Se reunirá la Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿y qué?
La gran mayoría de los diputados no mantiene ningún vínculo con los ciudadanos que lo eligieron
GUANTÁNAMO, Cuba, julio, 173.203.82.38 -Diferentes medios de prensa han informado que hoy 23 de julio se reunirá la Asamblea Nacional del Poder Popular en el Palacio de las Convenciones de La Habana para cumplir con la agenda prevista para el IX Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba – que según establece el art. 69 de la Constitución de la República es el órgano supremo de poder del Estado-, se reúne sólo dos veces al año de forma ordinaria y últimamente se ha establecido la práctica de que un día de reunión plenaria basta. En realidad esa soberanía que formalmente le otorga la Constitución a la Asamblea Nacional es ejercitada constantemente por el Consejo de Estado, el cual, además de la función ejecutiva ejerce también la legislativa mediante la emisión de Decretos y Decretos Leyes que luego son sometidos a la consideración de los diputados y aprobados de forma unánime sin el más mínimo cuestionamiento. Basta pasar la vista a las Gacetas Oficiales de la República para verificar cuántas leyes dicta la Asamblea y cuántos decretos y decretos leyes el Consejo de Estado.
Aunque Ricardo Alarcón de Quesada, Presidente de la Asamblea Nacional, hizo recientes declaraciones sobre el proyecto de Ley Migratoria, éste no va a ser objeto de análisis el día 23 de julio a pesar de que su promulgación se había anunciado como algo inminente desde mediados del año pasado.
Según el periódico Granma del sábado 14 de julio el único proyecto que será sometido a la consideración de los diputados es la nueva Ley del Sistema Tributario. En la nota de prensa se señala: “La citada propuesta legislativa, en estudio desde hace algún tiempo por las comisiones permanentes de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, de conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, y otros organismos y órganos del Estado y del Gobierno, fue debatida ampliamente por todos los diputados en sus respectivos territorios de elección, y responde, como se ha venido informando, a la necesidad de sustituir la vigente-Ley número 73 Del Sistema Tributario-aprobada el 4 de agosto de 1994, en correspondencia con los cambios introducidos en los regímenes impositivos”. Llama la atención el hecho de que siendo los trabajadores del sector privado los sujetos principales de esa nueva ley no hayan sido consultados acerca del contenido del proyecto, lo cual, de haberse hecho, incorporaría al análisis los puntos de vista de la fuerza laboral sobre la que incidirá el nuevo régimen tributario, algo positivo si tenemos en cuenta que a pesar de la voluntad del gobierno de propiciar el fortalecimiento de este sector todavía existen trabas que entorpecen su desarrollo.
Sin negar la importancia del mencionado instrumento jurídico muchos juristas y otros ciudadanos de nuestro país se preguntan cuándo nuestros legisladores van a adentrarse en el análisis de normas que claman por una actualización. No me refiero únicamente a la ya mencionada Ley Migratoria sino a otras regulaciones que necesitan ser sustituidas o creadas.
Por ejemplo, en el art. 63 de nuestra Constitución aparece regulado el derecho de todo ciudadano a quejarse ante las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinentes, en un plazo adecuado y conforme a la Ley; sin embargo no existe ninguna regulación que norme el ejercicio de ese derecho constitucional, ni los principios de actuación administrativa, ni la responsabilidad de las autoridades que incumplan con lo establecido en ese precepto. Todavía hay muchos dirigentes que se abrogan la potestad de responder o no a la queja de un ciudadano y actúan en contra de la propia Constitución del gobierno que dicen defender. Basta con leer la columna Acuse de Recibo, del periódico Juventud Rebelde, para percatarnos de los abusos que sufre el pueblo, de su estado de indefensión y de la impunidad con que actúan muchos dirigentes. He sido víctima de ello y sé muy bien lo que afirmo.
El gobierno cubano ha ratificado importantes documentos normativos del derecho internacional como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin embargo la inmensa mayoría de sus artículos no ha sido incorporada a nuestra legislación. Otras ramas que claman por una renovación total son el Derecho Laboral, el Penal, el Procesal Penal, el Procesal Civil, Administrativo y Laboral, el Derecho Agrario, y la relativa al derecho de autor, pero no se ha informado que se esté trabajando en algún proyecto relacionado con ellas ni con el obsoleto y disperso sistema de normas que regulan las contravenciones, que tan necesario se hace actualizar para tratar de ponerle coto al alarmante crecimiento de la indisciplina social.
En cualquier lugar del mundo los ciudadanos exigen a sus diputados que discutan en el órgano legislativo los asuntos de su interés. En Cuba pasa uno y otro período de sesiones y los representantes de un municipio ni siquiera se reúnen con sus electores para conocer sus inquietudes. La gran mayoría de ellos reside en la capital del país y no mantiene ningún vínculo con los ciudadanos que lo eligieron. Mientras actúen así es difícil que alguien se sienta realmente representado. La Asamblea Nacional del Poder Popular se seguirá reuniendo, ¿y qué?
