inciso no asume la actividad artística sin fines de lucro y adelanta un problema fundamental: la relación entre autoridad y el cargo u ocupación de artista”. La carta a su vez cuestiona la figura legal del Registro del Creador de las Artes Plásticas y Aplicadas, institución que legaliza, controla y autoriza a los artistas a comercializar sus obras.
Al respecto, los artistas señalan contenidos contradictorios dentro del mismo decreto. El artículo 2.1 contradice al 4.1, inciso b) “pues es imposible obtener méritos profesionales para que una obra adquiera valor de mercado sin tener ninguna posibilidad legal de ofrecer servicios artísticos sin un reconocimiento institucional, algo que en la lógica tradicional de hechos es posterior a la decisión personal de convertirse en artista”. Esto establece que la única manera que habría de ser artista y obtener méritos profesionales con reconocimiento institucional desde el principio, con valor de mercado, sería ser artista por asignación y no por decisión personal.
En la carta queda claro la duda de ese grupo de artistas cubanos con respecto al artículo 3.1, inciso g), que no entienden qué significa infringir “las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural”, lo que consideran “subjetivo”.
Este tipo de subjetividad puede resultar en que algunos artículos queden a la “interpretación instrumental de personas que puedan, bajo connotaciones más allá de la legalidad (como personales, políticas o económicas) perjudicar a un creador y/o su obra, al señalar una contravención arbitrariamente”, dice literalmente la carta.
Entre los artistas cubanos existe inconformidad con “el hecho de comercializar o realizar cualquier actividad artística asociada solo al Registro del Creador, pues no contempla aspectos reales de la creatividad como el carácter autodidacta, la libre elección profesional y el derecho pleno a la actividad creativa”. Tampoco están de acuerdo con que “el juicio de valor que juzga la legalidad de un artista tenga lugar a priori de su reconocimiento legal”.
“¿Quién otorga el derecho a ser considerado legalmente un artista más allá del circuito establecido para la enseñanza artística, y bajo qué premisas lo hace?”, se preguntan.
Sin embargo, a lo antes expuesto se suma una preocupación aún mayor. El Capítulo IV, referido a las “autoridades facultadas para imponer las medidas e imponer los recursos” y el V a las “Funciones del Supervisor-Inspector o Inspector”.
“Otorgarle autoridad a una persona para vetar por sí solo y bajo su subjetividad los hechos artísticos, significa reestablecer (institucionalizar) la figura del censor o policía de la cultura”, hecho que ha flagelado la cultura cubana durante décadas.
Los artistas coinciden en su declaración en la carta en que la figura del inspector es un “peligro de corrupción” que “pudiera lucrar a partir del abuso de su cargo”. Aseguran que “hay muy pocos intelectuales dispuestos a hacer este trabajo”, por un lado, y por otro que no confían en la “capacidad de un funcionario corriente para normar la cultura: un hecho vivo, espiritual y subjetivo, en constante cambio”.
De acuerdo a declaraciones de algunos asistentes, los funcionarios que dirigieron la reunión “cambiaban el tema todo el tiempo y no pudieron dar una respuesta. No la tenían porque es algo que bajaron del Consejo de Estado” aseguran.
Según cuentan, la reacción ante las demandas fue propia de “burócratas” y la respuesta, típica: “estamos trabajando fuertemente en un programa de aplicación de la ley donde todo se aflojará y se aplicará a quien debe aplicarse”. Volvemos una vez más a la pregunta: ¿a quién se le aplicará la ley?
Un “programa de aplicación implicará, indiscutiblemente, más arbitrariedad, más represión y atropello. La reunión no nos da ninguna garantía. Estamos pidiendo una audiencia pública en la que no se excluya a nadie, ni a Luis Manuel, ni a Tania Brugueras, porque la realidad es que ellos están generando un marco legal para pasarnos por arriba a todos” aseguran.
Aunque todos los testimonios aseguran que hubo un diálogo frontal en el que los artistas independientes fueron defendidos, Otero Alcántara teme que estas reuniones puedan servir para que con “un par de fotos circulando por ahí, el gobierno las tome y modifique algunos punticos del Decreto y diga: Mira, ya nos reunimos con los artistas cubanos”.
