Cuba: una política cultural excluyente y represiva

LA HABANA, Cuba.- La política cultural de la revolución cubana es excluyente, manipuladora, y un medio de propaganda de la ideología oficial. Diseñada para controlar, someter o prohibir la libertad de creación en el país, las instituciones creadas en su nombre han servido para rechazar textos “subversivos”, exposiciones pictóricas “escapistas, filmes “indecorosos”, obras teatrales “conflictivas”, y conciertos musicales que “incitan al desorden social en la nación.

De ahí mi confusión al conocer que la política ¿martiana? y fidelista inaugurada en 1961 con Palabras a los Intelectuales, tuviera antes de ese discurso programático expresiones institucionales tan ejemplares como el Icaic y la Casa de las Américas, según las reflexiones –o, ¿riflexiones? como diría Zumbado-, elucubradas bajo la rala melena del exministro de Cultura, Abel Prieto, citadas por Pedro de La Hoz (y del Martillo), en un artículo publicado el pasado día 11 en el oficialista Granma, sobre el Decreto Ley 349.

Por eso me pregunto: ¿Considera ejemplar Abel Prieto el secuestro del filme P.M, de los realizadores Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal, perpetrado en mayo de 1959 por los democráticos compañeros del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficas (Icaic), comandados por Alfredo “Fifí” Guevara con el apoyo de la curia revolucionaria y de una claque que aplaudió a rabiar este acto de represión, censura e intolerancia cultural?

¿No fue acaso la incautación de P.M, lo que generó el primer conato de rebelión contra una decisión gubernamental en la cultura “revolucionaria” cubana? El disgusto, el miedo y la incertidumbre de los creadores a lo que vendría, ¿no compulsaron a Fidel a pronunciar el programático discurso elogiado por Abel y criticado por Caín (Cabrera Infante), que devendría el “corralito cultural” en que aún cohabitan los artistas y escritores de la isla?

Además, no sé cuál es la ejemplaridad que vio el exministro Prieto en los actos inaugurales punitivos de Casa de Las Américas, que apenas iniciada su misión cultural sustituyó de la dirección de la Revista homónima al dramaturgo Antón Arrufat, acusado de publicar un poema de tema gay, escrito por José Triana, y de invitar a Cuba al poeta norteamericano Allen Ginberg, expulsado del país por decir en público la atracción que sentía por el Che.

Pero donde el cinismo de las “riflexiones” del exministro Abel alcanza la categoría de un Diógenes tropical que vive en un tonel lleno de ron Planchao, es cuando aseguró que “En esa política abierta, plural, anti dogmática, enemiga de todos los sectarismos, están las bases conceptuales y prácticas de la unidad del movimiento intelectual cubano”. ¡Apretó!

Será que cuando Abel teje con palabras esa monserga de cualidades de la política cultural, ¿se refiere a la misma que destruyó proyectos como la Editorial El Puente, hizo pulpa el poemario Lenguaje de Mudo, de Delfín Prat, prohibió la salida de Casa que no existía, de Lina de Feria y publicó con el Sambenito de textos contrarrevolucionarios el poemario Fuera de Juego y la obra Los Siete contra Tebas, de Heberto padilla y Antón Arrufat, de forma respectiva, sólo por citar algunas muestras de la cultura plural de la revolución?

O, tal vez se refiere a la que prohibió a partir del Primer Congreso de Educación y Cultura celebrado en 1971, la presencia de creadores homosexuales en los medios educativos del país; la enseñanza y la práctica de cultos con raíces africanas; y condenó al silencio, no dejó publicar por décadas, ni salir del país a escritores como César López, Pablo Armando Fernández, Carilla Oliver Labra, Lina de Feria y Antón Arrufat, entre otros exitosos autores.

Es más, a lo mejor se refiere a esa que encarceló a Heberto Padilla, José Mario Rodríguez, René Ariza, Felix Luis Viera, Manuel Ballagas, María Elena Cruz Varela y otros más: o expulsó de la Uneac a Raúl Rivero, Manuel Díaz Martínez, Fernando Velázquez Medinas y demás firmantes de la conocida Carta de los Diez, por pedir reformas sociales en la nación.

Y quién sabe si a la que prohibió el filme Santa y Andrés, del realizador Carlos Lechuga, o decretó la apropiación por parte de las autoridades del Festival Rotilla de Hip-Hop, que organizaba el grupo Matraka, dictó la salida de escena de la obra teatral La hijastra, de Juan Carlos Cremata, o  la confiscación del libro de testimonios y entrevistas Rapear una Cuba utópica, de Alejandro Zamora, durante la Feria del Libro de La Habana, en febrero de 2018.

Son tantos los desmanes cometidos en seis décadas bajo el amparo de la política cultural de la revolución, que se necesitaría igual tiempo para contar con pormenores la dimensión de la sistemática cruzada represiva contra la cultura alternativa al poder en la nación. No por gusto, tantos creadores viven y mueren en el exilio, alejados de su país y público natural.

Pero, lo peor del caso es que los represores ni sus víctimas quieren hablar de lo que sucedió y vuelve a suceder; que jamás la revolución aceptó ni permitirá “la función desacralizadora del arte sobre la ideología como instrumento del poder”, o que la literatura vive de las crisis, y su función es profanar cadáveres”, y la Política Cultural de la revolución lo es.